por Guillermo Correa Bárcenas.
ed. 358, enero 2019
Corregir el retraso social y económico de amplias zonas rurales del país, principalmente en el sur.
El sistema de financiamiento del campo mexicano es uno de los grandes desafíos que presenta la producción de alimentos en el país, dice Javier Delgado Mendoza. Reconoce también que el fenómeno más grave en el agro nacional ha sido la pobreza pues son millones los paisanos de las zonas rurales que sobreviven con niveles de ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación, vivienda, educación y salud.
Experto en agronegocios y miembro del equipo que diseñó el Plan Nacional Agropecuario 2019-2025, el egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo será de los principales funcionarios encargados de poner las bases para sacar de la miseria a la población rural que entrega todo su esfuerzo para que la mayoría tenga que comer, aunque ella padezca hambre.
Con Andrés Manuel López Obrador que asumió oficialmente la Presidencia de la República el pasado primero de diciembre se pretende que ya no se repita con los productores de alimentos las erradas políticas públicas aplicadas para ellos por los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN en los últimos 36 años. Javier Delgado Mendoza lo entiende y se avoca, desde ahora trabaja con el objetivo de que el nuevo gobierno cuente con un sistema de financiamiento integral para el desarrollo del campo.
Con esa meta estará a partir de unos días al frente de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero, así como de Agroasemex, del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, del Fideicomiso de Riesgo Compartido y del Sistema Nacional de Garantías. Nada más. Desde ahí pondrá énfasis en superar los apoyos financieros destinados a proyectos productivos de aquellos dirigidos a los programas sociales. El agrónomo de la UACH lleva más de 40 años en esta área. Cuenta con maestría en Administración de Empresas, especialidad en Industrias Agrícolas, ha impartido seminarios en la Universidad de Harvard, fue director general del Grupo Industrial de la Leche (GILSA) de Aguascalientes y autor de varios estudios para rescatar el campo nacional. Se detalla todo esto porque Javier Delgado Mendoza no es como aquellos políticos que hicieron del Banjidal y del Banrural -antecedentes de la Financiera que inauguró José Antonio Meade Kuribreña- la Caja Chica del PRI.
Delgado Mendoza adelantó que en lo que se refiere al desarrollo rural habrán de ser tres las prioridades: el abastecimiento de productos básicos para la seguridad alimentaria; un nuevo sistema de financiamiento rural y la investigación, transferencia de tecnología e innovación agrícola. Todo esto ya ha comenzado a operar con el doctor Víctor Manuel Villalobos, quien es el titular de lo que es SAGARPA y pronto se denominará Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SEDER), dependencia que cuenta ya con un diagnóstico y redefinición, pues hoy operan 190 programas de apoyo al campo, en diferentes instituciones, que se requiere ordenar, sumar y hacer más eficientes.
Para el funcionario que pronto ocupara la dirección de la Financiera ubicada en la calle de Agrarismo, colonia Escandón, existen indicadores de que la población rural ampliada comprende hasta el 37 por ciento de la total nacional, que se extiende en el 76.5 por ciento del territorio mexicano y que produce prácticamente la totalidad de los alimentos. Sin embargo, el ingreso por habitante es 73 por ciento inferior al promedio en el país, esto es, concentra la población más pobre, lo que es inaceptable.
En sus investigaciones, Javier Delgado Mendoza ha encontrado la falta de visión de largo plazo y la carencia de una estrategia consensuada con una alianza entre el gobierno y el sector privado para salvar al campo. Esto significa, explica, que los problemas estructurales resultan invisibles o son minimizados en las prioridades del gasto público rural.
Considera que se maneja una estrategia agroalimentaria semejante a la de países desarrollados con la diferencia de que en México la marginalidad no afecta a individuos sino a todo el medio rural. Y como los campesinos no son agricultores potenciales, la especialización en agricultura no puede ser solución para el conjunto de esta población. Aclara: Es importante considerar que la política agropecuaria es diferente de la política de desarrollo rural, aunque tengan interrelaciones. La confusión de ambas políticas provoca que apoyos y subsidios para la población marginada sean captados por los agricultores más solventes.
