La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo endureció sus cuestionamientos sobre la participación de autoridades estadounidenses en proyectos de seguridad en México, al exigir que cualquier esquema de cooperación internacional se ajuste a las leyes mexicanas.
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7/17/2025 1:22:27 PM
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El señalamiento surgió por la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, cuya primera piedra fue colocada el 2 de octubre por el gobernador Mauricio Kuri González y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.
Durante sus conferencias del 5 y 6 de octubre, Sheinbaum cuestionó que el proyecto se hubiera presentado sin la participación de las principales autoridades federales responsables de seguridad y relaciones exteriores. La presidenta sostuvo que cualquier colaboración internacional en materia de seguridad debe realizarse mediante los mecanismos establecidos por el Gobierno federal.
Sheinbaum aclaró que el Gobierno de México no se opone a la cooperación con Estados Unidos, pero insistió en que ésta debe sujetarse a la legislación nacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores fue instruida para establecer comunicación con Kuri y Johnson sobre los alcances del proyecto.
El caso también generó una diferencia sobre el nivel de conocimiento de las autoridades federales. Mientras Sheinbaum cuestionó que dependencias federales no hubieran sido convocadas, la Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que su titular, Víctor Antonio de Jesús Hernández, participó en el acto de colocación de la primera piedra.
La postura de la presidenta se relaciona con el discurso que ha mantenido respecto a la relación con Estados Unidos. En junio de 2025 afirmó que México busca coordinación y cooperación con Washington, pero sin subordinación, y sostuvo que cualquier señalamiento contra instituciones o personas debe sustentarse en pruebas.
Ese mismo criterio ha sido utilizado por Sheinbaum ante cuestionamientos sobre integrantes de Morena señalados por posibles vínculos con organizaciones criminales.
Uno de los casos más relevantes ha sido el de Adán Augusto López Hernández, después de que Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad Pública durante su gobierno en Tabasco, fuera señalado por autoridades por sus presuntos vínculos con una organización criminal.
En julio de 2025, Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal no había solicitado una investigación contra López Hernández y señaló que correspondía a las fiscalías determinar, mediante investigaciones y pruebas, si existía algún elemento que pudiera relacionarlo con las actividades atribuidas a Bermúdez Requena.
La presidenta reiteró entonces que el Gobierno no debía proteger a nadie, pero que las responsabilidades debían establecerse a partir de pruebas y no de dichos o suposiciones.
Otro caso ha sido el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha enfrentado cuestionamientos relacionados con presuntos vínculos con grupos criminales.
En mayo de 2026, Sheinbaum dijo no tener conocimiento de una investigación contra Rocha Moya. También señaló que una declaración pública del entonces candidato sobre la posibilidad de llegar a acuerdos con organizaciones criminales constituía una opinión, pero que eso no demostraba por sí mismo la existencia de acuerdos con grupos delictivos.
En otra conferencia de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el Gabinete de Seguridad no había detectado conductas ilícitas de Rocha Moya y que tampoco existía una investigación en su contra por parte de esa instancia.
La propia Sheinbaum ha utilizado el argumento de las pruebas también frente a señalamientos provenientes de Estados Unidos. En mayo de 2026 sostuvo que México requiere elementos probatorios antes de proceder contra una persona y que las investigaciones corresponden a las autoridades competentes.
De esta manera, la posición presidencial en ambos escenarios parte de criterios distintos según el asunto: en la cooperación internacional en materia de seguridad, Sheinbaum ha reclamado el cumplimiento de los procedimientos y de la legislación mexicana; ante acusaciones contra políticos de Morena, ha insistido en que cualquier responsabilidad debe establecerse mediante investigaciones y pruebas.
La diferencia entre ambos casos también tiene una dimensión jurídica. El cuestionamiento a la academia policial de Querétaro se refiere a los procedimientos para la cooperación internacional, mientras que determinar la existencia de vínculos con organizaciones criminales implicaría acreditar hechos que eventualmente podrían generar responsabilidades administrativas o penales.
