José C. Serrano Cuevas.
En la Cámara de Diputados las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales han concluido el proyecto de decreto que abroga la mal llamada reforma educativa, aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esta acción modifica el contenido de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A tres meses de haber ingresado la Iniciativa de Reforma en San Lázaro, los legisladores lograron modificar su contenido. Por lo que corresponde al artículo tercero, el Estado será el rector de la educación, que además de obligatoria será universal, pública, gratuita y laica.
En la iniciativa se reconoce a los profesores como agentes de cambio del proceso educativo. Los docentes tendrán derecho a acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización. Esto representa un giro de 180 grados, que echa por tierra las acciones punitivas de un Estado manipulado por organismos internacionales y por la cúpula empresarial siempre deseosa de adueñarse de la cosa pública.
Las páginas de la historia, escritas en la primera década del siglo XXI, recogen la propuesta de Elba Esther Gordillo Morales, ex presidenta (vitalicia) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de convertir a las escuelas normales en institutos de estudios de turismo y hotelería, para sepultar la orientación crítica en la formación de los futuros maestros. Por fortuna, esa peregrina idea nunca progresó.
El proyecto de los legisladores para derogar la reforma educativa privilegia el propósito de fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales.
Con respecto a las escuelas privadas se garantiza que podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. Sin embargo, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. Con esta medida se podrán establecer reglas de control más eficaces, sobre todo, en las preparatorias y universidades llamadas patito.
Es de sobra conocido, que este tipo de escuelas se han convertido en el receptáculo de los alumnos rechazados en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), entre otras, en los niveles de educación media superior y superior. El fin primordial de los dueños de las empresas privadas de “educación” es el lucro.
Los propietarios de estas franquicias para hacer dinero, tienen vínculos con las dependencias de gobierno que autorizan las incorporaciones. Basta con que habiliten una casa habitación de dimensiones amplias, para que ahí empiecen a funcionar una preparatoria o una universidad. Las exigencias para contratar profesores son mínimas, casi inexistentes. Tal relajamiento en el proceso de reclutamiento y selección de personal justifica las precarias remuneraciones de los docentes.
Con el paso de los años, aquello que comenzó en una vivienda, se convierte en un edificio de varios pisos, y con dos o más filiales; las cuotas por inscripción y colegiaturas que en sus inicios fueron modestas, luego se tornan casi impagables. La universidad patito acrece el abanico de carreras a nivel licenciatura, y en lo inmediato imparte maestrías y doctorados.
Si la derogación de la reforma educativa de Aurelio Nuño Mayer y de su amigo Enrique Peña Nieto va en serio, es imprescindible que los encargados de esta tarea diseñen estrategias que conduzcan a la erradicación de prácticas perniciosas en todos los niveles del sistema educativo nacional.
