por Abigail Correa Cisneros.
A pesar de que la mayoría de los pueblos afectados por la construcción de la termoeléctrica de Huexca dijeron no a este proyecto de muerte, el gobierno federal seguirá con la construcción de 140 metros restantes para que ésta pueda funcionar, tras calificar como exitosa una consulta plagada de violencia y escasa participación, y la que previamente se manchó con el asesinato del activista Samir Flores, del cual el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua responsabilizó directamente al gobierno federal.
De acuerdo con los resultados de la consulta, el 59.5 por ciento votó a favor de la termoeléctrica de Huexca. Pero las organizaciones civiles, especialmente el Frente la catalogó como amañada porque falta información a los ciudadanos. A ellos sólo les hablan del beneficio del bajo costo de la luz y la pérdida económica que implicaría cancelar el proyecto (25 mil mdp), pero existen razones válidas que demuestran que no es la mejor opción para proveer de energía al estado de Morelos.
Por lo pronto, los que están en contra ya anunciaron que fortalecerán el plantón de Apatlaco, que se mantiene desde hace algunos años en Ayala. El fin de semana de la consulta, los habitantes de Huexca, donde afecta directamente este proyecto, en lugar de ir a las urnas juntaron firmas contra el megaproyecto en una asamblea popular, que es como se organizan bajo el régimen de usos y costumbres. Desde el inicio de la obra, en 2010, ejidatarios se han organizado para evitar la obra, intensificaron las acciones durante el mandato de Graco Ramírez, cuando en 2015, 32 ejidos encabezados por Jorge Zapata, nieto del Caudillo del Sur, hicieron un plantón a 500 metros de la planta tratadora de agua pero fueron agredidos por policías y elementos de seguridad privada, en otra ocasión llegó el Mando Único a golpearlos.
Las consultas que el gobierno federal lleva a cabo para imponer sus planes de “desarrollo” son una muestra de que en realidad está ignorando lo que los ciudadanos quieren. Los resultados de esta votación fueron de un 60% a favor y un 40% en contra. Pero participaron 55 mil personas de un censo de millón y medio. Incluso el Instituto Nacional Electoral se hizo a un lado, tras considerar que no hay base constitucional en ellas, es decir, son ilegales. Era claro que con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México la mayoría se negaba a seguir con la construcción; y se hizo una votación donde esa negativa arrasó con todo y las millonarias pérdidas de 120 mil millones de pesos invertidos. En la consulta para el Tren Maya, el proyecto estrella de este gobierno, también se dio luz verde, sin considerar las consecuencias ambientales que expertos han puesto sobre la mesa.
Quedan de lado las razones basadas y sustentadas en información comprobable y llevada a cabo por expertos en los temas, no en el ánimo de los ciudadanos, que, en esta última, votaron sin estar al tanto del daño que conlleva la termoeléctrica, no sólo a los campesinos sino a cualquiera que viva cerca. La consulta se realizó en 36 municipios de Morelos; 15 municipios de Puebla, y 9 municipios de Tlaxcala.
Además, se viola la Constitución mexicana, en el artículo 35, que sostiene que no se puede llevar a consulta popular la restricción de Derechos Humanos, en este caso, se les privará de agua a los campesinos, uno de los derechos básicos universales. Los resultados son dudosos, no hubo una instancia autónoma, como el INE, que realizara un conteo de los sufragios. Además de la violación del Convenio 169 de la OIT, que defiende el derecho a otorgar o no su consentimiento a los pueblos afectados en proyectos de inversión y desarrollo.
AMLO aseguró que un organismo internacional hará dictámenes sobre la calidad del agua y la no contaminación, “para que no quede la menor duda de que no podríamos, de ninguna manera, llevar a cabo una actividad económica por importante que sea, afectando el medio ambiente, contaminando el agua, dañando el territorio”. Pero esto debió hacerse desde antes de comenzar los trabajos para la hidroeléctrica.
La advertencia de que el proyecto tiene un impacto negativo pues se trata de una zona de peligro eruptivo, muy próxima al volcán Popocatépetl, al igual que el desvío del agua del río Cuautla a la planta para generar electricidad, cuando ésta es vital para el riego de los cultivos en el área, son ignorados por el gobierno que recién empieza, al que eligieron estos mismos ciudadanos bajo la promesa de “no les voy a fallar”.
Las tierras y el agua que el General Emiliano Zapata defendió con su sangre junto a miles de campesinos, a quienes México les debe dignidad y libertad, se esfuman con el argumento de que es por el bien general y la mayoría así lo decidió, como se escuchaba en tiempos de caciques.
