- “Si no hubiera estado frente al presidente, habría pensado que se trataba de una broma”: Mark Esper, exsecretario de Defensa de Estados Unidos.
David Guillén Patiño.
El presidente Donald Trump “es una persona sin principios que, a causa de su egoísmo, no debería estar en un puesto de servicio público”.
Al menos así lo cree Mark Esper, exsecretario de Defensa de Estados Unidos, según publicó en mayo de 2022 The New York Times.
El rotativo se refiere a las memorias del militar, contenidas en su libro A Sacred Oath (Un Juramento Sagrado), en relación con el otrora cuadragésimo quinto presidente.
Esper alude a “una serie de excesos y equivocaciones (de Trump) que presenció durante su gestión”, señala el artículo de Maggie Haberman.
El exministro narra que pensó varias veces en renunciar, pero finalmente desistió para que no se nombrara en su lugar a alguien con intenciones riesgosas.
El presidente, dice, estaba rodeado de muchas personas sumisas y gente que le susurraba ideas peligrosas.
En vista de ello, decidió que el verdadero acto de servicio era quedarse en su puesto para garantizar estabilidad.
Quizá lo que él menos esperaba era que una de esas ideas peligrosas surgiera de la mente de Trump, irritado por la introducción de drogas a través de la frontera sur.
Fue en el verano de 2020 cuando el mandatario le preguntó por primera vez si el ejército podría “disparar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas”.
“No tienen control de su propio país”, habría argumentado el presidente.
A pesar de sus objeciones, el jefe de la Casa Blanca sugirió: “Simplemente podríamos disparar unos misiles Patriot y eliminar los laboratorios, con discreción”.
Completaría su mala idea con otra peor: “Nadie sabría que fuimos nosotros”, solo se tendría que decir que Estados Unidos no había realizado el ataque.
“Si no hubiera estado frente al presidente, habría pensado que se trataba de una broma”, redactó Esper.
Las acciones bélicas en dirección a México se multiplicaban constantemente entre los colaboradores de Donald Trump.
Por ejemplo, el entonces asesor político Stephen Miller sugirió enviar 250 mil soldados a la frontera sur, pues una gran caravana de migrantes estaba en camino.
“Las fuerzas armadas de Estados Unidos no tienen 250 mil soldados para enviar a la frontera por una tontería de ese tipo”, comentaría luego Mark Esper.
Trump terminó ofreciendo en campaña desplegar soldados de Operaciones Especiales y fuerzas navales para, según expresó, declarar la guerra a los cárteles.
Antes de ello, en octubre de 2023 más de 20 republicanos de la Cámara de Representantes apoyaron la propuesta de Dan Crenshaw, representante por Texas, relativa a usar la fuerza militar contra los cárteles mexicanos.
No solo eso, también se autorizaría la intervención militar “contra cualquier organización extranjera que el presidente determine que cumple ciertos criterios, incluidas las organizaciones relacionadas con el tráfico de fentanilo”.
El 12 de enero de 2023, en la primera sesión del 118° Congreso, se puso a consideración el conceder facultades a las fuerzas armadas estadounidenses.
La idea fue clara: actuar contra los responsables de traficar fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo hacia los Estados Unidos.
Incluso, se planteó llevar a cabo, en su caso, otras actividades relacionadas “que causen desestabilización regional en el hemisferio occidental”.
El documento respectivo señala literalmente: “El Sr. Crenshaw (en su nombre y en el del Sr. Waltz) presentó la siguiente resolución conjunta, que fue remitida a la Comisión de Asuntos Exteriores”.
Con o sin el consentimiento del gobierno mexicano, serían nueve las organizaciones criminales que, en su calidad de grupos terroristas, estarían bajo ataque durante cinco años, a partir de 2025, a menos que se concrete un nuevo proyecto legislativo:
Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cartel del Golfo, Cártel de Los Zetas, Cártel del Noreste, Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana, Cártel de los Beltrán-Levya y La Familia Michoacana (o Cártel de los Caballeros Templarios).
Según la iniciativa consultada, lo anterior tendría lugar en función de los siguientes antecedentes o motivos:
- Considerando que cárteles armados como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación son responsables del tráfico de fentanilo y sustancias relacionadas con el fentanilo hacia los Estados Unidos;
- Considerando que el fentanilo y las sustancias relacionadas matan a aproximadamente 80 mil estadounidenses cada año y son la principal causa de muerte entre los hombres estadounidenses de entre 18 y 45 años;
- Considerando que el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Los Zetas, entre otros, se involucran constantemente en violencia entre sí y contra otros cárteles, creando inestabilidad a pocos kilómetros de la frontera de los Estados Unidos;
- Considerando que, en 2015, el Cartel de Sinaloa derribó un helicóptero militar mexicano con un arma de alto poder;
- Considerando que, en 2019, cuando la Guardia Nacional mexicana arrestó a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, el Cartel de Sinaloa atacó a las fuerzas del gobierno mexicano y las obligó a liberar a Ovidio Guzmán;
- Considerando que, en 2022, una batalla entre cárteles a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México llevó al cierre de dos puertos de entrada;
- Considerando que, en 2022, un ataque con granada contra el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, México, obligó a los empleados a refugiarse en el lugar;
- Considerando que los cárteles mexicanos regularmente intimidan, agreden, secuestran, torturan y matan a las autoridades mexicanas; y,
- Mientras que los cárteles mexicanos han disparado repetidamente contra las fuerzas del orden y la guardia nacional apostadas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Como se dijo, se trata de una “Autorización de uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos”.
Esto, con objeto de que la Casa Blanca utilice “toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones extranjeras, organizaciones extranjeras o personas extranjeras afiliadas a organizaciones extranjeras que el presidente determine”.
Al ánimo intervencionista de Donald Trump, presentado como un asunto de salud pública y de seguridad nacional, se suma su intransigente política comercial, supeditándola al problema migratorio. Cierto, en Los Pinos hay alarmas encendidas.
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