José Guadalupe Robledo Guerrero.
Los negocios del poder de EMB
Eliseo tenía un inusitado interés por Sierra Mojada. Se rumoraba que el motivo eran los rentables negocios que tenía en Sierra Mojada y Ocampo. Según esto, EMB era propietario de concesiones mineras en aquella región, las cuales estaban a nombre de terceras personas, entre las que destacaba Gustavo Villarreal y su hermano Alberto, el primero era encargado estatal del Desarrollo Fronterizo, y uno de los socios del gobernador en otros negocios.
Se decía que esas minas producían hierro, carbón, plomo, y derivados de plata, oro y zinc que abastecían a empresas como Ahmsa y Sicartsa. Para beneficiar a esos negocios, Eliseo quería dotar a esa parte de Coahuila de carreteras y caminos, con el pretexto de beneficiar a los ejidatarios.
Se insistía que Mendoza Berrueto también era propietario de una cabaña amueblada que le habían regalado un complejo turístico rural en Ocampo, y que EMB era dueño de un rancho ganadero en Múzquiz equipado por algunas dependencias estatales: El director de Productividad Rural, Jorge Galo Medina, lo había dotado de perforaciones, tanques de almacenamiento de agua, electricidad, desmontes, canales y bordos de contención.
También el director del Instituto Estatal de la Vivienda, Abraham Cepeda Izaguirre, contribuyó con su cuota, regalándole sementales y proporcionándole información técnica sobre los pies de cría que se adquirían en Colorado, EUA. Otros funcionarios proporcionaron asesoría sobre pastizales, maquinaria y planificación de pastas ganaderas y corrales. Al director de Sapac, Francisco de la Peña, le correspondió la tarea de perforar una parte de los pozos de la propiedad.
Los proyectos turísticos de Boquillas del Carmen y del parque Big Ben rendirían beneficios a la familia gobernante, pues el gran contratista del sexenio era Emilio Mendoza Berrueto, hermano de Eliseo, quien retornó del sureste mexicano para hacerse cargo de las obras turísticas: carreteras, caminos, casas, calles, hoteles, drenaje y urbanización. Éstos y otros rumores se diseminaban en los corrillos políticos.
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Al inicio de 1990 entrevisté al diputado federal Rogelio Montemayor Seguy, quien conocía y era partícipe del neoliberalismo salinista, y señaló: “La renegociación de la deuda resolvió un problema que era insostenible para el país”. “Con todos los ajustes, el total de la deuda es de 80 mil millones de dólares”. “Casi el 40 % del ahorro nacional era para darle servicio a la deuda”.
Luego del desgaste político, Arturo Berrueto González dejaba la presidencia del PRI coahuilense, y lo sustituía el panista disfrazado de priista, Higinio González Calderón, “político” del establo de Javier López del Bosque, y subordinado a los dueños del Grupo Industrial Saltillo.
Con la destitución de Arturo Berrueto, Jesús García “El Tesorito” había logrado una victoria más, pues también se deshizo de Humberto Gaona Silva de Prensa del Estado; de Roberto Orozco Melo de la Secretaría Particular; de Francisco Aguirre Fuentes de la administración del DIF; de Arturo Berrueto González de la dirección del PRI estatal; y de Ramiro Flores Arizpe de la Procuraduría de Justicia, entre otros. Todos los caídos tenían un común denominador: se enfrentaron con el tesorero del Estado, Jesús García López.
Mientras tanto, “El Tesorito”, Jesús García López, era mencionado en los principales negocios del sexenio: Maquiladoras y parques industriales en Hermosillo, Sonora; casas de bolsa; empresas de computación; radiodifusora en Veracruz; y el tradicional “jineteo” de los recursos estatales.
Otro de los enrolados en los negocios sexenales de EMB fue el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila (Sapac), Francisco de la Peña Dávila, quien fue acusado a principios de junio por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional de malversación de recursos, lo que motivó que los partidos opositores exigieran una auditoría a Sapac, para conocer el destino que tuvieron los créditos y demás recursos económicos que manejaba el organismo.
La denuncia la hizo Francisco Navarro Montenegro ante el Congreso de la Unión, y tenía como fundamento una obra de más de tres millones de pesos, que no se justificaba y que “casualmente” dotaba del servicio de agua a grandes terrenos baldíos que eran propiedad del director de Sapac. Como única defensa, Francisco de la Peña argumentó que el gobernador Mendoza Berrueto supo de antemano que por allí tenía unos terrenos, y de todos modos ordenó que se hiciera la obra. La denuncia pronto calló y los cardenistas no volvieron a mencionar el asunto, una negociación lucrativa los había callado.
Cerca de las elecciones intermedias, los jerarcas católicos comenzaron con sus oportunistas críticas, y entrevisté de nueva cuenta al obispo de Saltillo, Francisco Villalobos Padilla. En esta ocasión ya no hubo exabruptos del obispo, como la primera vez que lo entrevisté, pero sus respuestas fueron en tono altanero.
El obispo Villalobos repitió su cantaleta: “La iglesia es una realidad de influencia moral, sería una necedad desconocerla”. “El derecho de la educación es de los padres de familia, no del Estado”. “El derecho de votar es fundamental, si se restringe a los sacerdotes es atentatorio”.
En marzo de 1990, visitó Coahuila mi amigo Julio Hernández López, ahora destacado editorialista del periódico La Jornada, autor de la columna Astillero y en ese entonces secretario adjunto de Programas Especiales del CEN del PRI y dirigente del Movimiento para el Cambio Democrático del PRI. Como era de esperarse, Julio fue desairado por Higinio González, y salvo algunos priistas que le dieron calor a sus pronunciamientos de cambio, nada más ocurrió.
