Para algunos analistas y politólogos, la reforma política planteada por el actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, está muy lejana a los intereses que con urgencia demanda la sociedad, que se deben de modificar para ejercer una democracia cívica y realista bajo un plan en el cual se permita una participación libre, justa, transparente, equitativa y responsable entre ciudadanos, organizaciones políticas, partidos y autoridades gubernamentales.
Toda vez que lo expuesto en su iniciativa de reforma política turnada al congreso federal por el actual gobierno que representa e oficialismo de Morena, se muestra con toda claridad que lo que busca el gobierno es la confección de un traje a la medida de sus necesidades, dado el deterioro político ejercido en la actual administración, donde la ciudadanía los percibe como exiguos, fatales y sin rumbo en su aplicación en favor de la sociedad del país.
Con esta reforma planteada y recubierta, solo se exhibe el interés de un gobierno hegemónico y autoritario, en donde se asemeja a lo acontecido en otras naciones afines al lopezobradorismo en Latinoamérica, particularmente en Bolivia, Venezuela y Nicaragua, al limitar a loa órganos electorales, someter al aparato de justicia electoral, disminuir a modo la representación popular en los congresos, e integrar con nuevos miembros a los consejeros electorales bajo propuesta del mismo titular del ejecutivo federal; es decir poner una camisa de fuerza a la democracia para manipularla y mantenerla a modo por un largo tiempo, semejante a las dictaduras sudamericanas aquí mencionadas.
Por esta aberrante razón y en respuesta a ello, la oposición y la sociedad civil de la nación exponen y defienden bajo la premisa fundamental de mantener y ampliar la democracia de México, situación que conlleva a una amplia manifestación social por el cual se debe de luchar y apuntalar, para que el actual gobierno no logre este sensible objetivo y se constituya en una dictadura de poder público que perjudique a la nación.
De ahí el porqué, personajes como José Woldenberg aseveran que está iniciativa de una reforma electoral planteada por parte de la 4T, tendría puntos que restarían credibilidad a las elecciones en México y haría que los procesos electorales se partidizaran, volviendo a esquemas que ya han sido superados bajo criterios de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en los mismos.
La reforma electoral y política no solo debe de comprender las cuestiones de representación electoral, sino además de un acotamiento para la figura en las disposiciones de carácter constitucional y legal, para que el mismo presidente en funciones no asuma criterios que no le otorga la ley, en cuanto imparcialidad y objetividad dentro de la contienda y en la misma arena política, al ser presidente electo de todos los mexicanos.
Cabe recordar que generar un marco normativo de reforma electoral y política, deberá necesariamente comprender la limitación gubernamental, presupuestal, en cuanto a políticas de desarrollo que la misma sociedad se plantee, obligando al mismo titular del ejecutivo a ser absolutamente respetuoso de la división de Poderes de la Unión y su desempeño, para evitar injerencias como las que hasta ahora hemos observado en las indiscreciones de carencia de respeto institucional del mismo ejecutivo de la nación.
Respeto constitucional demanda la sociedad, para una total vigencia del estado de derecho, como así lo refiere los artículos, 35, 71, 73,, 74, 76,78, 83,89, 116 y 122 de la Constitución mexicana, que sin duda también será necesario modificar para garantizar el desempeño de un régimen democrático, para que el mismo dependa de la capacidad de los representantes para proveer políticas públicas, bajo un criterio de orden institucional que a su vez requiere de los incentivos que la Constitución provee para la cooperación entre los distintos poderes de la Unión.
Tal es la situación por la cual diferentes expresiones de la política nacional hoy se manifiestan, buscando la creación de parlamento abierto, donde la interrelación y conjunción de ideas, generen el marco político, bajo el cual los mexicanos deberemos de edificar nuestra democracia moderna, es de esta forma como el PAN y el PRI apuestan por establecer límites para evitar la sobre representación, esto es las mayorías artificiales como actualmente sucede con el caso de Morena, situación que daña a la Legislatura actual.
También asumen además, plantear anular elecciones y candidaturas en caso de que haya indicios y/o sospecha de participación de la delincuencia organizada
Conjuntamente ambas fuerzas políticas buscan impulsar la segunda vuelta electoral. El objetivo es que el ganador de la primera vuelta que no alcance la mayoría absoluta, es decir, más del 50% de la votación nacional, se iría a una segunda vuelta electoral.
De esta forma la propuesta del tricolor establece que con márgenes de victoria tan estrechos, es fundamental contar con un mecanismo constitucional como la segunda vuelta, que permita la conformación de coaliciones amplias, que las minorías también encuentren representación y que los gobiernos emanen con una mayor legitimidad de origen para una correcta conducción de los intereses de la sociedad y del país.
Defensa de autoridades electorales es un punto en que tanto panistas como priistas coinciden, es la defensa y fortalecimiento de la autonomía de las autoridades electorales, es decir, Instituto Nacional Electoral (INE) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ello, incluido el nombramiento de los consejeros electorales.
Otra importante propuesta es la que buscara impulsar el priismo con un vicepresidente de la República que iría en la fórmula del candidato presidencial y sería electo por el mismo término, así como por mayor libertad de expresión durante las campañas electorales, reducción de financiamiento público a partidos y ampliación del financiamiento a la ciudadanía.
El albiazul se pronuncia por cárcel a los servidores públicos que se refieran a temas político-electorales o violen la veda electoral desde sus encargos públicos y la creación de una “lista B” de diputados plurinominales.
Ante esta realidad política-social, también los ciudadanos obligados están a opinar para generar el rumbo y la conducción de sus más altos intereses propios y de sus familias, alentando el civismo y la participación en todas las cuestiones públicas.
