Justo Salvador.
Los responsables para que el Sistema Anti- corrupción no avance en Coahuila, porque así lo ordenan funcionarios estatales, no son los cinco consejeros del Consejo de Participación Ciudadano (CPC), quienes su voz y su voto no son tomados en cuenta por nadie. A pesar de que perciben un sueldo mensual de 90 mil pesos.
Los que deciden quién o quiénes deben de ser procesados por corrupción en Coahuila, son los integrantes del sistema que está conformado por Luis González Briseño, del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información; Miriam Cárdenas Cantú, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Coahuila; Sandra Rodríguez Wong, del Tribunal de Justicia Administrativa; Armando Plata Sandoval, de la Auditoría Superior; Jesús Flores, Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción y Teresa Guajardo, de la secretaría de Fiscalización de Coahuila.
Ellos y ellas son los que votan y deciden cualquier propuesta de los consejeros Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, Lourdes de Koster López, Jafia Pacheco Valtierra, Carlos Rangel Orona y el reciente integrante del CPC, Miguel Francisco Crespo Alvarado, quien releva a la gris consejera Ana Yuri Solís Gaona. Ésta última muy desesperada porque no consigue chamba, quiere imitar a Manuel Gil Navarro, quien se hace cargo ahora de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción.
Manuel Gil se desempeñó como consejero un año únicamente. Su respaldo primero fue David Aguillón Rosales. Luego, Armando Plata Sandoval y el Secretario de Gobierno José María Fraustro Siller, lo apoyaron para que se apoderara varios años de dicha secretaría.
Lo que no saben es que este político se encarga de “grillar” y de exhibir a cuanto funciona- rio quiere, bajo el argumento de que es el asesor principal del Auditor Superior del Estado, Armando Plata y del magistrado lagunero Miguel Mery Ayup, quien se perfila para ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de un momento a otro cuando Miriam Cárdenas Cantú se jubile.
Gil Navarro no solo afirma ser priista, panis- ta y morenista, sino que también es un profesionista desleal y malagradecido para todas aquellas personas que lo apoyaron para ocupar puestos impor- tantes con excelentes sueldos. Si alguien tiene alguna duda sólo tienen que preguntarles a Carlos Arredondo Sibaja y Luis García Abusaid.
Fraustro Siller, Plata Sandoval y Mery Ayup no conocen a Manuel Gil, quien ahora utiliza los recursos públicos de la secretaría en donde es titular para apoyar a columnistas y a quien le permita difundir filtraciones para desacreditar a personajes que en ocasiones resultan incómodos para el siste- ma y quedar bien con los de arriba.
Un fraude el sistema
El Sistema Estatal Anticorrupción en Coa- huila se integró desde hace dos años. Inicia su tercer año con algunos avances administrativos y de regulación interna, pero no de iniciativas, exhortos, políticas públicas o acciones que busquen sancionar a quienes cometen actos de corrupción.
Desde hace 12 años, esta entidad se carac- teriza por tener casos que mediáticamente han acaparado la atención en el país, como la adquisición de la deuda pública en Coahuila. Se abrieron algunos expedientes y muy poco se ha hecho. Pero la responsabilidad recae en el fiscal Jesús Flores Mier, quien siempre argumenta que carece de personal especializado o que la Secretaría de Hacienda o el SAT, no le pasan información sobre expedientes que tiene bajo investigación.
seguramente algunos expedientes están caducos y ya no se puede ejercitar acción penal en contra de quiénes consumaron el mayor fraude en la historia de Coahuila. Incluso premian al hijo del resposable de la megadeuda Humberto Moreira Valdés. Ahora, su descendiente es dueño de un partido político.
Aseguran que Rubén Humberto Moreira, quien encabeza este nuevo partido político se da una vida de lujos y excesos que sin empacho presume en sus redes sociales, que al cabo que la justicia en Coahuila es lo menos.
Además de la mega deuda, las empresas fantasma, el caso FICREA, el fraude en INFONAVIT, las graves fallas en el padrón de proveedores y las asignaciones directas de obra pública, de compra de desayunos, cobijas, despensas y medicamentos a los “amigos” de quienes gobiernan. A todo es hay que sumar la corrupción en juzgados, agencias del MP, módulos para tramitar la licencia, Catastro, Registro Público de la Propiedad y las nóminas alternas en las Secretarías de Educación, Cultura, Salud, del Trabajo y otras, son parte del lastre que arrastra Coahuila y que pronto será difícil revertir.
Estos temas alcanzaron niveles insospecha- dos y escandalosos. Y más aún cuando los principales culpables de todo esto siguen libres, sólo el ex gobernador interino Jorge Torres López, está en medio de un proceso penal y ha sufrido el escarnio de la muerte civil, como le dicen los políticos a este procedimiento de escrutinio y castigo ante la opinión pública.
Otra mujer presidenta
Se avecina el cambio en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, sale Ana Yuri Solís, quien pasará a la historia por su trayectoria gris y de muy baja exposición mediática, o porque así se lo ordenó el ex gobernador Rogelio Montemayor Seguy o así lo decidieron en la Secretaría Ejecutiva.
