José C. Serrano Cuevas.
Oradores de mediano y grueso calibre se apalancan en la tribuna para arengar al pueblo que, sediento de justicia, clama porque rueden las cabezas de Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República y de Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por incumplir con sus responsabilidades en la investigación del caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Es importante incursionar en la Historia que da cuenta de la génesis y apogeo de las Escuelas Normales Rurales en México. Estas instituciones fueron creadas en la década de 1920. Hay consenso entre los historiadores en que la Escuela Regional Campesina de Acámbaro fue la primera. La más joven es la Escuela Normal Rural General Emiliano Zapata, ubicada en la comunidad de Amilcingo, Morelos, y fue abierta por un movimiento social y luego reconocida por los gobiernos estatal y federal, tras una larga confrontación en los años 70.
Desde sus inicios, estos planteles carecían de un presupuesto suficiente para cubrir sus necesidades. Así, los docentes y estudiantes se veían obligados a buscar apoyos económicos de otras fuentes, lo que trajo como consecuencia que se generara un sentido de autonomía, y permitió construir una vinculación con las comunidades que albergaban a las escuelas y las apoyaban meterialmente.
Durante los años 30 las Escuelas Normales Rurales se consolidaron y normaron los mecanismos de autogobierno y se impusieron nuevos requisitos de ingreso a los aspirantes: se pedía un certificado de pobreza y, otro de “pureza ideológica”. De esta forma, desde las propias estructuras de gobierno se alentó la práctica de formar líderes sociales y defensores del cooperativismo en las aulas normalistas.
El proyecto de las Escuelas Normales Rurales se consolidó durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río. En ese sexenio la Secretaría de Educación Pública (SEP) remitió a los planteles un plan de estudios mediante el cual se podía formar a los maestros que nutrirían a esas instituciones, al mismo tiempo que se podía formar a los técnicos que necesitaban los ejidos.
En los gobiernos posteriores al de 1934-1940 las condiciones para las Escuelas Normales Rurales se agudizaron; su precariedad fue mayor. Los estudiantes egresados de esos planteles fueron víctimas propicias, pues su condición de ser hijos de campesinos, su pobreza, su militancia política y su capacidad intelectual los volvía un peligro ante los ojos de regímenes políticos anquilosados y cada vez más autoritarios y represores.
Bajo este contexto resultará menos complicado entender la resistencia y la protesta endémicas de quienes se forman para servir a la matria que los parió.
De vuelta a las primeras líneas de este artículo, es recomendable que la hoy Fiscalía General de la República (FGR) dé curso a una nueva línea de investigación, tomando como punto de partida lo declarado por Omar García, sobreviviente del caso Ayotzinapa, quien afirmó que “detrás de la agresión en la que desaparecieron 43 compañeros suyos hubo un móvil político, toda vez que querían darles un escarmiento”.
Tanto el gobierno federal, como el estatal (Guerrero) y el municipal (Iguala) sabían que eran los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Era de noche, estaban dadas todas las condiciones para asesinarlos. El trasiego de drogas en autobuses de pasajeros no era, en 2014, una novedad. Tampoco lo es hoy: siempre hay camiones cargados de droga, cuyo destino son los Estados Unidos. En Guerrero no era la primera vez que los estudiantes tomaban autobuses. Hacerlo forma parte de sus usos y costumbres. Gobierno y empresarios transportistas lo han sabido y tolerado durante muchos años.
No basta con perseguir a Murillo Karam y a Zerón de Lucio, simples instrumentos del factotum mayor. Es necesario apuntar más arriba, para que la FGR no cometa los mismos ilícitos que motivan la emocionante persecución.
