Lo que comenzó como una movilización estudiantil del Instituto Tecnológico de Saltillo, hoy está rodeado de intereses externos, disputas políticas y división entre quienes buscan soluciones para la comunidad académica y quienes están utilizando el movimiento para otros fines que nada tienen que ver con las demandas estudiantiles. Por otro lado, los saltillenses no tienen por qué sufrir las consecuencias de una protesta que está perdiendo su esencia estudiantil, para convertirse en un instrumento político.
La polémica del caso tomó relevancia, porque los mismos alumnos señalan a cinco personas de Morena que no son estudiantes del Tecnológico y están promoviendo la división y el desacuerdo: Jona Palacios, Alejandro Valles, Ana Sofía Ortiz, Liliana Valero y Jonathan Herrera, que detrás del movimiento están utilizando la protesta, para plantear intereses políticos externos.
La educación no puede convertirse en rehén de grupos de presión, protagonismos personales ni de estrategias políticas. Mucho menos cuando las consecuencias afectan a ciudadanos que nada tienen que ver con las diferencias internas del Tecnológico.
La directora del Instituto Tecnológico de Saltillo, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, advirtió sobre los riesgos que enfrenta la comunidad académica y las afectaciones que derivan de las movilizaciones. También señaló que existen 23 demandas documentadas, y cuestionó la falta de disposición para privilegiar la negociación y alcanzar acuerdos.
La situación comienza a exhibir una fractura entre quienes buscan resolver los problemas de la institución, y quienes tienen intereses mezquinos detrás de la movilización estudiantil.
Saltillo no tiene por qué convertirse en rehén de intereses políticos, y los ciudadanos no tienen por qué padecer bloqueos, interrupción de sus actividades, ni afectaciones derivadas de una disputa que debe resolverse por las vías institucionales.
El Tecnológico de Saltillo merece respeto, para que los estudiantes puedan acudir a clases, concluir sus carreras y construir su futuro profesional. Ante esto, ningún grupo debe apropiarse de una causa colectiva, ni utilizar las inconformidades académicas como plataforma para consumar proyectos ajenos a la educación.
Las autoridades académicas deben exigir transparencia a quienes encabezan las protestas, pues la educación no puede estar subordinada a intereses políticos, y el futuro de los estudiantes del Tecnológico de Saltillo no debe quedar atrapado en una disputa cuyos costos terminan trasladándose a la sociedad saltillense.
