Samuel Cepeda Tovar.
De entrada, la idea no parece tan fuera de lugar; el actual pacto fiscal o ley de coordinación fiscal de manera muy general supone que de cada peso que la federación recauda de las entidades federativas 80 centavos los retiene el gobierno federal para su gasto, 15 centavos se van para los estados y 5 centavos para los municipios.
La propuesta de los gobernadores rebeldes es cambiar la proporción a 70, 20 y 10, respectivamente. De entrada, pareciera que hay mucha lógica en la propuesta de reconfiguración y no pareciera ser gran proporción porcentual la que exigen los gobernadores. Todo pareciera legítimo, sin embargo, existen algunos detalles que bien vale la pena analizar.
El primero de ellos es que los gobernadores exigen, pero no hablan para nada de transparencia y uso correcto de estos recursos públicos; y es que los escándalos que han marcado a algunos estados anticipan mayores despilfarros y corruptelas al incrementar sus recursos como así lo reclaman. Para empezar, los Estados registran endeudamientos bastante preocupantes y ni con ello logran satisfacer las demandas sociales; y es que la deuda pública de los estados y sus municipios alcanzó un récord histórico de 579 mil 709.4 millones de pesos durante el tercer trimestre de 2019, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y lo peor de todo esto, es que la Auditoría Superior de la Federación como resultado de las cuentas púbicas presentada el año pasado, señaló irregularidades por 144 mil millones de pesos en estados y municipios.
Piden mucho dinero, endeudan a sus estados y mucho recurso se pierde en estos procesos terminando definitivamente en bolsillos de particulares. Preocupa que de pronto estos gobernadores y alcaldes bastante cuestionados tengan mayores recursos para su entera disposición con la opacidad que los ha caracterizado. Ahora bien, no solo se trata de exigir, sino también de aportar, pues según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es de los países que menos impuestos cobra: el 14% del PIB.
Los estados están en una condición más paupérrima, pues el 90% de sus ingresos son aportaciones federales, es decir, recaudan poco impositivamente hablando por cuestiones generalmente electoreras. De todo esto podemos realizar una lacónica conclusión de la intervención de los gobernadores con la idea de la escisión de México a través de la ruptura del pacto fiscal: no presentan una propuesta que asegure controles de gasto y racionalidad en aplicación de recursos, tampoco se comprometen a ampliar la base impositiva para generar mayores recursos propios, solo han agitado mediáticamente las aguas con fines desde luego populares, pero sin una propuesta clara, se atreven a exigir cuando los persiguen antecedentes de endeudamiento injustificado, opacidad y corrupción en el manejo de recursos.
Con esas credenciales difícilmente pueden ser tomados en cuenta en sus peticiones. Además, hay que ser honestos, si se salen del pacto ya no tendrán acceso a ingresos petroleros (porque definitivamente el petróleo se va a recuperar); el ISR e IVA son propiedad de la federación, se quedarían sin este apoyo; es mucho más lo que aporta la federación a los Estados que estos a la federación. Hay una dependencia importante y bastante evidente en estos recursos.
Tendrían que ponerse a trabajar en recaudar recursos propios en tiempos de crisis provocada por el COVID19. Ni son los tiempos, ni son las formas ni mucho menos hay viabilidad. Me parece más prudente que comiencen a trabajar con eficiencia y transparencia para que con esas armas reclamen una reconfiguración que vaya más allá de la agitación mediática estéril que en estos momentos están realizando.
