José C. Serrano Cuevas.
La muerte de Alejandro Caballero Vértiz, juez que llevaba el proceso penal de Elba Esther Gordillo Morales, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ocurrida el miércoles 16 de mayo a causa de un paro cardiorrespiratorio, podría constituirse en un ingrediente más en la discusión sobre la permanencia o cancelación de la tan traída y llevada reforma educativa.
El jueves 17 de mayo, Marco Antonio del Toro Carazo, titular de la defensa de Gordillo Morales, se apersonó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, de la Unión Americana para entregar las pruebas que, según él, acreditan una persecución por parte de autoridades a quienes acusa de estar dando a su defendida un trato de presa política.
Y, justamente, como dicen los que saben, en política no hay coincidencias. Se escuchan voces por todos lados, que insisten en afirmar que una parte importante del magisterio nacional aún siente simpatía por Elba Esther. Si su abogado logra el respaldo de la CIDH y, ésta genera una recomendación para que la Procuraduría General de la República (PGR) ordene la suspensión del arraigo domiciliario, ella recuperaría el pleno uso de sus derechos, incluidos los políticos.
Si el escenario no fuera éste, la señora tendría que valerse de sus operadores más cercanos, René Fujiwara Montelongo, su nieto, y Fernando González Sánchez, su yerno, para hacer política desde la clandestinidad. A estas alturas de la jornada electoral 2018, para nadie es un secreto que ambos personajes ya forman parte del equipo del candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador.
En paralelo a estos acontecimientos, en días pasados los candidatos presidenciales de las tres principales coaliciones electorales, tuvieron la oportunidad de manifestar sus propuestas educativas; dos decidieron hacerlo frente a los organismos empresariales articulados por Mexicanos Primero, el otro prefirió hacerlo encarando a las diversas expresiones del magisterio, esto es, la comunidad de aprendizajes que vive cotidianamente las condiciones del sistema nacional de educación.
Ninguno de los tres candidatos negó la importancia de las evaluaciones, ni la atención a la formación de los educadores, aunque para tal efecto sólo el abanderado de Morena se pronunció por el fortalecimiento de la escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); a diferencia de los otros, se manifestó por una evaluación que no vulnere los derechos de los docentes, incluso, fue más allá, por la cancelación de la reforma educativa, lo cual, según el tabasqueño, no significa la abrogación total, pero sí detener sus efectos laborales y administrativos, que han tenido como consecuencia docentes cesados.
Resulta significativo que los tres candidatos se han mostrado en favor de la descentralización educativa y la autonomía presupuestal. Esto significa que el Estado, la Federación, le pasa la estafeta a las entidades federativas y a los municipios y de ahí directamente al centro escolar. Para Lev Velázquez Barriga, doctor en pedagogía, “la administración escolar descentralizada es una propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para focalizar los recursos públicos, esto es lo que la reforma mexicana llamó ‘escuela al centro’, que tiene como objetivo reducir la capacidad de atención excluyendo a las escuelas indígenas, rurales, comunitarias y periféricas de las ciudades”.
El jaloneo que se traen los candidatos presidenciales con la reforma educativa promovida a capa y espada por Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño Mayer, va dejando a su paso jirones de un proyecto financieramente costoso y, socialmente inequitativo.
