Armando Montalvo Olivo.
El 30 de noviembre es fecha memorable para Coahuila. Es el día en que por norma Constitucional el Ejecutivo del Estado rinde su Informe de Gobierno del año en curso a los Poderes Legislativos y Judicial y a la población en general, para notificar los éxitos e implementación de los proyectos de las políticas públicas que están instituidas en el Plan Estatal de Desarrollo.
Las políticas de carácter económico y social son trascendentes por ser en beneficio de la comunidad coahuilense. En esta ocasión, se hace necesario analizar la política en el rubro de la seguridad pública por ser la parte fundamental que nos permite vivir en armonía, tranquilidad y libre tránsito de los coahuilenses en su territorio. Mucho se ha hablado del modelo de seguridad implementado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, modelo que ha recibido críticas y reconocimientos, y en infinidad de ocasiones difundido como un modelo exitoso con alcances a corto, mediano y largo plazo.
Inclusive, ha sido señalado como un modelo que puede trascender a otros sexenios, basado en la firme y respetuosa coordinacion de las diferentes fuerzas de seguridad: policía municipal, policía estatal, guardia nacional y las fuerzas castrenses del Ejército Mexicano.
Para tal motivo se han establecido cuarteles militares en los puntos estratégicos de nuestro Estado, así como destacamentos de la Policía Esta- tal en las diferentes regiones de Coahuila, trabajando en apoyo de las corporaciones municipales.
La vanagloria de este modelo se ve quebrantada con la irrupción de poderes fácticos que operan en el territorio nacional como lo es el de la delincuencia organizada, específicamente el narcotráfico. Por eso cabe hacer mención que nuestro territorio colinda con el país que más consume estupefacientes, en cuya zona fronteriza se ubica nuestra más importante reserva de hidrocarburos denominada Cuenca de Burgos, la cual es vista como un polo de desarrollo que puede impactar a nuestra economía como una de las más atractivas del territorio nacional, ya que atraería la inversión de los capitales que operan en nuestro país.
En base a lo anterior podemos deducir una serie de hipótesis que nos permitan explicarnos los hechos violentos del pasado 30 de noviembre en el municipio de Villa Unión, Coahuila, que se encuentra gobernado por una administración panista en manos de una alcaldesa.
Primero: Villa Unión es considerado por el narcotráfico como un municipio endeble, frágil, que les permite operar con demasiada violencia y con el atractivo de que dichos actos queden impunes.
Segundo: Su colindancia con los Estados Unidos en las orillas del Río Bravo, y su gran extension territorial dedicada a la agricultura y a la ganadería es atractiva para el trasiego de drogas a través de brechas y caminos rústicos existentes en su zona. Su cercanía territorial al centro opera- tivo de la delincuencia organizada ubicada en el Estado de Tamaulipas, específicamente en la ciudad de Nuevo Laredo, de donde se trasladó el cártel que agredió la Presidencia municipal de Villa Unión, queriendo extender su influencia territorial y de dominio de la fronteriza población coahuilense.
Tercero: La otra hipótesis derivada de la situación priviligiada de Coahuila en la Cuenca de Burgos, puede considerarse que la agresión fue para infundir temor a los propietarios de las tierras donde se encuentra el hidrocarburo, con el fin de que vendan sus tierras a bajo costo y busquen otros asentamientos de mayor seguridad. Es sabido que el desarrollo del capitalismo en el mundo inició a través del despojo y la acumulación de bienes patrimoniales altamente rentables, y que esta práctica puede desarrollarse en nuestro estado.
La actuación de las autoridades estatales ante estos hechos de terror hacia los coahuilenses de nuestra frontera norte, fue atendida rápida y contundentemente por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, enviando a las policías estatales para contener la entrada de este cártel a nuestro estado con la participación de todas las fuerzas de seguridad que operan en Coahuila, teniendo como consecuencia la pérdida de vidas humanas que no justifican de ninguna manera la actuación de dichas organizaciones delictivas para consolidar su hegemonía en el territorio coahuilense.
Coahuila demostró que su estrategia ha sido la más aceptable hasta ahora, porque todavía puede esperarse una respuesta del crimen organizado para consolidar sus proyectos de expansión del narcotráfico y la apropiación de nuestros bienes estatales, tanto la tranquilidad como la propiedad privada.
Por tal motivo hacemos un llamado a la sociedad coahuilense, a sus organismo empresaria- les, a sus organizaciones sociales y a las instituciones políticas, para que en conjunto defiendan la seguridad pública de que gozamos en Coahuila, respaldando todas aquellas acciones que garanticen la tranquilidad que merecemos todos y cada uno de los coahuilenses.
Esta franja fronteriza ha sido punto para la aplicación de políticas nacionales, para disuadir a la población a que forme parte del crimen organiza- do se han implementado políticas sociales como la baja de precio de los hidrocarburos, el aumento de los salarios mínimos, la disminución del impuesto sobre el valor agregado (IVA) y el reconocimiento de su extensión como zona fronteriza.
Nuestra entidad no era zona atractiva para dichas actividades ilícitas que se presentaban mínimamente, debido a que solo cuentan con dos ciudades con pasos fronterizos (Piedras Negras-Eagle Pass y Ciudad Acuña-Del Río, Texas, pero con un territorio extenso en las orillas del Río Bravo, desde Chihuahua hasta Tamaulipas, que son susceptibles del apetito del narcotráfico. Por tal razón debemos estar pendientes y exigir la intervención del Ejecutivo Federal para salva- guardar nuestra frontera coahuilense, de tal manera que debemos mantenernos unidos, apoyando a nuestras autoridades estatales.
