José Luis Rodríguez Flores.
En la edición 365 de agosto de 2019 de este medio de comunicación, comenté respecto al ilegal decreto No. 351 hecho por los nefastos diputados del Congreso de Baja California. Algunos diputados que no estuvieron a favor de la ilegal “ley” Bonilla; y no se dejaron seducir por los cañonazos de morlacos, probablemente otorgados a los ahora ex diputados del PAN por parte del entonces candidato a gobernador Jaime Bonilla. En el artículo referente me referí al sepulcral silencio cómplice de la Ministra de gobernación Olga Sánchez Cordero; para colmo de su dejadez en reunión con el gobernador Jaime Bonilla; Olga Sánchez fue más allá y dijo ser ingenua y ser de la edad de piedra, ya que no se percató que la estaban grabando cuando dio su apoyo a Bonilla, con su declaración de que el decreto 351 “perviviría” y supuestamente si autorizarían de 2 a 5 años el mandato de gobernador; como corolario se puede pensar que con su dichos, la Secretaria de Gobernación desbancó al gran cómico Cantinflas en sus mejores tiempos “si lo dije pero, pero bueno… no lo dije ahí está el detalle”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión en pleno y en conjunto con su presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, declararon por unanimidad la inconstitucionalidad del fallido e ilegal decreto No. 351 con el cual intentaron ampliar el plazo que era de 2 años, llevarlo a 5 años; contrario a lo estipulado en la convocatoria para elegir el gobernador de Baja California, que decía que el plazo para gobernador de Baja California era del 1º de noviembre de 2019 y hasta el 31 de octubre de 2021; periodo de 2 años y no de 5 años que luego intentara ampliar el ex priista Jaime Bonilla junto a los diputados.
Los ex alcaldes de Mexicali Gustavo Sánchez del PAN y de Tijuana Juan Manuel Gastelum Buenrostro también del PAN, se fueron a la yugular de Bonilla y de los diputados, presentando sendas controversias constitucionales en contra de la ampliación del plazo de gobernador de Baja California; ya que la convocatoria fue por 2 años, y Jaime Bonilla intentó hacerlo de 5 años con la complacencia de los ahora ex diputados del PAN, Mónica Hernández Álvarez, Carlos Alberto Torres Torres, María Trinidad Vaca Chacón, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak y José Félix Arango Pérez, quienes ilegalmente votaron a favor de la oprobiosa ley Bonilla, que inútilmente y por todos los medios trataron de tergiversar la ley, y lejos de privilegiar el estado de derecho se fueron, según comentarios del politólogo Ricardo Rafael quien aclaró sobre la probable compra de votos de parte del candidato Jaime Bonilla, para que los 6 diputados del PAN y los diputados de MORENA votaran a favor de la Ley Bonilla; por lo que con la renuncia de los antedichos diputados de Acción Nacional, se redujo en el Congreso de Baja California de 12 a 6 los legisladores del PAN; en la parcialmente deshonrosa XXII legislatura del Estado de Baja California.
El ministro José Fernando Franco junto a 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación apoyaron la inconstitucionalidad del ilegal decreto No. 351 y por unanimidad, votaron a favor del proyecto de inconstitucionalidad; y contra el fraude que quería cometer Jaime Bonilla; por ende los ministros y el presidente Arturo Zaldívar de la (SCJN) alegaron que este hecho insólito, constituye un fraude electoral, y violación flagrante a la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, ya que con el ilegal decreto 351 emitido por el Congreso del Gobierno de Bonilla en Baja California, violó el concepto de No retroactividad de la ley (artículo 14) afectando derechos de terceros, así que el ahora gobernador Jaime Bonilla intentó alargar el plazo a 5 años.
Este llamado FRAUDE ELECTORAL dicho por los 11 ministros del pleno, así como aducido también por el Presidente la Suprema Corte de justicia de la Nación Arturo Zaldívar; considero que es otro tipo de corrupción, que no debería de quedar impune; y el presidente Andrés Manuel López Obrador debería de castigar a los responsables a través de su gabinete ampliado ¿Veremos a “AMLO” tomar alguna decisión al respecto o por lo menos opinar en contra de este tipo de actos ilegales, que en nada ayuda a nuestra ya de por si maltrecha democracia, o callará concediendo silenciosa complacencia, al igual como lo hizo hasta ahora la exministra de la Suprema Corte de la Nación y actual Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero?. Usted amigo lector que opina…
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