La Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene abiertas líneas de investigación relacionadas con posibles vínculos entre integrantes del Partido del Trabajo (PT) y grupos de la delincuencia organizada, de acuerdo con declaraciones atribuidas al fiscal general Federico Fernández Montañez.
Según lo señalado por el funcionario, las indagatorias incluyen a legisladores federales y a un diputado local. Hasta el momento, la autoridad no ha informado públicamente que alguno de los legisladores mencionados haya sido imputado o condenado por delitos relacionados con delincuencia organizada.
Las declaraciones del fiscal se produjeron en respuesta a cuestionamientos sobre las críticas realizadas por el diputado federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, en torno a la actuación de las autoridades estatales en materia de seguridad.
Fernández Montañez cuestionó que el tema de la seguridad sea utilizado con fines políticos y sostuvo que Mejía Berdeja tuvo anteriormente responsabilidades en materia de seguridad pública a nivel federal. El fiscal consideró que las diferencias políticas no deben trasladarse a un asunto que, dijo, constituye una de las principales preocupaciones de la población de Coahuila.
El intercambio ocurre después de una serie de confrontaciones entre el legislador petista y autoridades estatales. En junio pasado, Mejía Berdeja presentó una solicitud de juicio político contra el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el propio fiscal, a quienes acusó de intervenir indebidamente durante el proceso electoral local y de utilizar a corporaciones de seguridad contra integrantes de Morena y del PT. Las acusaciones fueron planteadas por el legislador como parte de un procedimiento político y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial.
Uno de los antecedentes recientes relacionados con el PT en Coahuila corresponde al diputado local Antonio Flores Guerra. El 9 de junio de 2026, el legislador y su hermana, la exalcaldesa de Múzquiz Tania Flores Guerra, fueron detenidos después de un incidente registrado durante una revisión de seguridad en la Región Carbonífera. La Fiscalía estatal sostuvo que la intervención derivó de un procedimiento policial y descartó que la actuación hubiera obedecido a una persecución política.
En febrero de este año, además, Flores Guerra había promovido un amparo ante un juzgado federal al señalar que existían indicios de una posible orden de aprehensión en su contra. El expediente involucró como autoridades señaladas a diversas instituciones de seguridad y procuración de justicia, aunque la suspensión concedida por el juez no implicaba una resolución sobre su responsabilidad penal.
El nombre de Antonio Flores Guerra también ha aparecido en señalamientos públicos relacionados con presuntas actividades delictivas en la Región Carbonífera. Sin embargo, tales señalamientos deben distinguirse de una eventual imputación formal y de una sentencia judicial. La información disponible públicamente no permite establecer que el diputado haya sido declarado responsable penalmente de mantener vínculos con una organización criminal.
Otro antecedente mencionado en el contexto político de Ricardo Mejía Berdeja es el asesinato de Salvador Llamas Urbina, ocurrido en octubre de 2022 en un restaurante de Guadalajara. Llamas era consejero nacional de Morena, funcionario municipal de Puerto Vallarta y había participado en actividades políticas relacionadas con Mejía Berdeja durante el periodo en que éste buscaba la candidatura al gobierno de Coahuila.
Tras el homicidio, el entonces subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, informó que las autoridades investigaban el caso y que se habían identificado al menos ocho personas involucradas en los hechos. También señaló que el modus operandi presentaba similitudes con el asesinato del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval.
La relación política que existió entre Llamas Urbina y Mejía Berdeja ha sido documentada por distintos medios, pero ese antecedente no constituye evidencia, por sí mismo, de responsabilidad penal o de vínculos delictivos por parte del actual diputado federal.
En este contexto, la Fiscalía de Coahuila mantiene la facultad de investigar posibles hechos constitutivos de delito y determinar, mediante las carpetas correspondientes, si existen elementos suficientes para proceder ante los tribunales.
Hasta ahora, de acuerdo con la información pública disponible, no se ha dado a conocer una resolución judicial que establezca responsabilidad penal de los legisladores señalados por presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada. Cualquier imputación deberá sujetarse a las investigaciones ministeriales y, en su caso, al debido proceso ante las autoridades judiciales.
