Abigail Angélica Correa Cisneros.
Para 2024 se prevé que miles de viajeros recorran el sureste de México por los 1460 km del Tren Maya. El gobierno federal calificó como un éxito arrasador la aprobación de los votantes en el sur del país, respecto al gran proyecto, pues más del 90 por ciento apoyan el recorrido tranviario que pasará por 40 municipios de diferentes estados, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pero para ser claros, solo participaron 2.86 por ciento del padrón electoral de la zona, mismos que acudieron a las 268 mesas para emitir su voto, rodeados de mensajes en mantas, realizadas por Fonatur, el INPI y la Secretaría de Gobernación (Segob), donde prometían que la construcción de las vías y de obras urbanas generarían más de 400 mil empleos -directos e indirectos-, que el proyecto cuidará el medio ambiente y el patrimonio histórico de la región, y que llevará un “desarrollo equilibrado”.
Si se trata de justificar el Convenio 169 de la Organización Nacional del Trabajo, el gobierno omitió criterios para que se considere una consulta a los pueblos originarios, pues ésta se hizo a toda la población -y no solamente los dueños originarios de las tierras-, y la información que brindó el gobierno federal promocionó los beneficios del tren, sin evocar las posibles afectaciones del megaproyecto en las comunidades. Además, se denunció que otorgaron obras y servicios, que deberían ser un derecho de las comunidades, a cambio de aceptar el Tren Maya.
A la par hubo asambleas donde la población profundizó en otros impactos de los que hoy no se da mucha referencia, porque además todavía no se informa sobre el proyecto completo. De acuerdo con el portal Animal Político, activistas y pobladores consultados coinciden en que la gente le dijo sí al tren y a las estaciones de éste, pero no a lo que abarcarán los llamados polos de desarrollo, en los que se pretende llevar infraestructura de vivienda, hotelera y turística, en general.
“Los estudios irán saliendo unos detrás de otros. Hay una concatenación de procesos que dependen unos de otros y vamos avanzando en ese sentido”, dijo Gabriel Arellano, asesor para el tema de la consulta indígena de Fonatur. El proyecto promete que se beneficiará a 12 millones de habitantes de los cinco estados y la llegada de 17 millones de turistas al año, que se respetará la selva y el medio ambiente, habrá miles de puestos de trabajo, se reducirán los costos del transporte y habrá ingresos por pasajeros de 15.7 millones de pesos al día.
El material que difundió el gobierno habla de estos temas, pero sin especificar en qué consistirán y qué incluirán los polos de desarrollo, solo se menciona que habrá una planeación urbana y territorial para mejorar la calidad de vida acercando servicios básicos, médicos y oportunidades laborales. De los posibles impactos de estos no se dice nada.
De lo que no se habló fue del desabasto de agua que ya se vive en algunos municipios, sobre todo en el tramo de Bacalar-Calakmul. Ni tampoco sobre cuántas comunidades podrían ser reubicadas y bajo qué figura, por ejemplo, o los efectos reales al medio ambiente por la construcción de infraestructura y la llegada de los miles de turistas que se esperan en los llamados polos de desarrollo, temas sobre los que activistas y expertos ya han alertado por posibles consecuencias catastróficas.
Las comunidades siguen desinformadas, a decir de sus representantes, no se sabe qué son los polos de desarrollo ni del modelo que promoverá el gobierno federal para llevar inversión a la zona, FIBRA (Fideicomisos para Infraestructura y Bienes Raíces), en los que participarán inversionistas privados en supuesta sociedad con los ejidatarios.
Un hecho que resulta preocupante es que hay amenazas de muerte a quienes se oponen al gran proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pedro Uc, miembro de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal– relató que a las 13:17 horas recibió un mensaje de texto, vía WhatsApp, en el que le dan 48 horas para irse “a la verga” o lo matan a él y a su familia. La amenaza también fue enviada a su hijo Jánil Uc, quien también es activista, por lo que de inmediato solicitó el apoyo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que ya analiza su caso.
La Asamblea Maya se ha dedicado a cuidar sus tierras de los megaproyectos, incluidos la siembra de soya transgénica, las granjas porcícolas, las plantas de energía renovable, el turismo de alto impacto y el Tren Maya.
