Pichicateando la justicia

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Javier Duarte de Ochoa. 9 años de prisión, justicia de kermés.

José C. Serrano Cuevas.
ed. 356, octubre 2018

Gran espectacularidad causó la noticia de que el 14 de octubre de 2016 se liberó una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador del estado de Veracruz, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En esa fecha Duarte abandonó la entidad y no se supo más de él. Se esfumó. La siempre oportuna Procuraduría General de la República (PGR), ofreció una recompensa de 15 millones de pesos a quien proporcionara información verificable sobre su paradero.

La dependencia, próximamente en vías de reestructuración, registró en el expediente de este bandido de siete suelas, numerosos actos de corrupción cometidos a lo largo de su sexenio. En la cuenta pública de 2015, según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), desvió 16 mil millones de pesos. El quebranto impactó las metas de los programas sociales y los recursos para salud, educación y el campo.
Duarte de Ochoa, a imagen y semejanza de Raúl Salinas de Gortari, ordenó la confección de dos pasaportes falsos, mismos que le fueron decomisados a Mario Medina Garzón, familiar de la cónyuge del ex mandatario veracruzano, el 18 de noviembre de 2016 en el aeropuerto internacional de Tapachula, Chiapas. Los documentos contenían fotografías del gordo Duarte y de su esposa Karime Macías Tubilla, con los nombres de Alex Huerta del Valle y Gabriela Ponce Arriaga.

A mediados de enero de 2017 se dio a conocer que en una casa de la colonia Del Valle de la Ciudad de México, propiedad del ex gobernador de Veracruz, agentes de la PGR encontraron 23 millones de pesos en efectivo en cajas de cartón y en dos cajas fuertes. La enorme fortuna acumulada por el doctor Duarte de Ochoa inspiró a su esposa para proferir la famosa frase: “Merezco la abundancia”.

Por fin, el 16 de abril de 2017 los medios informativos daban cuenta de la detención del sujeto evadido de la justicia, en un hotel de lujo denominado Riviera de Atitlán, en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá, Guatemala. En el operativo participó la Policía Nacional Civil de Guatemala por conducto de su división Interpol.

Tras conocer la buena nueva, desde el Senado de la República, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideraron muy positiva la detención de Javier Duarte y plantearon que el Poder Judicial y El Ministerio Público “deben ser muy eficientes para aplicar la ley y evitar que exista impunidad. Se planteó la exigencia de que el Ministerio Público Federal integre con pulcritud la carpeta de investigación para que los impartidores de justicia cuenten con todos los elementos para formular sus valoraciones; lo importante es que los crímenes no queden impunes”.

Duarte de Ochoa fue ingresado el 15 de abril de 2017 al penal ubicado en el cuartel militar de Matamoros en Guatemala. En ese sitio permaneció un año cinco meses y 11 días. El proceso de extradición tramitado por autoridades mexicanas ante sus pares guatemaltecas, dio como resultado que el delincuente fuera internado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El jueves 27 de septiembre de 2018, los medios nacionales e internacionales publicaron la noticia de que Javier Duarte de Ochoa fue condenado a nueve años de prisión al declararse culpable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa por el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, quien determinó, además, el decomiso de 41 bienes del exmandatario veracruzano.
Conductores de programas de radio y televisión han abierto sus espacios a analistas, jurisconsultos, intelectuales para conocer sus reflexiones en torno a la sentencia dictada por el juzgador. Sin vacilación alguna, la mayoría señala que encuentra una asimetría bastante notoria entre los hechos juzgados y la sentencia emitida. La justicia a medias no es justicia.

A todas luces el proceso ha quedado trunco, como lo advierten legisladores del Senado de la República, cuando han instado a la PGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a que soliciten al gobierno de Guatemala autorización para que la fiscalía veracruzana emita una orden de aprehensión contra Duarte por desaparición forzada. Para los ciudadanos de esa entidad, que son testigos y, en muchos casos, familiares de los centenares de desaparecidos cuyos cuerpos han sido hallados en fosas clandestinas por diversos rumbos del estado, les queda claro que tienen frente a sí una justicia de kermés, una justicia pichicateada.

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