Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el ocultamiento y destrucción de videograbaciones consideradas fundamentales para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
De acuerdo con la investigación federal, el exmandatario habría ordenado retirar las grabaciones captadas por las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, las cuales registraron los últimos momentos en que un grupo de los normalistas fue visto con vida la noche del 26 de septiembre de 2014.
Según la indagatoria, los videos de las cámaras 12 y 15 mostraban el paso del autobús Estrella de Oro 1531, una de las unidades utilizadas por los estudiantes durante los hechos ocurridos en Iguala. Durante varios años, las autoridades sostuvieron que esas imágenes no existían debido a supuestas fallas en el sistema de videovigilancia.
Las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la organización Forensic Architecture concluyeron que el autobús fue interceptado frente al Palacio de Justicia por elementos de distintas corporaciones policiales. De acuerdo con esa reconstrucción, los estudiantes fueron obligados a descender de la unidad y posteriormente trasladados por agentes de seguridad, siendo ese el último registro conocido de ese grupo antes de su desaparición.
El expediente de la FGR también incorpora el testimonio del conductor del autobús, quien declaró haber sido retenido por policías y escuchado instrucciones relacionadas con los estudiantes antes de que finalmente se le permitiera abandonar el lugar.
La Fiscalía sostiene que el GIEI confirmó desde 2015 la existencia de las videograbaciones mediante información obtenida de integrantes del Poder Judicial de Guerrero. Sin embargo, las autoridades encargadas de la investigación en ese momento no realizaron acciones para asegurar o recuperar ese material.
Asimismo, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) documentó reuniones entre autoridades federales y estatales realizadas después de la desaparición de los estudiantes, en las que presuntamente se construyó la denominada «verdad histórica». De acuerdo con las investigaciones, Ángel Aguirre habría participado en algunos de esos encuentros, aunque él ha negado reiteradamente cualquier intervención.
La nueva línea de investigación se fortaleció durante 2026 con las declaraciones de dos testigos colaboradores. Según la FGR, uno de ellos identificó a la persona que habría retirado las grabaciones para entregarlas al entonces gobernador, mientras que el segundo aseguró que Aguirre Rivero ordenó eliminar cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en Iguala.
Con base en estos elementos, un juez federal autorizó una orden de aprehensión que fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre la autopista México-Querétaro.
Tras su captura, el exgobernador fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como «El Altiplano», donde enfrentará un proceso penal por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.
Hasta el momento, Ángel Aguirre Rivero no ha emitido una nueva postura pública sobre las acusaciones. Conforme al principio de presunción de inocencia, su situación jurídica será determinada por las autoridades judiciales durante el proceso.
