La presidenta Claudia Sheinbaum habría cuestionado a integrantes de su equipo de seguridad e inteligencia por el bloqueo de cuentas bancarias de personas y empresas señaladas por Estados Unidos, de acuerdo con un reporte publicado por The Wall Street Journal.
Según el diario estadounidense, la reunión habría ocurrido la semana pasada durante las primeras horas del día en Palacio Nacional y habría involucrado a funcionarios de alto nivel del área de seguridad. El encuentro no ha sido confirmado oficialmente por el Gobierno de México.
Entre los funcionarios que habrían participado se encuentra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo con las fuentes citadas por el diario, Sheinbaum cuestionó que sus colaboradores asumieran que las autoridades estadounidenses contaban con pruebas suficientes para sustentar los señalamientos contra los mexicanos incluidos en las sanciones.
El reporte señala que la presidenta finalmente aceptó el bloqueo de las cuentas ante la posibilidad de generar una nueva tensión en la relación entre México y Estados Unidos.
Los voceros de Sheinbaum y García Harfuch no hicieron comentarios sobre la reunión reportada por The Wall Street Journal.
El episodio está relacionado con las sanciones anunciadas el 29 de septiembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 21 personas y 25 empresas vinculadas, según las autoridades estadounidenses, con redes del Cártel de Sinaloa y actividades de corrupción en Baja California.
Entre las personas sancionadas se encuentra Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. El Departamento del Tesoro estadounidense lo señaló por presuntos vínculos con una estructura relacionada con el Cártel de Sinaloa.
También fue señalado Luis Torres, hermano de Carlos Torres, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con actividades financieras presuntamente vinculadas con recursos ilícitos.
Los señalamientos fueron realizados por autoridades de Estados Unidos y no constituyen por sí mismos una sentencia judicial en México.
Marina del Pilar Ávila ha rechazado irregularidades relacionadas con el caso. El Gobierno de Baja California también ha señalado que la gobernadora está legalmente divorciada de Carlos Torres y que ella no forma parte de la lista de personas sancionadas por Estados Unidos.
Después del anuncio de las sanciones estadounidenses, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a los 46 sujetos designados por la OFAC, entre ellos 21 personas físicas y 25 personas morales.
La UIF explicó que, al analizar la información financiera disponible en México, identificó operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones del sistema financiero, por lo que determinó adoptar medidas preventivas.
El organismo mexicano precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas no representa una determinación definitiva ni implica acreditar responsabilidad alguna. También señaló que las personas afectadas cuentan con medios de defensa y garantías previstas en la legislación.
El caso ocurre en medio de diferencias entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre la cooperación en materia de seguridad, las sanciones financieras y los señalamientos relacionados con organizaciones delictivas.
El reporte del Wall Street Journal coloca el episodio dentro de un contexto de mayor presión entre ambos países. Sheinbaum ha defendido públicamente la soberanía mexicana y ha cuestionado en distintas ocasiones acciones de autoridades estadounidenses cuando considera que no existen elementos suficientes hechos públicos que sustenten determinados señalamientos.
Hasta ahora, la reunión descrita por el diario estadounidense permanece sin confirmación oficial. La información sobre el supuesto intercambio entre la presidenta y funcionarios de seguridad proviene de fuentes citadas por The Wall Street Journal.