De esta forma el desarrollo rural debe considerar un poderoso programa de inversión en infraestructura y servicios; extensión rural, o sea, énfasis en comercialización y mercados; sistemas de financiamiento rural que comprenda ahorro, crédito y seguro. En cuanto al desarrollo agroalimentario se refiere menciona a programas para incrementar la eficiencia y la competitividad de las cadenas agroalimentarias que comprenden la producción, comercialización y transformación de los productos; reducir la marginalidad del medio rural; corregir el retraso social y económico de amplias zonas rurales del país, principalmente en el sur, a través de un vital programa de inversiones en bienes públicos orientados a potenciar un mayor dinamismo económico; aumentar el ingreso de los campesinos por medio de múltiples actividades productivas, incluyendo el crecimiento acelerado y sostenido de la producción agroalimentaria; y recuperar los recursos naturales, en particular agua, suelo y biodiversidad con el mencionado programa de inversiones y con la participación de la comunidades rurales.
Como se puede observar, la estrategia es parte de lo que ha anunciado AMLO durante esta larga transición a la recepción del poder. Obras que van desde las plantaciones forestales, el tren Maya, el relanzamiento del Istmo de Tehuantepec y otras inversiones. Pero esto se debe dar en un marco institucional para el desarrollo rural que, de acuerdo con Javier Delgado Mendoza, favorezca un poderoso programa de cambios orientado a mejorar la infraestructura física, las condiciones de vida y las bases económicas de la población de este sector; estrategias de desarrollo regional de largo plazo que integren las diversas acciones sectoriales, en un proceso altamente participativo; y nuevos programas, en un espectro que vaya muchos más allá de los apoyos asistenciales, enfatizando la transformación y el progreso autónomo de la población indígena y campesina.
En su propuesta: Sistema de Financiamiento Integral. Financiamiento para el Desarrollo Rural, Javier Delgado Mendoza y Félix Carballo, también de la UACH, señalan que la actual política de desarrollo agropecuario de México carece de certidumbre y claridad. Destacan que más bien se trata de una política de subsidios y protección, al grado de que el 78.5 por ciento de las transferencias del Estado a la agricultura son subsidios, y sólo el 12.5 por ciento son apoyos productivos.
Esta situación es la que se debe revertir a través del modelo de financiamiento integral al sector rural. Aprovechar que la agroindustria es la que genera cada vez más valor agregado a la agricultura. Ir hacia los agronegocios de acuerdo con la tenencia de la tierra y con las condiciones geográficas de cada región. Producción e inversión intensiva exitosa. Como sucede con las frutas y hortalizas, cuyo valor supera al de los cereales y forrajes y ha dado a México prestigio en el mundo.
Desde el centro
Con la iniciativa que puso a temblar a la banca, principalmente trasnacional, el respaldo popular al senador Ricardo Monreal subió tanto como perdieron los bancos en la Bolsa de Valores. La explicación radica en que los mexicanos estamos hartos de tanto robo. AMLO tranquilizó la furia bancaria, pero la de los usuarios crece por los abusivos cobros de comisiones…Y si hay consulta, contundente será la derrota de quienes no tienen patria…Desesperados por las violaciones laborales de que son víctimas, trabajadores de la Confederación Nacional Campesina entregaron una carta en Los pinos dirigida al todavía presidente Enrique Peña Nieto.
Tienen sed de justicia, denuncian despidos injustificados, pues con hasta 30 años de laborar con salarios miserables y sin prestación alguna como el Seguro Social, los están liquidando sólo con dos meses de sueldo como indemnización mientras la dirigencia encabezada por el diputado y exgobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, se transportan en camionetas de lujo Mercedes Benz y BMW.
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