Quien llega: Lourdes de Koster López, tiene una misión nada fácil de cumplir en medio de un complejo proceso electoral para renovar el Congreso y la apatía de los integrantes del Sistema Anticorrupción, que ven al Sistema como su última tarea a la que le dedican el menor tiempo posible.
Lourdes De Koster estará bajo la mirada de activistas y de colectivos, que desde su selec- ción, como parte del primer CPC en el 2017, la han atacado, desacreditado y cuestionado diciendo que ella poco o nada le aportará al Sistema Estatal Anticorrupción por la relación que mantuvo con empresarios de la comunicación para los que trabajó como Armando Castilla y Francisco Juaristi, ligados al partido en el poder.
Además, en el acuerdo de 2017, uno de los primeros acuerdos publicados en el Diario Oficial, los integrantes de la Comisión de Selección y específicamente Luis García Abusaíd se abstuvo de votar en favor de la designación de Lourdes de Koster, de Juan Adolfo Von Bertrab y de Carlos Rangel, ambos originarios de La Laguna, porque Luis García estuvo decidido a que fuera Leonor Gómez Barreiro o su pareja, Miguel Francisco Crespo Alvarado, quienes toda la vida han trabajado con él en su consultoría, los que ocuparan una posición en el CPC.
Este es el último año en el que eligen la CPC los nueve integrantes de la Comisión de Selección, porque en mayo o julio próximo debe el Congreso de Coahuila tener a otra lista de nueve, para elegir a la siguiente CPC que sustituirá a la periodista De Koster López, quien está obligada a priorizar el desarrollo de mejores estrategias en la función pública, las designaciones de contralores, las compras y las declaraciones patrimoniales, considerar que los alcaldes no están participando en el Sistema, cuando el Sistema ya debería estar trabajando de lleno con los municipios, porque además así lo marca la ley.
También la nueva presidenta del CPC tiene que meter presión a los que son responsables de sancionar la corrupción como el Tribunal Administrativo, la Secretaría de Fiscalización y la Fiscalía Anticorrupción, porque la impunidad es una asignatura pendiente en Coahuila. Se espera mucho de Lourdes de Koster porque su credibilidad está en juego, y si no pasará a formar parte de los profesionistas cómplices de un gobierno corrupto.
Un vuelco drástico
En julio de 2017, el Congreso del Estado formalizó en Coahuila la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, en concordancia con lo establecido por el Gobierno federal y que debía replicarse en las 32 entidades de la República Mexicana, a partir de una iniciativa del ex presidente Enrique Peña Nieto, quien quizá nunca imaginó que su sucesor intentaría ajustar y dar un vuelco drástico a la configuración del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales.
Hay una gran expectativa por saber si Andrés Manuel López Obrador dejará operar al Sistema Nacional y los sistemas locales como tales, como dice la ley nacional y las homologadas en los estados, aunque muchos han sido testigos como AMLO y sus colaboradores Irma Eréndira Sandoval y Santiago Nieto Castillo, han sido los paladines del combate a la corrupción.
Ellos son los zares de la corrupción y no el Sistema Anticorrupción al que el tabasqueño y sus colaboradores han pasado de largo cuando se trata de promover acciones contra este mal.
AMLO está dispuesto a cambiar el Sistema como lo impulsaron las organizaciones de la sociedad civil, que presionaron al gobierno de Peña para no otorgar poderes y soportes legales que recayeran en una sola persona, sino que la figura ciudadana se antepusiera a los intereses de la autoridad. Una figura autónoma y sin compromisos políticos o económicos, que no estuviera cooptada desde el gobierno federal o en los estados y que la estadía de un ciudadano al frente del Sistema Nacional y los sistemas locales no fuera más allá de cinco años y con presidencia rotativa y anual.
Evitar la captura es lo que se pretendía y que el combate a la corrupción no fuera una estrategia política o personal de quien ostenta el poder, para ir tras los adversarios políticos o los críticos de la gestión. Es el origen de las reformas constitucionales en materia de anticorrupción publicadas en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2015, que motivaron la creación del Sistema Nacional en julio de 2016.
María Marván, Mauricio Merino, Eduardo Bohórquez, Jaqueline Peschard, e instituciones como el IMCO, México Evalúa, Causa en Común, Transparencia Internacional, el PIRC, universida- des públicas y privadas, así como empresarios y académicos, colectivos en los estados y activistas, fueron quienes impulsaron el Sistema Nacional Anticorrupción con la esencia que hasta ahora se conoce y que en muchos estados se sigue escamo- teando con tal de que esto no avance.
Los personajes y organizaciones arriba mencionados son los que critican a los consejos y comités ciudadanos anticorrupción, los que están plenamente interesados en que esto no avance, y que la corrupción siga rampante y sin servidores públicos sancionados y enviados a la cárcel por no tener integridad o freno a su voracidad a la hora de cometer atrocidades y no solo robarse el dinero que es de los ciudadanos. Porque en esta crítica a las personas, buscan debilitar a las instituciones para diluir el combate a la corrupción.
