Como anillo al dedo: Lozoya y Duarte

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José Guadalupe Robledo Guerrero.

El presidente López Obrador está íntegramente dedicado a planear las elecciones intermedias con el fin de que le sean favorables a la Cuarta Transformación, y por tal razón las extradiciones de Emilio Lozoya Austin y César Duarte Jáquez representan un suceso –ahora sí- como anillo al dedo para beneficio de su proyecto. Por el “canto” (delación) de estos dos se sabrán los nombres de quienes ordenaron las ilegalidades que cometieron.

Y esto para Amlo será lo mejor que le haya sucedido, para remontar las crisis sanitaria y económica que desgastó su popularidad y que prometía a sus adversarios electoreros una posibilidad de ganarle la mayoría en la Cámara de diputados en las elecciones del 2021.

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, solicitó en España la extradición a México para negociar con el Fiscal General de la República, proporcionando información sobre los ilícitos con los nombres de sus socios a cambio de frenar los procesos penales en su contra, según él, con el fin de proteger a su familia.

El ex gobernador de Chihuahua César Duarte fue detenido en Miami precisamente en la fecha en que el presidente López Obrador tendría un encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump, quien en signo de su amistad se lo dio como regalo.

Ambos presidiarios en proceso de extradición son unas fichitas: Lozoya está acusado de recibir sobornos millonarios de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto; además de comprar las empresas chatarra Agronitrogenados y Fertinal con sobreprecio, en cuyas compras se invirtieron del erario más de mil millones de dólares.

Lozoya también compró un astillero en España y con parte de un soborno adquirió una casa para su esposa valuada en más de dos millones de dólares. En todos sus enjuagues de corrupción, Lozoya involucró a su madre, hermana y esposa que están bajo investigación y proceso, incluso su madre está en arraigo domiciliario.

Duarte saqueó el erario chihuahuense para financiar las campañas electoreras del PRI por mil 500 millones de pesos, por los que tiene 21 órdenes de aprehensión y 14 solicitudes de extradición del gobierno de Chihuahua que no habían sido atendidas. A la fecha, sus cómplices visibles son Manlio Fabio Beltrones Rivera y “La Coneja” Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien ya pasó algunos meses preso en el estado afectado.

El “canto” de estos dos delincuentes pondrá de nuevo en la opinión pública la grosera corrupción que privó durante el sexenio de Peña Nieto, y de paso generara simpatías para López Obrador, independientemente de si se hace justicia o no, y esto electoreramente es un tesoro de publicidad. También hay quienes creen que saldrán como principales involucrados en estos negocios ilícitos Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.

Esta situación seguramente ya la conocía Manlio Fabio Beltrones, pues antes de darse a conocer y buscando impunidad salió de las catacumbas para decir que el PRI no debe aliarse con los golpistas que quieren quitar de la presidencia a López Obrador, y de paso se amparó. También el farsante dirigente priista Alejandro Moreno “Alito”, para curarse en salud declaró una mentira que nadie le creyó: que en el PRI no toleran corruptos. Casi lo mismo señaló otro farsante, el dirigente del PRI coahuilense: Rodrigo Fuentes Ávila.

Quizás por ello, buscando fuero “La Coneja” Alejandro Gutiérrez había acordado con Yeidckol Polevnsky que sería candidato plurinominal de Morena para una diputación local, pero para su mala suerte, la ex dirigente morenista fue defenestrada y acusada de delitos.

Pero como dice el refrán popular, en el PRI: Ven la tempestad y no se hincan, y en lugar de limpiar la corrupción, la siguen ocultando, tal y como sucede en Coahuila, en donde los saqueadores del erario siguen libres como si nada hubieran robado. No se ha llevado a cabo ningún proceso para recuperar, mediante las leyes, algo de lo saqueado, tanto de priistas como de panistas. Por ejemplo, allí anda campante de la vida Isidro López Villarreal, de quien lo mínimo que se sabe es de un peculado de más de 300 millones de pesos; lo mismo sucede con Humberto Moreira y sus cómplices por el endeudamiento del estado.