El costo Político de tener funcionarios corruptos, impopulares e inútiles

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Carlos Padilla Muñoz.

A lo largo de la historia, en nuestro país se ha observado que el tener en la administración pública, esto es en los tres niveles, funcionarios públicos corruptos, impopulares, déspotas e inútiles, el costo político es grande.

Elías Agüero Díaz Durán titular de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Torreón.

En la 4Transformacion tenemos a René Bejarano, el famoso Señor de las Ligas, a quien el empresario Carlos Almada, amante de Rosario Robles, fue sorprendido cuando recibía millones de pesos y dólares, a cambio de jugoso contratos y negocios sucios dentro del Gobierno. Ahora Bejarano es protegido por el Presidente AMLO, dentro de un puesto de menor jerarquía pero jugoso sueldo.

 Y qué decir del priista Manuel Bartlett, quien estuvo con Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Miguel de la Madrid y ahora con el presidente morenista, su trayectoria está llena de actos de corrupción al más estilo priismo y ahora cobijado por la 4T como Director de la CFE.

Otro corrupto en la presente administración que se ha formado la idea de erradicar por completo la corrupción, es el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, acusado por robar 55 millones de dólares a los mineros y de otros actos de caciquismo, fue protegido con fuero de Senador plurinominal.

En la administración del alcalde panista de Torreón Jorge Zermeño existen algunos funcionarios incómodos que han querido conservar por varias razones. Al principio se habló mucho de Toño Loera, a quienes se le atribuían poderes como un vicealcalde, quien controlaba todo el personal, obras y otras actividades, hasta que el edil se cansó y lo mandó a confinar a un puesto de segunda categoría para que no siguiera haciendo daño sin correrlo de la administración.

También se ha hablado mucho de Pedro Luis Bernal, el Director de Vialidad, quien mete de cuatro a cinco millones de pesos a las arcas municipales, y con ello se le perdona sus pecadillos, sobre todo los escándalos por su afán protagónico.

Pero el colmo es con el Director de Cultura, Elías Agüero, quien es protagonista de escándalos un día y otro también. A este funcionario se le ha acusado en varias instancias en Controlaría Municipal, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Fiscalía General del Estado, SAT y la Junta de Conciliación y A arbitraje por delitos como abuso de poder, extorsión agravada, amenazas, desvió de fondos públicos, evasión fiscal y otros, en agravio de más de medio centenar de empleados de Cultura Municipal.

Desde su designación existió malestar por sus malos antecedentes, incapacidad para ocupar el cargo, señalamientos de adicción a las drogas, quebranto del erario municipal y otros delitos graves.

A pesar de las numerosas peticiones de que sea separado del cargo, el alcalde dijo que no lo haría porque se trata de un buen funcionario.

La explicación podría ser la cercanía con la familia del alcalde, ya que por menos han sido dados de baja otros funcionarios de la presente administración.

Lo cierto que esto podría traer un costo político para el PAN en las próximas elecciones para diputados locales y el próximo año para alcaldes.

Dirigentes del PAN en Torreón han externado su malestar por esta situación, saben que habrá un costo adverso en las próximas elecciones.

Ocultan Zermeño y Agüero contagio masivo de Covid en Cultura Municipal.

El titular de Cultura no tiene título de Licenciado, otra burla para el municipio de Torreón.

Otra mancha para el tigre: a pesar de que el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, se empeña en defender al director municipal de Cultura, Elías Agüero Díaz Durán, recién se descubrió que esta persona se ostenta como “licenciado”, incluso en documentos oficiales del municipio, sin haber terminado una carrera universitaria, menos tener un título avalado por alguna institución universitaria, lo que constituye el delito de Intrusismo o Usurpación de funciones.

El titular de Cultura ocultó un contagio masivo de varios empleados en el Centro Cultural José R. Mijares, Biblioteca Enrique Ochoa y el Centro Cultural Pablo C. Moreno, se trata de cinco empleados y empleadas que dieron positivo al Covid-19, ante el temor de enfrentarse nuevamente a la prensa. Salud Municipal también ocultó estos hechos y el alcalde no ha dado a conocer nada al respecto.

ES UN DELITO

El Código Penal del Estado de Coahuila en su artículo 403, dice que comete el delito de usurpación de profesión al ostentarse como profesionista la persona que no tenga un título universitario avalado por una institución superior y que no esté registrado en la plataforma Nacional de Registro Nacional de Profesionistas de la SEP.

Elías Agüero Díaz Durán mintió al municipio cuando entregó su currículum vitae al entrar a la administración municipal y desde entonces se ostenta como profesionista sin serlo. En México este delito impide que un funcionario siga en el cargo, por lo que la administración de Jorge Zermeño deberá relevarlo de lo contrario estaría incurriendo en omisión y opacidad en el ejercicio de la función pública.

Elías Agüero, un funcionario muy controvertido, tiene varias denuncias en su contra por tratar mal a los empleados, abuso de poder, desvió de recursos públicos, posible evasión fiscal, extorsión y otros delitos. Hasta el momento la Contraloría Municipal ha callado sobre estas denuncias a pesar de tener conocimiento.

Recientemente el alcalde Jorge Zermeño dijo que no va a quitar a Elías Agüero y se atrevió a decir que se trata de un buen funcionario que ha dado resultado, destacando que se trata de señalamientos de grupos opositores.

Si el alcalde no lo destituye en automático, estaría cometiendo una falta administrativa y un delito por complicidad u omisión, aparte que este caso se podría tratar en el Cabildo.

En la plataforma del Registro Nacional de Profesionistas, no aparece el nombre de Elías Agüero Díaz Durán, por lo que se puede asegurar que está cometiendo el delito de usurpación de función o profesión y podría alcanzar pena corporal entre 2 a 8 meses de prisión y multa administrativa. Varios funcionarios federales, estatales y municipales a lo largo del país han dejado sus cargos cuando se ha descubierto que usurpan funciones o presentan títulos falsos.