José C. Serrano Cuevas.
Para comprender el significado esencial del órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), conocido como Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas (CEAV), es indispensable emprender un periplo por sus antecedentes.
La declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y abuso del poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 29 de noviembre de 1985 es, sin duda, el hito que marca la manifestación de México, junto con otras naciones, sobre la preocupante situación de las víctimas u ofendidos de los delitos respecto a la necesidad de procurarles protección y defensa de sus derechos.
A partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) el 3 de septiembre de 1993, el país ha venido avanzando, no sin tener algunos tropezones, en la conformación de una legislación responsable en el reconocimiento de los derechos de las víctimas.
Asimismo, a través de las reformas se les ha reconocido a las víctimas, además del derecho a participar activamente en el proceso penal, otros derechos que velan por la reparación del daño, la reincorporación a las actividades cotidianas y el diseño de políticas públicas para la prevención y no repetición del delito.
La CPEUM en su artículo 20, apartado C, establece los derechos de las víctimas a recibir asesoría jurídica, a coadyuvar con el Ministerio Público (MP), a recibir atención médica y psicológica de urgencia, a que se les repare el daño, al resguardo de su identidad, y otros datos personales específicos, a solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos y a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del MP.
Por todo esto, el 9 de enero de 2013 se publicó en el Diario Ofial de la Federación (DOF) la Ley General de Víctimas (LGV), donde se amplía el catálogo de derechos de las víctimas que incluye no sólo sus derechos procesales en materia penal, sino en otras materias como la civil, laboral y administrativa.
En el DOF del 8 de enero de 2014 se da a conocer la creación de la CEAV, como organismo especializado. Desde su nacimiento asumió el compromiso de brindar protección, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas u ofendidos, de acuerdo con los principios establecidos en la LGV.
Han presidido el organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Noriega Sáenz, Jaime Rochín del Rincón y Julio Hernández Barros; Rochín estuvo al frente de la CEAV por dos períodos. Durante las gestiones de ambos caballeros hubo fuertes reclamos de parte de las víctimas por la excesiva burocracia imperante en la dependencia.
Tras la renuncia de Jaime Rochín ocurrida el viernes 7 de junio de 2019, la CEAV se mantuvo acéfala hasta el pasado martes 10 de diciembre, fecha en la que el Senado de la República designó a Mara Gómez Pérez como su titular.
De entrada, la comisionada reconoció que el modelo de atención de la CEAV no funciona; o que el proceso de inscripción en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) es tortuoso y burocrático; o que existen muy pocos asesores jurídicos federales y, además, están mal remunerados. Hasta aquí una parte de su diagnóstico.
Sin embargo, preocupa que en su propuesta de plan de trabajo incluye elementos que merecen ser analizados con el ánimo sereno: restricción a la definición de víctima y valorar la continuidad de la Asesoría Jurídica Federal. Sobre este segundo punto, deja entrever la intención de desaparecerla, argumentando que dicha función ya la realiza el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
Mara Gómez tendrá que caminar por una complicada curva de aprendizaje para asimilar concienzudamente la realidad que está obligada a transformar. Mucho le ayudará envainar temporalmente la espada; dialogar con todos sus colaboradores, no sólo con los jefes del primer círculo; considerar que entre el personal que tiene contacto directo con las víctimas hay profesionales que han logrado integrarse empáticamente con los ofendidos: tal es el caso de las áreas Psicosocial y Asesoría Jurídica. Ambas representan lo rescatable de la CEAV.
