Abigail A. Correa Cisneros.
- En México empresas privadas se siguen apropiando de territorio mexicano y en el proceso pisotean derechos humanos con el aval del gobierno federal.
- Walmart, Vips y Suburbia serían los únicos beneficiados por el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 que afecta a tres comunidades de la Sierra Norte.
La unidad y resistencia de los indígenas en Ecuador finalmente lograron que el gobierno de Lenin Moreno desistiera de la imposición de políticas que afectaban a esta comunidad.
Fue una ardua batalla que duró 12 días donde la policía reprimió al pueblo pero no logró avanzar sobre quienes resistieron los ataques con gases lacrimógenos, golpes de tolete y disparos en su contra.
En México también se vive una resistencia constante de los pueblos originarios y de campesinos, pero sin apoyo de la ciudadanía siguen siendo blanco de injusticias y su lucha es desde hace años. En el caso de tres comunidades totonacas en la Sierra Norte de Puebla, a los que se negó un amparo interpuesto por más de mil afectados por el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) que pretende implementarse en los Municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya.
Hace unos días, el juez Miguel Arroyo Herrera, negó el amparo por considerar que la consulta indígena que la Secretaría de Energía (SENER) realizó en 2015 se hizo de manera previa y por eso cumple con los estándares, pero los permisos para el proyecto comenzaron a ser entregados en 2009, o sea, seis años antes de la consulta. El juez consideró que basta que la consulta sea efectuada antes de que el proyecto se ejecute, para cumplir este requisito, contraviniendo el marco internacional, que indica que el proceso de consulta debe tener lugar antes de diseñar y planificar el proyecto, es decir, antes de que se emitan las autorizaciones.
Resultan preocupantes algunas de las afirmaciones del juez en su sentencia, entre ellas que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las comunidades indígenas deben ser consultadas en aquellos casos en que la actividad del Estado pueda causar impactos significativos sobre su entorno”, ya que es contrario a lo dispuesto por la Corte, quien ha señalado que cuando se trate de proyectos de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio indígena, el Estado tiene la obligación no sólo de consultarles, sino también de obtener su consentimiento previo, libre e informado. Por lo que la interpretación que hace el juez sobre los impactos significativos restringe el derecho a la consulta.
Aunado a esto, el Juzgado niega el amparo desestimando las afectaciones a las comunidades demandantes, ello a pesar de que el Peritaje Oficial de Biología e Impacto Ambiental elaborado por PGR, establece que el PHP1 tendrá afectaciones en el medio ambiente, como la disminución en la calidad del agua, generación de gases de efecto invernadero, aparición de fauna nociva, contaminación de acuíferos y remoción de vegetación forestal. En la sentencia se omite el análisis de este peritaje, pero sí retoma los estudios ofrecidos por la empresa beneficiaria del proyecto y por las autoridades demandadas que aseguran que no habrá impactos negativos en la población.
Que no nos extrañe el actuar del juez Miguel Arroyo Herrera, porque ya en 2015 estuvo envuelto en la polémica por la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca en el Cerro del Fortín, junto al auditorio de la Guelaguetza. Arroyo resolvió finalmente que el polígono de la construcción tenía todos los permisos y no estaba dentro del polígono del Área Natural Protegida del Parque Estatal “Cerro del Fortín”, pese a la denuncia que establecía lo contrario, interpuesta por grupos ambientalistas, activistas y el pintor Francisco Toledo, fallecido el mes pasado.
Cabe resaltar que el proyecto de la hidroeléctrica no tiene un mínimo interés público en la autorización; sin embargo, el juez afirma con contundencia que este beneficia a la comunidad, sin dar razonamiento alguno. Esto, a pesar de que el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía establece expresamente que la energía a generarse deberá destinarse exclusivamente a la satisfacción de las necesidades de autoabastecimiento de los socios de la empresa beneficiaria Deselec 1-Comexhidro, entre ellos Nueva Wal-Mart de México, Waldo’s Dólar Mart de México, Operadora Vips y Suburbia.
También hay que señalar que, aunque las comunidades reclamaron a las autoridades no haber efectuado un estudio de impacto social previo al otorgamiento de los permisos, el juez no reconoció la existencia de esta obligación internacional, a pesar de que se encuentra establecida para México desde 1991 en el Convenio 169 de la OIT, y en jurisprudencia de la Corte Interamericana de los años 2007 y 2008.
