Desesperado busca el voto verde de los campesinos
Acude a todo lo que no ha hecho a favor de los olvidados del campo.
Guillermo Correa Bárcenas.
Cuando todos sus críticos se repliegan en torno de Andrés Manuel López Obrador a tres semanas de la elección presidencial, la clase empresarial y el PRI parecen dar patadas de ahogado ante el fatal, para ellos, desenlace político que, se anuncia, ocurrirá a partir de este primero de julio. El gobierno, por su parte, acude a todo lo que no ha hecho a favor de los olvidados y esperanzado en el voto verde, el rural de los campesinos, acaba de anunciar a través de la SAGARPA a cargo del tamaulipeco Baltasar Hinojosa Ochoa la actualización del Ingreso Objetivo en materia de granos en respuesta al aumento que han tenido los costos de producción. Las autoridades dicen que estos incentivos a la comercialización son estrategias donde convergen más de un subsidio o estímulo sin que implique duplicidad de apoyos. El anuncio tuvo una respuesta inmediata de agradecimiento por parte de los agro-empresarios y de la priista Confederación Nacional Campesina pues en el fondo lo que se busca con ello es atraer, comprar, manipular el voto del campesinado cenecista que tantos triunfos le dio en pasadas elecciones.
El mensaje político electoral está dirigido a los productores de maíz, trigo sorgo, soya, cártamo, canola, algodón, arroz y girasol, los mismos que durante la actual administración se cansaron de lanzar llamadas de auxilio para no caer en bancarrota debido al encarecimiento de los insumos. Gritos que nunca fueron escuchados sino hasta ahora a unos meses de que termine el sexenio con un PRI casi en el último lugar de las preferencias de la ciudadanía, que no necesita de encuestas para expresar su encono contra una administración y que sólo se acuerda de los pobres que son mayoría al “cuarto para las doce”.
No hay que olvidar que ha sido a la SAGARPA, después de la Secretaría de Gobernación, la que mayor número de marchas y manifestaciones se han dado en el país a causa precisamente del bajo valor de las cosechas de los campesinos, que de esta forma han sido obligados con mayor fuerza a desarraigarse de sus tierras, venderlas o rentarlas y optar a migrar hacia donde haya trabajo.
De acuerdo con especialistas en temas agropecuarios, el ingreso objetivo no es otra cosa que el precio mínimo por tonelada comercializada, que opera cuando el del mercado se ubica por debajo del establecido y cuya diferencia la aporta SAGARPA como un apoyo directo al productor. Mario Luis Funes considera que si se aplica correctamente, ese instrumento también es de utilidad para orientar a los productores acerca de la estructura y niveles de precios que anticipan las autoridades, así como para incentivar o desincentivar la producción de determinados bienes agrícolas. Un aspecto importante es que esta medida sólo aplica a productores con orientación comercial y se dedican a la agricultura por contrato, es decir, los que tienen asegurada la venta de su cosecha por anticipado. Para que se entienda mejor, esta práctica discrimina a los más de tres millones de campesinos que producen en minifundios y a quienes de vez en cuando cuentan con excedentes.
Por lo anterior es que sorprende, por lo tramposo, el comportamiento del liderazgo de la CNC que tan pronto se dio el anuncio reaccionó con un comunicado, de vistosas letras azules y subrayados, donde habla de seguridad y certeza a los productores; comercialización de productos óptima y eficiente, además de seguridad para el campo gracias a los nuevos ingresos objetivos impulsados por el presidente Enrique Peña Nieto.
Ismael Hernández Deras, el controvertido ex gobernador de Durango, senador con licencia y líder cenecista aseguró que con la determinación “el pequeño productor no corre ningún riesgo, el gobierno le garantiza un precio piso por su cosecha, que le permite independientemente de la caída de precios, no poner en peligro ni su inversión ni el producto de su cosecha”.
En este sentido, con un Gracias señor Presidente, el sector empresarial del agro pagó costosos desplegados para expresar la gratitud de los productores de granos y oleaginosas del país. En ellos reconoce la liquidación de adeudos que tenía SAGARPA, recursos que han venido a solventar, de manera importante, las necesidades económicas que hoy enfrentan y agregan que la actualización de los Ingresos Objetivos se traducirá en “mayores empleos, mayor desarrollo y una tranquilidad en el campo mexicano”. Muy bonito, pero ¿por qué la presente administración no lo hizo antes y tuvo que esperar la llegada a la SAGARPA de un candidato perdedor del PRI a la gubernatura de su estado?
Y precisamente fueron de Tamaulipas las distintas organizaciones que se reunieron hace unos días con la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados (ASERCA) en demanda de mejores precios al maíz y el sorgo. En Sonora y Sinaloa pagan mejor, dijo Eduardo Espronceda Galindo, presidente de la Federación de Pequeños Propietarios Rurales de la entidad, quien se quejó de que también Procampo les disminuyó apoyos. Antes de esto, en Chihuahua se habían registrado bloqueos a carreteras por la misma causa, mientras que en febrero de este año, campesinos sinaloenses de Guasave amenazaron con bloquear la Expoagro de Culiacán en demanda de mejores precios para el frijol y el garbanzo. Sin embargo, estos productos volvieron a quedar fuera de algún beneficio por parte SAGARPA.
Por esos días, la cuestionada Antorcha Campesina, que ha organizado actos públicos de apoyo a José Antonio Meade Kuribreña, no dejó de señalar que uno de los sectores más afectados en la población de México es el campesinado y que en el Estado de México se ha gestado un movimiento porque el actual gobernador, Alfredo del Mazo, no ha querido apoyar con fertilizantes e insumos a miles de campesinos, lo que ha generado inconformidad social.
Pero sigamos con el Ingreso Objetivo. Según Raúl Pérez Bedolla, Secretario General de la Alianza Campesina del Noroeste (ALCANO), en los últimos cuatro años se estancó el precio por tonelada de maíz en 3,800 pesos, los mismos que se pagaron al productor nacional en el ciclo otoño-invierno 2017-2018. Por tal motivo, demandó desde el pasado domingo primero de abril definir nueva estructura de costos y de precios para los granos básicos. No se hizo caso, a pesar de que la producción del ciclo agrícola Otoño-Invierno, representa un 21.5% de la producción nacional de maíz blanco y amarillo que hace un total que rodea los 23.5 millones de toneladas del grano en los dos ciclos agrícolas, ocupando una superficie de cosecha de 7.5 millones de hectáreas. El dirigente dijo entonces que los costos de producción en las entidades más tecnificadas rondan en los 35 mil pesos por hectárea mientras en el sur sureste oscila de 12 a 16 mil pesos por hectárea. O sea que no alcanza y esa ha sido la denuncia de siempre en este gobierno que está por concluir. Ah, pero como estamos a 25 días de los comicios y el PRI-Gobierno necesita votos se da el anuncio espectacular, en plenos tiempos electorales y por encima de la veda que establece la ley.
Lo grave es que, al parecer, ni eso les servirá.
