Fernando Rangel de León.
Desde el 15 de septiembre están corriendo los veinte días naturales que concluirán el próximo 5 de octubre, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva si es constitucional o no la petición del Presidente de la República, de que se haga una consulta popular para que el pueblo vote si se lleva o no a juicio a los ex Presidentes de la República, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
La Constitución, dice que no podrá ser materia de consulta popular “la restricción de los derechos humanos reconocidos” por ella; entre los que se encuentran la presunción de inocencia y el debido proceso; y que es lo que los opositores a ella, están esgrimiendo; estimando nosotros que el hecho en sí mismo de pedir que se lleve a juicio a un ex Presidente de la República, no constituye por sí solo violación alguna a esos derechos humanos; pues con la consulta no se está prejuzgando ni sobre el hecho penal en sí ni sobre la presunta responsabilidad penal; que son materia exclusiva del Ministerio Público y de los Juzgados; en donde sí se les deben de respetar todos los derechos del mundo, como a todos.
Los opositores a la consulta popular, con una actitud muy puritana, quisieran separar el derecho y la justicia; pretendiendo que con el primero se deje de tener esta última; cuando el derecho es un medio para alcanzar su fin: la justicia; por eso todos los Tribunales Superiores de los Estados y la misma Suprema Corte de la Nación, se llaman de justicia, no de derecho; y por eso también distinguidos hombres que fueron más humanistas que juristas como el autor del Decálogo del Abogado, Eduardo J. Couture, afirmó que cuando estuviera en conflicto el derecho y la justicia, debería optarse por esta última porque hay que darle a cada quien lo suyo, lo que le pertenezca; y en el caso de la consulta popular hay que darle al pueblo la oportunidad de que decida no sobre la suerte judicial de un hombre cualquiera de carne y hueso, sino de ex Presidentes de la República, de trascendencia nacional y en algunos casos hasta de trascendencia histórica.
El derecho y la justicia solo pueden darse en la democracia, y la consulta popular es uno de sus instrumentos con los que los ciudadanos pueden expresar libremente su voluntad soberana directamente.
Estamos ante la oportunidad de que por primera vez el pueblo cambie el curso de la historia de México, mediante la consulta popular.