José C. Serrano Cuevas.
En días recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expuso a los medios informativos su interés en conocer la organización y funcionamiento de las 9 mil organizaciones donatarias que reciben recursos de entes nacionales y extranjeros; particularmente quiere saber si tales beneficiarias están al corriente con el fisco.
María Amparo Casar, nacida en la Ciudad de México hace 65 años, es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Tiene una participación regular, los martes de cada semana, en el noticiario nocturno que transmite la estación televisiva MVS.
En la emisión del martes 10 de noviembre, la doctora Casar, hizo a un lado el formato en el que encuadra sus comentarios y opiniones sobre el quehacer político en este país y otras latitudes. Enfocó sus baterías a la defensa de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de la cual es presidenta.
Dijo que la organización «tiene el carácter de donataria desde 2016, que ha cumplido con todas las disposiciones legales en materia fiscal y de transparencia vigentes; que cada una de las donaciones ha sido reportada a las autoridades hacendarias con la periodicidad y requisitos establecidos en la ley; que se sostiene a partir del financiamiento privado nacional e internacional y, que tiene el deber de mantener la confidencialidad de los datos personales de sus donantes».
Le comentó al conductor del programa que, esa noche, utilizaba el espacio como presidenta de la organización, aunque a título personal. Expresó tener miedo a que le quiten a MCCI el carácter de donataria; a que se desate una persecución fiscal; a que los donantes se sientan intimidados por las palabras de AMLO y le retiren su apoyo; a que los integrantes de MCCI se sientan hostilizados y no puedan ejercer su libertad en el trabajo de investigación; a que la reputación de MCCI sea dañada irremediablemente.
La narrativa de la doctora Casar, tan cargada de emotividad, fue suficiente para emprender una búsqueda hemerográfica. He aquí algunos de los hallazgos: MCCI fue fundada en 2016 por el empresario Claudio X. González Guajardo; la organización recibe financiamiento de la agencia estadunidense Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y la Agencia estadunidense para el Desarrollo Internacional (USAID).
Lo interesante es que ambas agencias son especialistas en corromper y encubrir a dirigentes de partidos políticos, empresarios, ONG y medios informativos con el fin de desacreditar y descarrilar gobiernos nacionalistas. Para lograr sus objetivos por lo regular coordinan sus actividades con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). Cabe entonces preguntarse, ¿para quién trabaja el MCCI?
La búsqueda hemerográfica abona otros aportes: María Amparo Casar fue coordinadora de asesores del secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda, durante la administración de Vicente Fox Quesada; su esposo fue Carlos Fernando Márquez Padilla, quien el 7 de octubre de 2004 cayó del piso 12 de la Torre de Pemex, autoridades cerraron el caso, argumentando suicidio.
María Amparo Casar, desde la Coordinación de Asesores, fue la autora del desafuero al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, AMLO. La señora convenció a Santiago Creel Miranda de que el desafuero era factible, había elementos para llevarlo a cabo; también lo convenció de que se postulara como aspirante a la candidatura presidencial de 2006, apoyados por el millonario Lorenzo Servitje.
Todo le salió mal a la doctora Casar con el desafuero de AMLO y en sus proyecciones y predicciones del escenario político. El doctorado en Ciencias Políticas no le alcanzó para tanto.
Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha declarado a los medios de información que entre las 9 mil empresas donatarias autorizadas, existen las que utilizan esquemas «muy parecidos a las factureras y a las empresas de lavado de dinero». Abusan de las aportaciones que reciben, porque destinan hasta 50 por ciento a gastos de administración, cuando la ley sólo permite el 5 por ciento.
Buenrostro advirtió que les realizarán auditorías y aplicarán sanciones, incluso retirarles la autorización, mencionó que han detectado gastos «en comidas carísimas en lugares turísticos para dos o tres personas, que deducen y meten como gasto acreditable».
Al parecer, la premonición de la doctora Casar se cumplirá, a pesar de los pesares.
