- Agricultores de Chihuahua acusan a la (CONAGUA) a cargo de Blanca Jiménez Cisneros, por el trasvase de tres presas
- Campesinos sinaloenses levantan más de 6 millones de toneladas de maíz blanco les ofrecen un precio de garantía de 4,600 pesos por tonelada y solamente les pagan 3,500 o menos
- Históricamente las comunidades yaquis han sufrido despojos y explotación
Pascacio Taboada Cortina.
Productores del campo de Chihuahua, Sonora y Sinaloa atraviesan por una etapa de conflicto con el gobierno federal, debido a incumplimiento de compromisos por reducción de presupuesto federal, apoyos a la comercialización y el sentir de agricultores de abuso por una mala administración del agua almacenada en presas chihuahuenses.
Los agricultores del estado más grande de México (cabrían en su territorio juntas España, Francia y Portugal) acusan a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a cargo de la doctora Blanca Jiménez, por el trasvase de tres presas muy importantes para la agricultura no sólo de esta entidad, sino de Coahuila y Tamaulipas, con el propósito de “abonar” el resto de poco más de 500 millones de metros cúbicos que se “adeudan” a Estados Unidos.
A nivel de gobiernos, México y EU establecieron un convenio, en 1944, por conducto de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) relacionado con el intercambio del vital líquido, de acuerdo con las necesidades de cada país, para usos agrícolas, potables y alumbrado.
Por una parte, nuestro país recibe unos mil 824 millones de metros cúbicos por el río Colorado para atender necesidades de agua potable y riego agrícola en Baja California. Y por otra, México repone esa cantidad de las presas Francisco I. Madero, Luis L. León y la Boquilla, de los municipios de Delicias, Aldama y San Francisco de Conchos, las tres de Chihuahua, en entregas distribuidas a lo largo de cada año.
La causa de impedir el trasvase de las presas mexicanas, es justa por parte de los agricultores chihuahuenses. Lo malo y motivo de su protesta, estriba en que este vaciado se realiza sin aviso previo de CONAGUA y con un autoritarismo excesivo por parte de miembros del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional que, sin decir ¡aguas! impidieron la toma de oficinas y manifestaciones en cruces fronterizos.
Es posible que, a través del diálogo, se pueda llegar a un acuerdo, como se ha solventado en años anteriores. Sin embargo, el temor de los agricultores, es en el sentido de que no tengan agua para sus labores agrícolas del ciclo otoño-invierno 2020-2021.
La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó sus tradicionales giras de trabajo por Sonora y Sinaloa. En la primera entidad, sostuvo una reunión de trabajo con los gobernadores de ocho pueblos yaquis, a quienes ofreció la formación de la Comisión de Justicia para devolverles sus tierras y más agua para riego, junto con la desviación de un gasoducto que atraviesa esas comunidades. Esto fue una promesa que, si se realiza, “va a salir más caro el caldo que las albóndigas”.
Históricamente las comunidades yaquis han sufrido despojos, explotación y abandono de parte de sucesivos gobiernos, incluso desde el ´porfiriato´, cuando sistemáticamente envió a una gran cantidad de mexicanos de esas etnias, exiliados a la península de Yucatán. Trabajaban en condiciones de esclavos en las grandes haciendas henequeneras.
El ofrecimiento de López Obrador en estos tiempos de pandemia, no fue nuevo ni más allá de promesas de restitución de tierras y más agua. Lo mismo que les ofreció en su tiempo el presidente Luis Echeverría, sin que las cosas hayan cambiado después de que han pasado siete presidentes de la República, y ocho con el actual.
Y finalmente el mandatario visitó Sinaloa. Allí la petición de los agricultores y ejidatarios se centró en la exigencia de precios justos por las cosechas de maíz y estímulos en el proceso de comercialización, por parte de SEGALMEX. En esta entidad, el cultivo de maíz se ha convertido en la principal fuente de actividades e ingresos de los trabajadores del campo.
Los campesinos sinaloenses han demostrado ser capaces de levantar más de 6 millones de toneladas de maíz blanco para las tortillas que consumimos todos los mexicanos. Lo grave es que les ofrecen un precio de garantía de 4,600 pesos la tonelada, y solamente les pagan 3,500 o menos. Está bien que levantan hasta 10 o 12 toneladas por hectárea, pero es su trabajo y esfuerzo. Allí el presidente López Obrador les ofreció un subsidio para el maíz. No, ellos no lo necesitan, porque su productividad les permite un buen ingreso. Sólo piden que les paguen lo ofrecido, y ya.
