La directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, advirtió que el gobierno de Donald Trump buscará responsabilizar a funcionarios públicos y particulares que colaboren con organizaciones del narcotráfico, sin importar el cargo que ocupen, incluidos los gobernadores.
La declaración fue difundida el jueves 8 de octubre de 2026, después de una entrevista concedida por Carter al medio Voz Media. En ella, la funcionaria reiteró que la estrategia estadounidense contempla actuar contra quienes ayuden o protejan a los cárteles de la droga.
Carter sostuvo que las autoridades de su país no harán distinciones por la posición política o social de las personas señaladas. Afirmó que quienes colaboren con estas organizaciones deberán enfrentar las consecuencias de sus actos.
La funcionaria también llamó a México a fortalecer la cooperación bilateral para combatir a los grupos criminales. Señaló que la coordinación entre ambos países es necesaria para desarticular las redes que permiten a los cárteles mantener sus operaciones.
Las declaraciones se producen en un contexto de tensión entre Washington y el Gobierno mexicano por las acusaciones estadounidenses contra funcionarios presuntamente relacionados con organizaciones criminales. Entre los casos recientes se encuentra el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por supuestos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa.
Las acusaciones contra Rocha Moya y otros servidores públicos han generado diferencias entre ambos gobiernos. Mientras las autoridades estadounidenses sostienen sus señalamientos, el Gobierno de México ha cuestionado la suficiencia de las pruebas presentadas y ha defendido que cualquier actuación debe ajustarse a los procedimientos legales correspondientes.
Carter encabeza la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, organismo encargado de coordinar la política federal estadounidense en esta materia. Su mensaje forma parte de la estrategia de la administración Trump contra los cárteles y las redes que presuntamente facilitan sus actividades.
La advertencia no constituye por sí misma una acusación judicial contra todos los funcionarios mencionados de manera general. Cualquier responsabilidad individual debe establecerse mediante investigaciones y procedimientos legales, con base en pruebas verificables.