A Julio Hernández López lo conocí a finales de 1974, cuando retorné a San Luis Potosí a constituir sindicatos obreros. Julio era en ese entonces estudiante de Derecho y líder de la Federación de Estudiantes de la Universidad potosina. Hijo de ferrocarrileros, los sindicalistas obreros recibieron de él un invaluable apoyo.
Sus inquietudes de cambio lo enfrentaron con la nomenklatura priista, y después de una huelga de hambre que realizó para hacerse escuchar, optó por renunciar al PRI ante la sordera de sus compañeros de partido. Desde entonces Julio Hernández se enroló en las actividades periodísticas de La Jornada.
En esa ocasión entrevisté a Julio Hernández, y dijo: “Las próximas elecciones federales serán de alto riesgo para el PRI”. “Si las bases no luchan por el cambio, éste sólo será una simulación”. “Debemos dejar de ser cómplices de los excesos del poder”. “Si no se hace caso, debemos levantar la voz para que nos escuchen”.
Pero en Coahuila no sólo Julio Hernández López era ignorado, también la mayoría de los periodistas coahuilenses recibían el mismo trato. El director de Prensa del gobierno estatal, Gerardo Hernández González (hoy disfrazado de articulista crítico) logró enemistar a los periodistas con el gobierno mendocista. La fatuidad de Gerardo y la corrupción fueron su tarjeta de presentación.
Gerardo Hernández y su concuño Javier Dávila Herrera que se había colado a la dirección de Prensa, comenzaron a exhibir bonanza en su economía familiar. Igual que en todos los sexenios, la compra de residencias era el deporte favorito de los beneficiarios de la corrupción. Fue por esos días que Gerardo Hernández estrenó casa.
Para el “día de la libertad de expresión” (7 de junio de 1990), el director de prensa Gerardo Hernández González y su concuño Javier Dávila, eran considerados como dos nuevos ricos del sexenio por su repentina prosperidad, y se les acusaba no sólo de enemistar a los periodistas con su mecenas, también de tener una larga nómina de convenios publicitarios ficticios, cuyos cheques iban a parar a la cuenta de Gerardo Hernández, depositados por su secretaria Cristina Neira. También se hablaba sobre su recurrente práctica de “ordeñar” los sobres de las dádivas periodísticas a la usanza de su patrón EMB, quien hacía lo mismo con las partidas y presupuestos de los municipios.
Gerardo Hernández fue considerado el peor director de prensa; y eso es mucho decir, pues por esa área estatal han circulado muchos que llegaron a ese cargo para enriquecerse, entre ellos Carlos Robles Nava, Claudio Bress Garza, Alba Celina Soto, por mencionar sólo algunos. Gracias a Gerardo Hernández, durante todo el sexenio mendocista, la tropa periodística pintó su raya con el gobierno estatal, organizando cada 7 de junio un desayuno festejando el día de la libertad de expresión independiente al que organizaba el gobierno para los dueños de los medios de comunicación.
El 23 de marzo, la comunidad del Instituto Down de Saltillo le dio un reconocimiento al Presidente de la Fundación Cultural de Coahuila, Armando de la Peña Rodríguez, por su desinteresado apoyo. En esa ceremonia, Armando tomó la palabra y señaló que meses antes habían acudido con Mendoza Berrueto para solicitarle el aval para la compra de una casa que daría albergue al Instituto Down. El aval les fue negado con el argumento de la crisis económica.
Armando de la Peña recordó que después de la negativa de avalar al Instituto Down, Mendoza Berrueto había apoyado la construcción del autódromo, en donde su hijo adoptivo practicaría su hobby de nuevo rico: corredor de autos. Armando también mencionó la costosa clínica (La Conchita), en donde el exgobernador José de las Fuentes Rodríguez invirtió más de 20 millones de pesos, para que su hija y su yerno ejercieran la medicina privada. “No es posible -dijo Armando- que nadie haga algo para evitar que nos sigan robando”.
Armando de la Peña era amigo de Rogelio Montemayor, y se decía que si RMS llegaba a la gubernatura, Armando sería el encargado del Icocult, pero de la Peña Rodríguez sucumbió ante Eliseo, y aceptó -antes de tiempo- la dirección del Icocult. Los chismes pueblerinos harían el resto, acarreándole una enemistad con la esposa de Montemayor, Lucrecia Solano.
El sedicente Rector de la UAC, Remigio Valdez Gámez seguía destruyendo a la universidad. La corrupción, la incapacidad, la inmoralidad y el despilfarro se habían apoltronado en la UAC. Remigio tenía como principales colaboradores a dos personajes ligados a los propietarios del Grupo Industrial Saltillo: Roberto Arizpe Narro, Secretario General y Francisco Javier Duarte Villegas, Tesorero.
A mediados de 1990, Eliseo desairó (por segunda ocasión) a Manuel Bartlett Díaz, Secretario de Educación del salinismo, cuando vino a Torreón en visita oficial no lo recibió el gobernador, porque prefirió ir a la frontera coahuilense a recibir al actor Ricardo Montalbán, quien vino invitado a una cena que recolectaría fondos para el DIF estatal y algunas otras instituciones de beneficencia pública. Estas cenas siempre se pagan con recursos públicos.
El saqueo mendocista y el rumor de que EMB dejaría la gubernatura seguían creciendo. Todos aseguraban que Eliseo sería destituido de la gubernatura por CSG.
(Continuará).
La concertacesión de la alcaldía saltillense…