Es lo único que les queda a las comunidades tanto originarias como las que apenas se asentaron en lugares donde grandes empresas arrasan con todo, como recién constataron observadores internacionales y parlamentarios que recorrieron zonas de contaminación y explotación laboral en Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Daños a la salud, devastación ambiental y más de mil sustancias tóxicas en el agua fue lo que detectaron en estas entidades, los responsables son las transnacionales Volkswagen, Audi, Honda, Bayer, Cargill, Apasco. Si a estas no las regula el gobierno más se dudaría de que garantice calidad en sus propios proyectos. Estas empresas son las responsables de que en las comunidades abunden problemas de salud, como cáncer, insuficiencia renal, retraso mental y fluorosis dental, además de la devastación ambiental.
Al finalizar la Caravana #ToxiTourMéxico, realizada del 2 al 10 de diciembre, científicos, parlamentarios europeos y estadounidenses, y 20 observadores internacionales quedaron sorprendidos por las violaciones a derechos humanos, según informaron medios de comunicación.
Quienes se hacen de la vista gorda son la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitario (Cofepris).
Lo anterior, resultado del TLCAN, que ya tiene 20 años afectando a México, al contrario de los beneficios prometidos, que por cierto, son los mismos que promete el Tren Maya: empleo, bonanza, desarrollo, etcétera. Incluso la Senadora de Estados Unidos, Patricia Torres Ray, expuso que el recorrido del tour mencionado, le permitió ver que las empresas estadounidenses que trabajan en México “no están cumpliendo con los reglamentos bilaterales a los que se comprometieron cuando entraron por la falta de vigilancia y de denuncia sobre los abusos”.
El titular de Semarnat, Víctor Toledo, dijo en conferencia que en estas regiones la sociedad organizada no fue atendida durante 20 o 30 años “porque esto fue lo que nos dejaron los gobiernos anteriores, prácticamente estamos frente a situaciones en las que yo le he llamado infiernos ambientales”, declaró Toledo en la conferencia de prensa matutina del jueves. “Los problemas de salud que se desencadenan aquí son terribles, niños con plomo, problemas de cáncer, problemas renales, etcétera”.
El Tren Maya se proyecta como un trampolín para el desarrollo del sur de México, donde hay elevados índices de pobreza, falta de hospitales, escuelas, la gente carece de servicios básicos. Es sabido que cualquier obra de infraestructura tiene un alto impacto ambiental, en este caso también están en riesgo zonas arqueológicas. Pero en particular pone en riesgo el ecosistema de jaguares, ocelotes, tapires, monos aulladores, monos arañas, cocodrilos, manatíes, loros y guacamayos, especies que necesitan de grandes territorios para desplazarse, alimentarse y reproducirse lo que se dificultará al dividir su hábitat en dos partes.
La construcción del tren generará inevitablemente ruido, contaminación, extracción de recursos pétreos, obras de cimentación y nuevos centros de población para la obra y posteriores actividades turísticas. Con graves repercusiones negativas, argumentan organizaciones civiles.
Estas comunidades se niegan a ser invadidas por grandes cadenas hoteleras, porque al final los únicos beneficiados son esas empresas, lo mismo que las de transporte y de restaurantes, los habitantes que votaron en la consulta de este fin de semana, recibirían sólo las minucias.
Desde el Centro
A partir del 1 de enero de 2020, el salario mínimo aumentó 20 por ciento, pasará de 102.69 a 123.22 pesos diarios; la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde dijo que así se da vuelta a una “página negra” de contención deliberada del ingreso de los mexicanos. Destacó que es el mayor incremento anual del salario mínimo en los últimos 44 años… Quien fuera el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, aceptó su traslado a Nueva York para comparecer ante el juez por los delitos de conspiración para el narcotráfico y falseo de declaraciones ante la autoridad federal. Por cierto, “Felipe Calderón estaba al tanto no sólo de las complicidades del todopoderoso Genaro García Luna con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el capo favorito también de Vicente Fox, sino que él mismo buscó pactar con los cárteles de la droga para parar la guerra con la que quiso conseguir la legitimidad que le negaron los mexicanos en 2006”, menciona el periodista Álvaro Delgado… A partir del 1 de febrero de 2020, la revista Proceso cambiará de dirección debido a que Rafael Rodríguez Castañeda se jubila, Jorge Carrasco entrará como director del semanario, ¡felicitaciones! al semanario fundado por don Julio Scherer García.
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