Detienen a exsecretario de Finanzas de Michoacán por presunta red de extorsión

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Luis Miranda Contreras, exsecretario de Administración y Finanzas de Michoacán, fue detenido en Metepec, Estado de México, señalado por las autoridades como presunto líder de una organización dedicada a extorsionar a políticos, funcionarios públicos y empresarios mediante la suplantación de identidades.

La detención fue realizada por autoridades federales y estatales como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Junto con Miranda Contreras fueron detenidos su esposa, Liliana “N”; su hijo, Luis Samuel “N”; su hija, Aimee de Guadalupe “N”, y un hombre identificado como Agustín Arturo “N”, quien presuntamente trabajaba como escolta. Los cinco son investigados por su probable participación en las actividades de la organización.

De acuerdo con las indagatorias, el grupo habría utilizado nombres e identidades de funcionarios de la Presidencia de la República, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes del Gobierno del Estado de México, alcaldes y otros servidores públicos para obtener dinero o favores.

La investigación señala que los presuntos integrantes contactaban a sus víctimas mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto. En un primer acercamiento se presentaban como asistentes o colaboradores de funcionarios y figuras relevantes de los ámbitos político y empresarial, con el propósito de generar confianza y obtener información sobre sus actividades.

Posteriormente, utilizaban esos datos para hacerse pasar por personas con cargos de autoridad y solicitar pagos, apoyos económicos o favores relacionados con trámites, contrataciones y operaciones políticas. Para aparentar autenticidad, recurrían a fotografías, nombres, logotipos institucionales y otros elementos de identificación.

Las autoridades también reportaron el presunto uso de inteligencia artificial para imitar las voces de funcionarios y actores económicos. Según las investigaciones, esta tecnología habría servido para producir mensajes de audio destinados a reforzar el engaño y convencer a las víctimas de que mantenían comunicación con personas reales.

En las indagatorias se identificaron al menos 19 teléfonos de distintas marcas, además de tarjetas SIM que estarían relacionadas con las comunicaciones investigadas. Los equipos habrían sido utilizados para realizar llamadas y enviar mensajes a las personas afectadas.

Las autoridades señalaron que, debido a que las cuentas bancarias de Miranda Contreras estaban bloqueadas, los recursos presuntamente obtenidos mediante las extorsiones se solicitaban principalmente en efectivo. Cuando se requerían operaciones bancarias, la organización habría recurrido a una empresa de arquitectura y construcción vinculada con la hija del exfuncionario.

Parte del dinero presuntamente obtenido habría sido destinado a la adquisición de propiedades en zonas de alta plusvalía y vehículos de lujo. Durante las actuaciones en un inmueble de Metepec, los investigadores localizaron equipos telefónicos, tarjetas SIM y vehículos de alto valor.

Miranda Contreras ocupó cargos en la administración pública de Michoacán, entre ellos el de tesorero general y secretario de Administración y Finanzas, durante el periodo 2012-2013.

El exfuncionario también fue detenido en 2017 por su presunta participación en operaciones relacionadas con pagos por 26 millones 680 mil pesos a dos proveedores, que, según los antecedentes citados en la información, no se habrían concretado. Además, fue inhabilitado en Michoacán.

Los cinco detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez. El 6 de octubre fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión y se les impuso prisión preventiva justificada.

Las investigaciones continúan para determinar cuántas personas fueron afectadas, establecer el alcance de las operaciones y precisar la participación individual de los imputados. Las acusaciones deberán resolverse conforme al procedimiento judicial correspondiente.