De acuerdo con los resultados de la consulta, el 59.5 por ciento votó a favor de la termoeléctrica de Huexca. Pero las organizaciones civiles, especialmente el Frente la catalogó como amañada porque falta información a los ciudadanos. A ellos sólo les hablan del beneficio del bajo costo de la luz y la pérdida económica que implicaría cancelar el proyecto (25 mil mdp), pero existen razones válidas que demuestran que no es la mejor opción para proveer de energía al estado de Morelos.
Por lo pronto, los que están en contra ya anunciaron que fortalecerán el plantón de Apatlaco, que se mantiene desde hace algunos años en Ayala. El fin de semana de la consulta, los habitantes de Huexca, donde afecta directamente este proyecto, en lugar de ir a las urnas juntaron firmas contra el megaproyecto en una asamblea popular, que es como se organizan bajo el régimen de usos y costumbres. Desde el inicio de la obra, en 2010, ejidatarios se han organizado para evitar la obra, intensificaron las acciones durante el mandato de Graco Ramírez, cuando en 2015, 32 ejidos encabezados por Jorge Zapata, nieto del Caudillo del Sur, hicieron un plantón a 500 metros de la planta tratadora de agua pero fueron agredidos por policías y elementos de seguridad privada, en otra ocasión llegó el Mando Único a golpearlos.
Las consultas que el gobierno federal lleva a cabo para imponer sus planes de “desarrollo” son una muestra de que en realidad está ignorando lo que los ciudadanos quieren. Los resultados de esta votación fueron de un 60% a favor y un 40% en contra. Pero participaron 55 mil personas de un censo de millón y medio. Incluso el Instituto Nacional Electoral se hizo a un lado, tras considerar que no hay base constitucional en ellas, es decir, son ilegales. Era claro que con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México la mayoría se negaba a seguir con la construcción; y se hizo una votación donde esa negativa arrasó con todo y las millonarias pérdidas de 120 mil millones de pesos invertidos. En la consulta para el Tren Maya, el proyecto estrella de este gobierno, también se dio luz verde, sin considerar las consecuencias ambientales que expertos han puesto sobre la mesa.
Quedan de lado las razones basadas y sustentadas en información comprobable y llevada a cabo por expertos en los temas, no en el ánimo de los ciudadanos, que, en esta última, votaron sin estar al tanto del daño que conlleva la termoeléctrica, no sólo a los campesinos sino a cualquiera que viva cerca. La consulta se realizó en 36 municipios de Morelos; 15 municipios de Puebla, y 9 municipios de Tlaxcala.
Además, se viola la Constitución mexicana, en el artículo 35, que sostiene que no se puede llevar a consulta popular la restricción de Derechos Humanos, en este caso, se les privará de agua a los campesinos, uno de los derechos básicos universales. Los resultados son dudosos, no hubo una instancia autónoma, como el INE, que realizara un conteo de los sufragios. Además de la violación del Convenio 169 de la OIT, que defiende el derecho a otorgar o no su consentimiento a los pueblos afectados en proyectos de inversión y desarrollo.
AMLO aseguró que un organismo internacional hará dictámenes sobre la calidad del agua y la no contaminación, “para que no quede la menor duda de que no podríamos, de ninguna manera, llevar a cabo una actividad económica por importante que sea, afectando el medio ambiente, contaminando el agua, dañando el territorio”. Pero esto debió hacerse desde antes de comenzar los trabajos para la hidroeléctrica.
La advertencia de que el proyecto tiene un impacto negativo pues se trata de una zona de peligro eruptivo, muy próxima al volcán Popocatépetl, al igual que el desvío del agua del río Cuautla a la planta para generar electricidad, cuando ésta es vital para el riego de los cultivos en el área, son ignorados por el gobierno que recién empieza, al que eligieron estos mismos ciudadanos bajo la promesa de “no les voy a fallar”.
Las tierras y el agua que el General Emiliano Zapata defendió con su sangre junto a miles de campesinos, a quienes México les debe dignidad y libertad, se esfuman con el argumento de que es por el bien general y la mayoría así lo decidió, como se escuchaba en tiempos de caciques.
A pesar de que la mayoría de los pueblos afectados por la construcción de la termoeléctrica de Huexca dijeron no a este proyecto de muerte, el gobierno federal seguirá con la construcción de 140 metros restantes para que ésta pueda funcionar, tras calificar como exitosa una consulta plagada de violencia y escasa participación, y la que previamente se manchó con el asesinato del activista Samir Flores, del cual el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua responsabilizó directamente al gobierno federal.
De acuerdo con los resultados de la consulta, el 59.5 por ciento votó a favor de la termoeléctrica de Huexca. Pero las organizaciones civiles, especialmente el Frente la catalogó como amañada porque falta información a los ciudadanos. A ellos sólo les hablan del beneficio del bajo costo de la luz y la pérdida económica que implicaría cancelar el proyecto (25 mil mdp), pero existen razones válidas que demuestran que no es la mejor opción para proveer de energía al estado de Morelos.
