Samuel Cepeda Tovar.
Iniciemos con lo elemental y que se resume en una premisa sencilla: no darle asilo político a Evo Morales, iría en contra de nuestra propia constitución. Así de simple. El artículo 11 señala que: “Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.”
Derivado de este artículo, la polarización que existe con respecto al asilo que el gobierno mexicano le ha otorgado a Evo Morales es una cuestión meramente controversial, no legal, amparada en una estrategia endeble y lastimosa de atacar al presidente López Obrador bajo cualquier circunstancia aunque los argumentos sean poco convincentes o simplemente no tenga sustento alguno más allá de la intoxicación ideológica que de pronto generen las redes sociales en la mayoría de los usuarios sin que realmente tengan un panorama claro de lo que se dice.
Evo, no es acusado por nadie de haber cometido delitos de lesa humanidad, no es un genocida o algo similar, por ello, cualquier país cuya legislación le permita otorgar asilo, puede recibir al ex mandatario boliviano sin ningún problema. La acusación sobre Evo es de fraude electoral, sin que hasta el momento se haya comprobado el mismo; mientras que lo evidente es la intervención militar que culminó con su renuncia al poder. Sí, las características de un golpe de Estado. Lejos de discurrir sobre este tema a detalle, y sobre los logros o desaciertos de Evo como presidente o las suspicacias de una intervención extranjera en la crisis boliviana, aquí se trata de definir en primera instancia, la legalidad del asilo otorgado a Evo, y de la tradición de nuestro país, como una nación que anteriormente ha recibido refugiados políticos provenientes de países también con crisis políticas que los obligaron a abandonar sus naciones y que fueron albergados por nuestro país.
En el siglo XIX, el revolucionario José Martí vivió exiliado en México durante dos años; León Trotsky en 1937 también fue recibido ante su huida del régimen de Stalin; también en 1955 Fidel Castro recibió asilo en nuestro país y se preparó para la Revolución cubana; igualmente en 1976, el expresidente argentino Héctor José Cámpora recibió asilo; así mismo recibieron asilo la familia de Salvador Allende en los años setentas; igualmente Mohamed Reza Pahlevi, el Sha de Irán en 1979 luego de ser derrocado recibió asilo mexicano; finalmente, Manuel Zelaya, de Honduras, fue recibido por el entonces presidente Calderón después del golpe de Estado que recibió en su país.
Como podemos ver, se trata de una tradición consular que no está peleada con la ideología política del gobierno en turno. En resumidas cuentas, más allá de filias y fobias, de intoxicación ideológica o revanchismos políticos; por ley y por tradición el gobierno actual acertó en su decisión de aceptar al boliviano Evo Morales. Resultan nimiedades los señalamientos sobre el gasto que implicó el traer al expresidente, los gastos para su manutención; las acusaciones sobre su autoritarismo, pues no se trata de la figura de Evo, sino de la imagen de nuestro país al representar un espacio de neutralidad y estabilidad política que garantiza la seguridad de un perseguido político y todo lo que ello implica.
Si se molesta la autoproclamada presidenta boliviana, o se molesta nuestro vecino del norte, o si se molestan los detractores del gobierno actual, basta solo con echar una mirada al pasado mexicano para entender que más allá de todo argumento, se trata de una política transexenal que trasciende el argumento moralista simplón de los buenos y los malos.
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