El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes busquen la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El dictamen modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue aprobado el 29 de septiembre con 86 votos a favor y 42 en contra, tanto en lo general como en lo particular.
La reforma establece que las personas mexicanas por nacimiento que tengan una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura para alguno de esos cargos.
La medida no se limita al momento de la candidatura. El proyecto también contempla que quienes ejerzan la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad durante el desempeño del cargo.
Asimismo, se plantean restricciones para utilizar pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, ejercer derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera o solicitar protección diplomática de otro país mientras se ocupa alguno de los cargos señalados.
El Senado turnó el proyecto a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para continuar el procedimiento establecido en el artículo 135 constitucional. Por tratarse de una reforma constitucional, todavía debe completarse ese proceso antes de su entrada en vigor.
La propuesta fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y previamente había sido aprobada por la Cámara de Diputados. El argumento planteado por sus promotores es que quienes encabecen los poderes ejecutivos federal y estatales deben mantener una vinculación exclusiva con México en el ejercicio de sus responsabilidades.
Durante la discusión en el Senado también hubo oposición al proyecto. Legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron que la medida pueda afectar los derechos políticos de mexicanos que adquirieron una segunda nacionalidad, particularmente de quienes viven o han vivido en el extranjero.
Entre los argumentos expresados durante el debate estuvo la diferencia entre tener una segunda nacionalidad y mantener una lealtad política hacia otro Estado. Los opositores sostuvieron que la doble nacionalidad no determina por sí misma la participación política ni el compromiso de una persona con México.
De acuerdo con información difundida durante la sesión del Senado, la reforma está planteada para aplicarse al proceso electoral de 2028, una vez que concluya el procedimiento de reforma constitucional correspondiente.
El cambio, de concretarse, modificaría las condiciones de registro para las candidaturas a los principales cargos ejecutivos del país. Las personas con doble nacionalidad que pretendan competir por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno deberán cumplir con el nuevo requisito de nacionalidad única.
