Samuel Cepeda Tovar.
Pregunta para los abogados: ¿Cuánto tiempo debemos esperar para que una reforma estructural comience a dar resultados? No es que ellos sean expertos en políticas públicas, pero he visto a algunos casi infartados, desgarrándose las vestiduras por el atrevimiento del fiscal Alejandro Gertz Manero al anunciar la intención de una reforma al sistema de justicia penal que entró en marcha desde 2014, año en que el entonces presidente Enrique Peña Nieto reformaba el sistema de justicia en México como parte de las llamadas reformas estructurales que traerían desarrollo a México.
Ya son seis años, y a reserva de los “pareceres” y las percepciones personales se impone siempre la frialdad de los números: Según el centro de evaluación de políticas públicas México Evalúa; en su informe titulado “Hallazgos: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”; nos dicen que el nivel de impunidad dentro del nuevo sistema penal acusatorio es del 87.3%, es decir, 9 de cada 10 casos quedan en la impunidad, sin castigo, como siempre.
El informe nos dice que: Los resultados indican que existen niveles de impunidad generalizada en las entidades federativas analizadas, pues incluso el estado “mejor calificado” presenta un índice cercano al 60%, mientras que el promedio nacional supera el 80%. La reforma parece no ofrecer los resultados esperados, ello pudiera justificar el atrevimiento del fiscal de proponer reformas.
No se trata de un asunto menor, la respuesta es natural, aunque en cierto modo desproporcionada, pero la desproporción es el reflejo de la desesperación por otra gran reforma que simplemente no cumplió. Les guste o no a los juristas, los números no mienten y sus porcentajes solo hacen alusión al fracaso. ¿Podemos estar peor? Sí, pero también podemos estar mejor.
El atrevimiento de Gertz Manero es querer crear un Tribunal Especializado en materia de responsabilidades penales para que éste juzgue a integrantes del Poder Judicial Federal que se vieran inmiscuidos en delitos con respecto a su responsabilidad. Viene a mi mente inmediatamente el caso de Humberto Moreira VS Sergio Aguayo en donde parece haber un juez federal implicado en un caso de influyentismo en detrimento del escritor Aguayo.
El pecado de esta propuesta es que se propone que sea el senado quien conforme a este nuevo grupo que “juzgaría a los juzgadores”. Sí, suena un poco fuera de lugar, sobre todo para aquellos que se espantan e invocan la división de poderes, pero en esencia la división del poder se trata de pesos y contrapesos, de limitaciones entre ambos, y lamentablemente, el poder judicial federal los 32 locales, no han logrado escapar al fenómeno de la corrupción, según sentencia Pedro Salazar Ugarte de la UNAM.
Otra propuesta atrevida para algunos es la creación de un Código Nacional Penal, cuando sabemos que delitos como el abigeato son tipificados como graves e incluso son más graves que el robo de infantes en algunos Estados como producto de una falta de regulación general. Una mujer puede interrumpir su embarazo en Ciudad de México, pero no en Nuevo León, entonces las mujeres valen más en un Estado que otro.
Es cierto que los temas como el arraigo y las violaciones a los Derechos Humanos son controversiales, es cierto que son temas que deben ser abordados con mucho cuidado, por ello de pronto brotaron los defensores del actual sistema, por ello se dio pausa indefinida a este proyecto que tarde o temprano deberá debatirse.
Insisto, no se trata de una ocurrencia, se trata de hacer otro esfuerzo dados los magros resultados obtenidos hasta el momento. A menos que debamos esperar otros seis años para ver si hay cambios y con ello satisfacer a quienes hoy defienden cifras indefendibles en seis años de pocos resultados. Prefiero ver a un fiscal atrevido, que a uno sumiso, conforme y resignado a padecer la perpetuidad de la resignación.
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