El Gobierno federal prepara ajustes a la reforma constitucional que limita las llamadas pensiones doradas de exfuncionarios públicos, luego de identificar diferencias en la interpretación de las disposiciones que establecen el monto máximo de estos pagos.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal trabaja en una modificación para precisar el alcance de la reforma al artículo 127 de la Constitución.
La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2026 estableció que las jubilaciones y pensiones del personal de confianza comprendido en la norma no deben exceder la mitad de la remuneración correspondiente a la persona titular del Ejecutivo Federal.
El objetivo de la nueva modificación es aclarar la aplicación de las disposiciones y evitar interpretaciones distintas sobre el límite que debe utilizarse en determinados casos.
La reforma constitucional alcanza a personal de confianza de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos, entre otras entidades de los gobiernos federal, estatales y municipales.
El cambio no contempla a todos los trabajadores del sector público. La propia reforma establece excepciones, entre ellas las fuerzas armadas y determinadas pensiones derivadas de sistemas de ahorro individual, aportaciones sindicales y la pensión no contributiva prevista en el artículo 4 constitucional.
Desde febrero, el Gobierno federal había planteado la reforma como una medida para reducir pensiones consideradas excesivas entre exservidores públicos de alto nivel. La iniciativa señalaba que algunos casos alcanzaban montos de hasta un millón de pesos mensuales.
La reforma fue aprobada por el Congreso y posteriormente recibió el aval de 20 congresos estatales. El 8 de abril se emitió la declaratoria de reforma constitucional y el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril.
La aplicación del nuevo límite también ha generado cuestionamientos sobre las pensiones de exfuncionarios de instituciones con regímenes particulares.
Uno de los casos mencionados por la presidenta es el Banco de México. La institución tiene autonomía constitucional y no quedó incorporada directamente en el alcance de la reforma, por lo que sus esquemas de jubilación tienen un tratamiento distinto.
Sheinbaum ha planteado que corresponde al propio Banco de México revisar las prestaciones de sus antiguos altos funcionarios, sin afectar los derechos de los trabajadores que cuentan con esquemas ordinarios de jubilación.
Con el nuevo ajuste, el Gobierno federal busca precisar la aplicación de la reforma y establecer con mayor claridad qué pensiones deben sujetarse al límite constitucional y bajo qué condiciones.
Con información de: Presidencia de la República
