José Guadalupe Robledo Guerrero.
En las últimas tres semanas, Miguel Ángel Riquelme Solís ha mostrado una clara y sustancial diferencia con el resto de sus homólogos, los gobernadores de los Estados de la República.
El pasado 22 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2020 con sensibles recortes a los Estados y Municipios del país ordenados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde a Coahuila le quitaron más de mil millones de pesos de sus participaciones con respecto a 2019.
Pese a lo anterior, el gobernador Riquelme lejos de protestar, ponerse a llorar o plantear un nuevo Pacto Fiscal con la Federación, como lo hicieron algunos gobernadores, simplemente advirtió que no reducirían esfuerzos, porque el presupuesto federal para 2020 no había favorecido a Coahuila.
Posteriormente el 30 de noviembre, cuando rendía su Segundo Informe de Gobierno, el gobernador Riquelme tendría lo que se ha calificado como su prueba de fuego con respecto a la seguridad pública en Coahuila. Ese día, un grupo de alrededor de 100 pistoleros del crimen organizado invadió el poblado de Villa Unión, protagonizando una balacera frente a la Presidencia Municipal de aquella fronteriza comunidad, aterrorizando a sus pacíficos habitantes.
Riquelme Solís no se amparó en el insistente pretexto de los mandatarios estatales para no defender a los ciudadanos de las agresiones del crimen organizado, arguyendo que la Federación es quien debe responderle a esos delincuentes porque sus delitos son del fuero federal.
Por el contrario, el gobernador decidió hacerle frente a la criminal provocación, pues sería de muy mal augurio tener otro “culiacanazo” en la frontera coahuilense, y sería pésimo que nuestro estado volviera a padecer la violencia que sufrió durante el gobierno de Humberto Moreira.
Con toda la fuerza policiaca del Estado, Riquelme respondió a los facinerosos, en conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, mostrando a propios y extraños la fortaleza del modelo coordinado de seguridad pública que priva en Coahuila.
Pero hay que estar alerta, porque hasta el momento se desconocen las razones que motiva- ron esta agresión. Por eso Riquelme visitó Villa Unión el mismo día de la balacera y sigue atento.
Posteriormente el 30 de noviembre, cuando rendía su Segundo Informe de Gobierno, el gobernador Riquelme tendría lo que se ha calificado como su prueba de fuego con respecto a la seguridad pública en Coahuila. Ese día, un grupo de alrededor de 100 pistoleros del crimen organiza- do invadió el poblado de Villa Unión, protagonizando una balacera frente a la Presidencia Municipal de aquella fronteriza comunidad, aterrorizando a sus pacíficos habitantes.
Riquelme Solís no se amparó en el insistente pretexto de los mandatarios estatales para no defender a los ciudadanos de las agresiones del crimen organizado, arguyendo que la Federación es quien debe responderle a esos delincuentes porque sus delitos son del fuero federal.
Por el contrario, el gobernador decidió hacerle frente a la criminal provocación, pues sería de muy mal augurio tener otro “culiacanazo” en la frontera coahuilense, y sería pésimo que nuestro estado volviera a padecer la violencia que sufrió durante el gobierno de Humberto Moreira.
Con toda la fuerza policiaca del Estado, Riquelme respondió a los facinerosos, en conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, mostrando a propios y extraños la fortaleza del modelo coordinado de seguridad pública que priva en Coahuila.
Pero hay que estar alerta, porque hasta el momento se desconocen las razones que motiva- ron esta agresión. Por eso Riquelme visitó Villa Unión el mismo día de la balacera y sigue atento.