Esta sentencia es contradictoria con todo lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no haría: despojar de sus derechos y de sus territorios a los pueblos originarios para el beneficio de las grandes empresas.
El PHP1 comprende dos presas: la presa Ahuacoya, con una cortina de 45 metros de altura y una capacidad total de generación eléctrica de 60 MW y; la presa Zoquiapa, con una cortina de 6.5 metros de altura que capta el agua del río Zoquiapa para enviarla a la presa Ahuacoya para complementar el gasto para la generación de la energía. Por su tamaño, así como su capacidad de generación eléctrica, el PHP1 es considerado una gran hidroeléctrica, pues excede de los 30 MW que la legislación establece para clasificar a las mini hidroeléctricas. Esta identificación es de suma relevancia porque ello permite determinar de antemano el nivel de los impactos que se causarán.
De los peritajes realizados por la parte quejosa, así como por la entonces Procuraduría General de la República, se desprende que el PHP1 tendrá impactos negativos como la remoción de vegetación forestal, desvío del río, disminución en la calidad del agua, erosión río abajo, destrucción y reducción del hábitat de especies y de los ecosistemas ribereños, aislamiento de las poblaciones de peces por efecto barrera, generación de gases de efecto invernadero, proliferación de insectos transmisores de enfermedades y contaminación de acuíferos, entre otros.
Algunos medios han registrado irregularidades desde que comenzó el juicio. Se hicieron denuncias por los demandantes, como un supuesto desistimiento de demanda de algunos de los quejosos, que nunca se presentaron a ratificar la petición porque alguien suplantó su personalidad; la existencia de firmas en documentos que no fueron reconocidas por sus titulares; el extravío de ocho tomos del expediente. También acusan de un constante hostigamiento y criminalización contra integrantes de las comunidades demandantes, que forman parte de los comités de defensa del río Ajajalpan, lo mismo que sobre las organizaciones que han acompañado la defensa de los derechos de los pueblos afectados.
El río es de suma importancia para la vida y cultura de los pueblos totonacos y nahuas de los municipios de San Felipe Tepatlán y Ahuacatlán, hay una conexión ancestral y espiritual que los une, si la presa se construye generará impactos ambientales negativos e irreversibles tanto al río como al ecosistema de la región.
El proyecto arrancó desde 2009, los entonces ayuntamientos priistas otorgaron las licencias de cambio de uso de suelo y construcción, abriendo la puerta a la empresa de la hidroeléctrica. En 2011 la SEMARNAT autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en 2013 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de la Sener otorgó el permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica, y un año después, Conagua aprobó el uso y aprovechamiento de las aguas superficiales del Ajajalpan. El INAH reconoce que dentro del área de afectación del proyecto Puebla 1 hay vestigios arqueológicos, pero en 2015 dio el visto bueno para las obras.
Los indígenas mexicanos han resistido por años una batalla que se puede ganar, pero es necesario el apoyo de la ciudadanía que no se ve afectada directamente, misma que a la larga padecerá muy probablemente lo mismo que estos pueblos, porque si es tan fácil pisotear los derechos de algunos con el apoyo de los gobiernos, bien se pueden violentar los de cualquiera.
DESDE EL CENTRO
Hoy se conmemora el Día Mundial de la Alimentación y se debe tener presente que en México hay 27 millones de paisanos en pobreza alimentaria, principalmente niños en desnutrición crónica. No hay que olvidar que anualmente se desperdician en el país por los menos 18 millones de toneladas de comida con valor de hasta 80 mil millones de pesos… El Centro de Estudios para el Campo Mexicano aplaude que el gobierno actual dé prioridad a la autosuficiencia alimentaria, lo que representa un giro total a lo hecho en los casi 40 años de neoliberalismo en que se optó por la importación de alimentos, al grado de que México se haya convertido en el mayor comprador de maíz amarillo en el mundo. Bien por el secretario de Agricultura Víctor Manuel Villalobos… Por cierto, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, cabe destacar que en México viven en el campo 14.6 millones de mujeres, de las cuales, 8.7 millones viven en pobreza… Gran reconocimiento a Gloria Muños por la primer década del portal Desinformémonos, encargado de velar por los derechos de los más pobres en el país, los indígenas que no dejan de padecer injusticias a lo largo del territorio nacional…Y siguen las felicitaciones a Doña Rosario Ibarra de Piedra por su merecido reconocimiento con la Medalla Belisario Domínguez.
