Manuel Padilla Muñoz.
ed. 354, agosto 2018
Hasta el día de hoy, no comprendo a cabalidad, como será la cuarta transformación de México que promete el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Me imagino, sin embargo, un México renovado, sin PRIAN, sin corrupción, sin una ola de violencia que ha dejado miles de muertos y desaparecidos, con buenos y honestos gobernantes que se rijan bajo el amparo de la ley, con menos pobres, con más oportunidades de empleo para miles, mejores salarios, que si hay desplazados sea por gusto no por necesidad de buscar una mejor vida para sus familias. Esta cuarta transformación -cual tierra prometida- ha sido una promesa vaga, pero ambiciosa. En palabras de López Obrador, “no hay un movimiento en el mundo como el que estamos impulsando, que busque una transformación por la vía pacífica, con tanta gente”. Para lograr este milagro ha propuesto 50 postulados que merecen el análisis de millones de mexicanos esperanzados.
De forma oficiosa salió a defender a su partido lo que no le corresponde a él sino a la dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky.
En Torreón, ciudad donde resido, todo mundo sabe que soy un fiel admirador de Andrés Manuel López Obrador desde hace tiempo. Debo dejar establecido, en primer lugar, que no es un político de izquierda en el sentido estricto de ese concepto. Sus orígenes políticos son, netamente, priistas. Nunca lo he visto militar en una organización que pretenda llevar a cabo una revolución socialista.
Sin embargo, después del 1 de julio del 2018, del tsunami y nocaut fulminante llamó poderosa- mente mi atención su propuesta de los 50 postulados para la cuarta transformación de México.
El presidente electo es producto del sistema corrupto que nos gobernó durante más de 90 años. Los fraudes electorales que le arrebataron arteramente la presidencia de México lo hizo “perro del mal” y con estoicismo a toda prueba se convirtió en político antisistema hasta que la tercera fue la vencida.
Volviendo al tema central, hay algunos postulados que no me convencen. Hace días, el Instituto Nacional Electoral (INE) multó a su partido, Morena, con 197 millones de pesos (10 millones de dólares) por el uso de un fideicomiso ilegal. Un fondo que, según su líder, fue creado para apoyar a los damnificados por los terremotos de septiembre del año pasado.
El dirigente ha arremetido contra los miembros del organismo: “Sí existen elementos para sostener que están actuando de manera facciosa, de mala fe”, acusó. Y fue más allá: es una” vil venganza”. “Se pasaron, se extralimitaron (…) Están actuando así porque los conservadores no aceptan la nueva realidad”.
El presidente electo, de forma oficiosa salió a defender a su partido, Morena, lo que no le corresponde a él sino a la dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky.
Viene luego la instauración de los “mirreyes”, personas muy cercanas al ya para entonces presidente de México, de todas sus confianzas, que serán designados por él y que asumirán todas las funciones de los delegados de las dependencias federales en todos los estados. Lo grave del caso es que serán intermediarios con los gobernadores en el suministro de los recursos que cobra el gobierno federal pero que deben ser entregados a las entidades federativas.
Resulta claro que estos superdelegados, que solo rendirán cuentas al presidente, podrán presionar a los gobernadores que no sean del partido en el poder y ser benévolos con los de Morena. Y paradójico, porque la ley establece que no debe haber intermediarios entre el presidente de la República y los ejecutivos estatales. ¿No es lo mismo que hacía el PRI? El caso más reciente es el del estado de Chihuahua, cuyo gobernador panista Javier Corral, tuvo que hacer una marcha a México hasta que le entregaron los recursos que correspondían a ese estado.
De prosperar la iniciativa del tabasqueño, cada coordinador estatal serviría de enlace entre el gobierno de cada estado y el gobierno federal, y de facto se convertiría en la autoridad rectora de la aplicación de recursos e implementación de los programas federales, situación que la Coparmex advirtió que podría politizar los recursos y centralizar el poder.
Señor presidente electo: Terminar con la corrupción requiere únicamente aplicar a ley sin distinciones; así de sencillo. Todo el que comete un delito debe ir a la cárcel, sin impunidad. Para ello se requiere que los fiscales generales y los de anticorrupción, tanto los de la federación como de los estados, sean independientes, que no tengan compromiso con nadie. Para eso deben ser electos por el pueblo mexicano y ser de una probidad y honestidad comprobables.
Señor presidente electo: para terminar con la ola de violencia es México es requisito indispensable acabar con el crimen organizado. Esto no es solamente detener a los grandes capos como El Chapo Guzmán y demás fauna de sus congéneres. Ellos son solo la “punta del iceberg”. Los verdaderos jefes del crimen organizado son presidentes municipales, gobernadores, quienes controlan corporaciones policiacas completas -como los Abarca-, secretarios de estado, caciques, ricos hombres de negocio, banqueros, y si me apuran quizás hasta presidentes de la República, los dueños de las grandes riquezas que tienen para comprar policías, ministerios públicos, jueces, magistrados, ministros de los altos tribunales que les proporcionen impunidad.
Crimen organizado no es porque los sicarios se organicen para delinquir sino porque los asesinos se confabulen con los que tienen el poder económico y político para comprar autoridades y así brindar total impunidad a sus sicarios y ellos hacerse de enormes ganancias.
La corrupción política en México es la madre y el padre de la delincuencia organizada. Existe en México un pacto de impunidad. Esos pactos de impunidad que se han dado en países como Italia o Colombia, hacen que estas masacres solo puedan ser abordadas penalmente si hay mucha presión internacional y mucha presión desde la sociedad civil. Hay que rescatar al Estado de los gobernantes que lo han secuestrado. Se trata de salvar vidas y para ello se necesita un movimiento social fuerte y unido. La sociedad civil tiene que estar en las calles y paralizar el sistema económico y mafioso que tiene México. Eso es lo que hicieron en Colombia y en Italia. En el movimiento de “manos limpias”, por ejemplo, millones de italianos en los años 90´s salieron a las calles, paralizaron el gobierno y la economía, liderados por figuras de la sociedad civil, tenían una agenda clara y concreta con la que consiguieron someter a proceso penal a la mitad del Parlamento y a muchos otros altos funcionarios del gobierno italiano.
Los expertos dicen: Debe haber un movimiento social con millones de personas en las calles. Se necesitan movilizaciones en cada uno de los estados de la república. Estas manifestaciones no pueden ser meras reacciones sociales de indignación, deben mantenerse articuladas hasta generar la presión suficiente y lograr resultados que modifiquen de fondo el actuar de las instituciones.
De los más de 120 millones de mexicanos que habemos en el mundo nadie cree que Peña Nieto no haya sabido de los casos de corrupción de su sexenio: la Casa Blanca de su esposa, el socavón en el Paso Exprés a Cuernavaca, Odebrecht, la Estafa Maestra, los millonarios desvíos de Rosario Robles y José Antonio Meade en Sedesol, La casa de Malinalco, de Videgaray, Los Zetas y Humberto Moreira y su megadeuda en Coahuila, las propiedades del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, Banco Progreso y su relación con el exgobernador de Chihuahua César Duarte, la estafa Maestra, Javier Duarte el ex de Veracruz. Todos estos implicados robaron miles de millones de pesos al pueblo mexicano y ninguno ha sido investigado mucho menos ha estado en la cárcel. Eso es también parte del crimen organizado.
Acabe con eso, señor Presidente electo, y verá como desciende la ola de violencia y la corrupción. Para eso tiene a Hacienda, el SAT y la fiscalía anticorrupción.
Un último considerando: Los gobernadores están en apuros, sobre todo los priistas. Están en un callejón sin salida; por un lado tienen a los mencionados delegados y por el otro, tienen congresos con mayoría de Morena; están cercados. El resultado de la elección generó una nueva estructura del poder en México. Lo que en otro tiempo fue el poder real, omnipresente y desmedido de los gobernadores, ahora va a ser atenuado de manera considerable por sus entornos.
El nuevo gobierno de López Obrador pretende desaparecer estas delegaciones y dejar en su lugar a un coordinador estatal que representará al gobierno federal en su totalidad; los coordinadores estatales son personajes políticos cercanos a él. Además, se pretende que los recursos federales sean ejercidos por estos representantes y no sean enviados a los gobiernos de los estados, como sucede ahora.
Parodiando a Juan Gabriel, “el divo de Juárez” podemos decir “pero que necesidad” había de meterse en camisa de once varas.
manuelpadillaperiodista@hotmail.com