Por lo pronto, los que están en contra ya anunciaron que fortalecerán el plantón de Apatlaco, que se mantiene desde hace algunos años en Ayala. El fin de semana de la consulta, los habitantes de Huexca, donde afecta directamente este proyecto, en lugar de ir a las urnas juntaron firmas contra el megaproyecto en una asamblea popular, que es como se organizan bajo el régimen de usos y costumbres. Desde el inicio de la obra, en 2010, ejidatarios se han organizado para evitar la obra, intensificaron las acciones durante el mandato de Graco Ramírez, cuando en 2015, 32 ejidos encabezados por Jorge Zapata, nieto del Caudillo del Sur, hicieron un plantón a 500 metros de la planta tratadora de agua pero fueron agredidos por policías y elementos de seguridad privada, en otra ocasión llegó el Mando Único a golpearlos.
Las consultas que el gobierno federal lleva a cabo para imponer sus planes de “desarrollo” son una muestra de que en realidad está ignorando lo que los ciudadanos quieren. Los resultados de esta votación fueron de un 60% a favor y un 40% en contra. Pero participaron 55 mil personas de un censo de millón y medio. Incluso el Instituto Nacional Electoral se hizo a un lado, tras considerar que no hay base constitucional en ellas, es decir, son ilegales. Era claro que con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México la mayoría se negaba a seguir con la construcción; y se hizo una votación donde esa negativa arrasó con todo y las millonarias pérdidas de 120 mil millones de pesos invertidos. En la consulta para el Tren Maya, el proyecto estrella de este gobierno, también se dio luz verde, sin considerar las consecuencias ambientales que expertos han puesto sobre la mesa.
Quedan de lado las razones basadas y sustentadas en información comprobable y llevada a cabo por expertos en los temas, no en el ánimo de los ciudadanos, que, en esta última, votaron sin estar al tanto del daño que conlleva la termoeléctrica, no sólo a los campesinos sino a cualquiera que viva cerca. La consulta se realizó en 36 municipios de Morelos; 15 municipios de Puebla, y 9 municipios de Tlaxcala.
Además, se viola la Constitución mexicana, en el artículo 35, que sostiene que no se puede llevar a consulta popular la restricción de Derechos Humanos, en este caso, se les privará de agua a los campesinos, uno de los derechos básicos universales. Los resultados son dudosos, no hubo una instancia autónoma, como el INE, que realizara un conteo de los sufragios. Además de la violación del Convenio 169 de la OIT, que defiende el derecho a otorgar o no su consentimiento a los pueblos afectados en proyectos de inversión y desarrollo.
AMLO aseguró que un organismo internacional hará dictámenes sobre la calidad del agua y la no contaminación, “para que no quede la menor duda de que no podríamos, de ninguna manera, llevar a cabo una actividad económica por importante que sea, afectando el medio ambiente, contaminando el agua, dañando el territorio”. Pero esto debió hacerse desde antes de comenzar los trabajos para la hidroeléctrica.
La advertencia de que el proyecto tiene un impacto negativo pues se trata de una zona de peligro eruptivo, muy próxima al volcán Popocatépetl, al igual que el desvío del agua del río Cuautla a la planta para generar electricidad, cuando ésta es vital para el riego de los cultivos en el área, son ignorados por el gobierno que recién empieza, al que eligieron estos mismos ciudadanos bajo la promesa de “no les voy a fallar”.
Las tierras y el agua que el General Emiliano Zapata defendió con su sangre junto a miles de campesinos, a quienes México les debe dignidad y libertad, se esfuman con el argumento de que es por el bien general y la mayoría así lo decidió, como se escuchaba en tiempos de caciques.
De acuerdo con los resultados de la consulta, el 59.5 por ciento votó a favor de la termoeléctrica de Huexca. Pero las organizaciones civiles, especialmente el Frente la catalogó como amañada porque falta información a los ciudadanos. A ellos sólo les hablan del beneficio del bajo costo de la luz y la pérdida económica que implicaría cancelar el proyecto (25 mil mdp), pero existen razones válidas que demuestran que no es la mejor opción para proveer de energía al estado de Morelos.
Por lo pronto, los que están en contra ya anunciaron que fortalecerán el plantón de Apatlaco, que se mantiene desde hace algunos años en Ayala. El fin de semana de la consulta, los habitantes de Huexca, donde afecta directamente este proyecto, en lugar de ir a las urnas juntaron firmas contra el megaproyecto en una asamblea popular, que es como se organizan bajo el régimen de usos y costumbres. Desde el inicio de la obra, en 2010, ejidatarios se han organizado para evitar la obra, intensificaron las acciones durante el mandato de Graco Ramírez, cuando en 2015, 32 ejidos encabezados por Jorge Zapata, nieto del Caudillo del Sur, hicieron un plantón a 500 metros de la planta tratadora de agua pero fueron agredidos por policías y elementos de seguridad privada, en otra ocasión llegó el Mando Único a golpearlos.
Las consultas que el gobierno federal lleva a cabo para imponer sus planes de “desarrollo” son una muestra de que en realidad está ignorando lo que los ciudadanos quieren. Los resultados de esta votación fueron de un 60% a favor y un 40% en contra. Pero participaron 55 mil personas de un censo de millón y medio. Incluso el Instituto Nacional Electoral se hizo a un lado, tras considerar que no hay base constitucional en ellas, es decir, son ilegales. Era claro que con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México la mayoría se negaba a seguir con la construcción; y se hizo una votación donde esa negativa arrasó con todo y las millonarias pérdidas de 120 mil millones de pesos invertidos. En la consulta para el Tren Maya, el proyecto estrella de este gobierno, también se dio luz verde, sin considerar las consecuencias ambientales que expertos han puesto sobre la mesa.
Quedan de lado las razones basadas y sustentadas en información comprobable y llevada a cabo por expertos en los temas, no en el ánimo de los ciudadanos, que, en esta última, votaron sin estar al tanto del daño que conlleva la termoeléctrica, no sólo a los campesinos sino a cualquiera que viva cerca. La consulta se realizó en 36 municipios de Morelos; 15 municipios de Puebla, y 9 municipios de Tlaxcala.
Además, se viola la Constitución mexicana, en el artículo 35, que sostiene que no se puede llevar a consulta popular la restricción de Derechos Humanos, en este caso, se les privará de agua a los campesinos, uno de los derechos básicos universales. Los resultados son dudosos, no hubo una instancia autónoma, como el INE, que realizara un conteo de los sufragios. Además de la violación del Convenio 169 de la OIT, que defiende el derecho a otorgar o no su consentimiento a los pueblos afectados en proyectos de inversión y desarrollo.
AMLO aseguró que un organismo internacional hará dictámenes sobre la calidad del agua y la no contaminación, “para que no quede la menor duda de que no podríamos, de ninguna manera, llevar a cabo una actividad económica por importante que sea, afectando el medio ambiente, contaminando el agua, dañando el territorio”. Pero esto debió hacerse desde antes de comenzar los trabajos para la hidroeléctrica.
La advertencia de que el proyecto tiene un impacto negativo pues se trata de una zona de peligro eruptivo, muy próxima al volcán Popocatépetl, al igual que el desvío del agua del río Cuautla a la planta para generar electricidad, cuando ésta es vital para el riego de los cultivos en el área, son ignorados por el gobierno que recién empieza, al que eligieron estos mismos ciudadanos bajo la promesa de “no les voy a fallar”.
Las tierras y el agua que el General Emiliano Zapata defendió con su sangre junto a miles de campesinos, a quienes México les debe dignidad y libertad, se esfuman con el argumento de que es por el bien general y la mayoría así lo decidió, como se escuchaba en tiempos de caciques.
Desde el Centro
La catedrática y exdirectora general del Patronato de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Elida Treviño Siller, enfrenta discriminación por edad y género para contender por la Rectoría de esa casa de estudios a pesar de contar con una suspensión definitiva, otorgada por un juez federal, en contra de que se le aplique el requisito de tener menos de 65 años de edad para participar en el proceso de selección… El combate a la corrupción es la base del esquema planteado para el campo en la Cuarta Transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señala que la entrega directa de recursos a los trabajadores del agro es la principal acción para dar transparencia y elevar la productividad en todo el país, principalmente en los cultivos básicos. Para esto, es necesario erradicar el clientelismo político que victimiza a los más pobres del sector rural, por medio de los dirigentes de las organizaciones, confederaciones y agrupaciones campesinas, quienes los utilizan como carne de cañón, anzuelo y ariete para presionar la entrega de recursos por parte de gobiernos estatales y federal…
Siguiendo con la entrega de premios en la que los mexicanos nos vimos inmersos con los premios Oscar, podría decirse que el gran ganador de la Guardia Nacional fue el senador Ricardo Monreal Ávila, quien fue uno de los pesos y contrapesos que tuvo el Gobierno Federal, el Senado de la República y el partido Morena. Tal vez el tema más difícil que se haya concretado hasta el día de hoy es la resolución de la Guardia Nacional, donde el senador se llevó las palmas por parte del Presidente López Obrador, de sus compañeros legis- ladores en ambas cámaras y de la sociedad civil que luchó para que la guardia nacional tuviera un mando civil y no militar… Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados, Martí Batres Guadarrama, calificó como exitoso el trabajo que realizó Ricardo Monreal, en su doble función de coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para lograr el consenso y el voto unánime a favor de la Guardia Nacional.
abicorrea79@hotmail.com
