Ministro apócrifo

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José C. Serrano Cuevas.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el Máximo Tribunal Constitucional del país, en virtud de lo cual, tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de solucionar, de manera definitiva, otros asuntos jurisdiccionales de gran importancia para la sociedad” (tomado del documento ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación?)

Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza
Ex Ministro de la SCJN

En la fracción IV del artículo 95 constitucional se establece que para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita gozar de buena reputación; el segundo párrafo de la fracción VI de dicho artículo señala que “Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

Esta pincelada diáfana del deber ser, inopinadamente, se ve maculada por la renuncia de Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza a su asiento de ministro de la SCJN. El abogado de marras nació en la Ciudad de México hace 62 años. Ha sido un hombre del sistema a partir de la administración de Vicente Fox Quesada, a quien le rindió cuentas de 2000 a 2005 como titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); el ocurrente guanajuatense en 2005 lo nombró secretario de Seguridad Pública a nivel federal.

Otro presidente panista, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, lo nombró titular de la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR) para el período 2006-2009. En este último año fue designado embajador de México ante el Reino Unido; en 2013, ya en el gobierno del mexiquense Enrique Peña Nieto, se hizo cargo de la embajada de México en Estados Unidos. El premio mayor le llegó a Medina-Mora en 2015, al ser designado por consigna del jefe del Ejecutivo federal ministro de la SCJN.

La trayectoria de Eduardo Medina-Mora Icaza engloba los más oscuros episodios de la historia reciente del país: espionaje político, represión de movimientos sociales, militarización de la policía, carpetazo a tragedias multitudinarias, acuerdos internacionales que inundaron de armas al país y manipulación de testigos protegidos con fines políticos y electorales.

La renuncia sorpresiva de Medina-Mora, el 3 de octubre reciente, se debe, entre otras razones, a que ha estado en la mira del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, quien ha mencionado a los medios de difusión que la instancia que encabeza analiza la información sobre presuntos depósitos por dos millones 300 mil dólares que recibió el dimitente en sus cuentas bancarias, entre 2016 y 2018, según lo detectado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Hace 30 días que las autoridades de México y del vecino país del norte trabajan de manera conjunta en el caso.

Mediante un reporte de la National Crime Agency, del gobierno del Reino Unido, comenta Nieto Castillo, se detectaron transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del ministro de la SCJN, en el HSBC UK BANK de Londres, Inglaterra, por un total de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas, que fueron depositadas en los dos últimos años.

Por si esto no bastara para identificar a Medina-Mora como ministro apócrifo, algunos medios impresos destacan que el multimillonario jurisconsulto está implicado en narco, trata y lavado.

El caso Medina-Mora se convierte en la gota que derrama el vaso: El Poder Judicial, en sus ámbitos federal y estatales, está plagado de jueces, magistrados y ministros de peculiar enriquecimiento que está por encima de las percepciones de por sí altas para quienes ocupan cargos relevantes en esta estructura. La despedida del ministro envía un mensaje al resto de sus colegas: es deseable que todo acto de corrupción en ese ámbito sea procesado en el Poder Ejecutivo federal con la puntillosidad que se requiera. La exigencia de los mexicanos es tajante: ¡No más complicidades!