El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó nuevamente una propuesta para establecer reglas específicas de fiscalización de los procesos políticos anticipados a las precampañas, con miras a las elecciones federales y locales de 2027. La decisión se tomó el 8 de octubre, con siete votos en contra y cuatro a favor.
La propuesta buscaba establecer mecanismos para identificar el origen, monto y destino de los recursos utilizados en recorridos, reuniones, eventos, encuestas y propaganda de personas que buscan posicionarse políticamente antes del inicio formal de las precampañas.
Con esta votación, el organismo electoral descartó por quinta ocasión una iniciativa relacionada con la regulación de estas actividades, en medio de las diferencias entre las consejerías sobre las facultades del Instituto y los alcances de los lineamientos.
Durante la sesión, el consejero electoral Arturo Castillo defendió la necesidad de contar con reglas específicas para revisar oportunamente los gastos de estos procesos. Advirtió que las actividades de promoción política continúan y que esperar hasta la revisión ordinaria de los recursos de los partidos podría impedir que ciertos gastos se contabilicen a tiempo dentro de los límites legales de precampaña y campaña.
La propuesta contemplaba que los partidos políticos informaran al INE sobre las actividades relacionadas con estos procesos y que su propaganda pudiera identificarse. También planteaba establecer mecanismos de fiscalización anticipada, prohibir el uso de tiempos oficiales de radio y televisión para esas actividades y, cuando la autoridad competente determinara que existieron actos anticipados de precampaña o campaña, considerar los gastos correspondientes dentro de los topes establecidos.
Un caso que ejemplifica la discusión sobre la promoción política anticipada es el de la senadora de Morena, Andrea Chávez, denunciada en 2025 por presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos relacionados con caravanas y brigadas de salud en Chihuahua. El Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional cuestionaron la difusión de su imagen en estas unidades, al considerar que podían favorecer sus aspiraciones políticas.
En abril de 2025, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que la queja debía ser atendida por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, debido a que los hechos denunciados tenían efectos en esa entidad. Posteriormente, en febrero de 2026, el organismo electoral local desechó las acusaciones al considerar que no había elementos suficientes para acreditar actos anticipados de campaña ni el uso de recursos públicos, según reportes sobre la resolución. El caso muestra cómo las actividades de promoción política pueden generar controversias sobre los límites entre la difusión de acciones sociales y el posicionamiento electoral.
El debate también involucró los límites de las atribuciones del Instituto. La fiscalización de los recursos electorales corresponde al INE, pero la determinación de si una conducta constituye un acto anticipado de precampaña o campaña debe realizarse por la autoridad competente, conforme al ámbito y al procedimiento legal aplicable.
El rechazo de los lineamientos no significa que todos los gastos de promoción política queden exentos de revisión. Durante la discusión se señaló que el Instituto conserva facultades para investigar posibles aportaciones prohibidas, recursos no reportados y usos irregulares del financiamiento partidista, de acuerdo con la legislación electoral.
La decisión se produce después del inicio formal del proceso electoral federal 2026-2027, el 10 de septiembre. Las precampañas para las diputaciones federales están previstas del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, de acuerdo con el calendario aprobado por el organismo electoral.
La falta de aprobación de estas reglas mantiene abierto el debate sobre cómo fiscalizar de manera oportuna las actividades de posicionamiento político previas a las precampañas y cómo garantizar condiciones de equidad entre quienes participarán en las próximas contiendas.
