El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó ampliar la aplicación de la pena de muerte para grandes narcotraficantes, tratantes de personas y personas que asesinen a agentes de la ley, como parte de una agenda de endurecimiento de las políticas de seguridad.
Trump hizo el planteamiento durante un mitin político en Mobile, Alabama, donde también cuestionó las políticas de algunos estados que permiten la libertad de personas acusadas de delitos sin el pago de una fianza en efectivo. El mandatario relacionó este sistema con el incremento de la criminalidad.
Durante su discurso, Trump afirmó que buscará que el Congreso apruebe la pena capital para los grandes traficantes de drogas, los tratantes de personas y quienes maten a policías o integrantes de las fuerzas del orden. La propuesta forma parte de sus mensajes de campaña rumbo a las elecciones legislativas de noviembre.
La iniciativa supondría una ampliación de las circunstancias en las que podría solicitarse la pena de muerte a nivel federal. La legislación estadounidense ya contempla la pena capital en determinados delitos relacionados con el narcotráfico cuando concurren circunstancias específicas, como el asesinato intencional de una persona o de un agente de la ley durante determinadas actividades delictivas.
Por ello, la declaración de Trump representa una propuesta para modificar o ampliar el marco legal existente, no la creación inmediata de una nueva pena. Para establecer nuevos delitos sujetos a la pena capital sería necesario que el Congreso aprobara los cambios correspondientes.
El Departamento de Justicia ha reforzado durante la administración Trump su política federal de aplicación de la pena de muerte. En abril de 2026 informó que había adoptado medidas para agilizar los procedimientos relacionados con las sentencias capitales y restablecer mecanismos de ejecución utilizados durante la primera administración Trump.
La propuesta contra los narcotraficantes también se inscribe en la estrategia del gobierno estadounidense contra el tráfico de drogas. La Casa Blanca ha presentado el combate a los cárteles y al tráfico de fentanilo como una prioridad de seguridad nacional y ha impulsado medidas contra organizaciones criminales y redes de tráfico de drogas.
Además de la pena de muerte, Trump ha planteado eliminar las políticas conocidas como “no cash bail”, que permiten que determinados acusados obtengan su libertad durante el proceso judicial sin entregar dinero como garantía. El presidente sostiene que estas medidas favorecen la reincidencia y contribuyen al aumento del crimen, aunque esa relación forma parte de su argumento político y no constituye por sí misma una conclusión general sobre todos los sistemas de fianza.
En el mismo contexto, Trump reiteró su propuesta de entregar un pago de 5 mil dólares a cada ciudadano adulto de Estados Unidos si el Partido Republicano conserva el control de la Cámara de Representantes y el Senado después de las elecciones de noviembre.
El mandatario ha denominado a este eventual pago “dividendo Trump” y sostiene que podría financiarse con los ingresos derivados de los aranceles y con el crecimiento económico que atribuye a su administración.
Sin embargo, el pago todavía no está autorizado por el Congreso. FactCheck.org estimó que entregar 5 mil dólares a cada ciudadano estadounidense mayor de edad tendría un costo aproximado de 1.2 billones de dólares, mientras que los ingresos por aranceles registrados hasta el momento serían insuficientes para cubrir por sí solos esa cantidad.
Trump también ha afirmado que durante los primeros 15 meses de su administración se han comprometido inversiones por 21 billones de dólares en Estados Unidos. Esa cifra corresponde a una afirmación del propio presidente realizada durante sus actos públicos y no debe confundirse con una cifra oficial de gasto o inversión gubernamental.
El mandatario utilizó igualmente como referencia un pago de 1,776 dólares entregado a integrantes de las Fuerzas Armadas, cantidad vinculada simbólicamente con el año de la independencia estadounidense. Trump presentó ese pago como antecedente de que su administración puede implementar medidas que anteriormente parecían difíciles de concretar.
Las propuestas sobre la pena de muerte y el denominado “dividendo Trump” forman parte de los mensajes con los que el presidente busca respaldar a los candidatos republicanos de cara a las elecciones legislativas. En el caso de la pena capital, cualquier ampliación de los delitos que puedan recibir esa sanción requeriría modificaciones legales y el correspondiente proceso legislativo.
