Intereses mezquinos pretendieron suprimir la Obra de Carranza y lo lograron por varios años, no obstante Carranza vive en su grandeza
Alfredo Ríos Camarena
El presidente Venustiano Carranza, aún en funciones constitucionales, fue asesinado arteramente a las 3:30 de la mañana del 21 de mayo de 1920, acompañado de su secretario de gobernación Manuel Aguirre Berlanga, de dos ayudantes militares y de su secretario particular.
Quienes cometieron este innecesario crimen tenían nexos con las compañías petroleras extranjeras, que siempre quisieron imponer sus condiciones unilaterales, por eso los homicidas gritaban ¿Viva Peláez!, haciendo referencia al militar Manuel Peláez Gorrochotegui, que estuvo ligado a las guardias blancas de las empresas mencionadas y que su familia fue dueña de pozos petroleros desde que fue descubierto en la Región Huasteca en 1901, el traidor más connotado fue el militar Rodolfo Herrero, subordinado de Peláez.
Intereses mezquinos pretendieron suprimir la Obra de Carranza y lo lograron por varios años, no obstante Carranza vive en su grandeza, no sólo como militar, sino como constructor del nuevo constitucionalismo mexicano y como defensor acérrimo de la soberanía nacional.
La Constitución, la más avanzada de su tiempo, requería para ser eficiente tres columnas fundamentales: 1) el reconocimiento de las garantías individuales y derechos humanos; 2) la división de poderes y, 3) la teleología que le dio el movimiento revolucionario a este documento y que permitió la construcción de un Estado Social de Derecho.
La esencia de la democracia consiste en que exista una armonía de eficiencia constitucional y, ésta sólo puede lograrse –así lo opinan todos los constitucionalistas de occidente— si la división de poderes permite equilibrios en donde se expresen todas las voces de la nación.
El problema que se genera cuando existe un partido hegemónico –como hoy lo estamos viviendo— donde el Ejecutivo controla a las Cámaras federales, a muchos de los Gobiernos locales y que el Poder Judicial se encuentra acotado por la presión del Gobierno que trata de imponer –por encima del Estado de Derecho— políticas que pudieran ser buenas o no, nunca deben saltar el valladar de la gran estructura jurídica y política que representa la Constitución General de la República.
Hacia el futuro inmediato se requiere una mayor acción política de los partidos de oposición que se encuentran postrados y a la deriva, salvo excepciones anecdóticas como la que sucedió el jueves 1 de octubre, cuando hartos de la imposición se sumaron a los diputados del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano, los también representantes populares del Partido Verde y del Partido del Trabajo, francamente inusitado, lograron temporalmente romper el quórum para evitar que se aprobara –en esa sesión— la reforma exprés y sin estudios económicos adecuados, que propone la desaparición de más de 90 fideicomisos públicos; La nueva pregunta redactada por la Corte en relación a la Consulta Popular propuesta por el Ejecutivo, desnaturaliza el objetivo político de incorporar en esta los nombres de los ex presidentes, este ejercicio consultivo según los consejeros del INE puede costar 8 mil millones de pesos. La renuncia de un partidario acérrimo de este gobierno, como lo es mi compañero profesor de Derecho Constitucional, en la UNAM, Jaime Cárdenas Gracia, también demuestra la inconsistencia administrativa y el desorden que priva en diversas entidades del sector público.
La única fórmula de retomar el camino es la aplicación permanente del sistema jurídico. Un país no puede tener destino sino observa una conducta garantizada por la ley.
Insultar al presidente de manera mezquina, es acción que sólo realizan quienes carecen de razón y de principios; al señor Presidente de la Republica hay que señalarle de manera respetuosa, pero firmemente, sus errores; porque sólo juntos y unidos hacia el futuro inmediato, los mexicanos podemos regresar a Carranza y llevar a buen puerto el destino nacional.
Alfredo Ríos Camarena
Académico de la Facultad de Derecho de la UNAM
