José Guadalupe Robledo Guerrero.
El pasado 23 de marzo, en una nueva farsa presidencial, Andrés Manuel López Obrador convocó a los gobernadores de todo el país, para firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia, según esto, para que se comprometieran a lo que tienen obligación: garantizar elecciones limpias y libres el próximo 6 de junio, en donde se renovarán 15 gubernaturas, sus Congresos locales y la Cámara de Diputados.
A la cita presidencial asistió la inmensa mayoría de los mandatarios estatales, con excepción de dos: Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco y Quirino Ordaz Coppel de Sinaloa, en donde la queja de los gobernadores fue que no hubo el consenso necesario, porque no participaron en la discusión ni en la redacción del acuerdo, y fue vista por los mandatarios como una imposición del presidente López Obrador, quien al terminó de la firma no permitió ningún diálogo con los que gobiernan los estados de la República.
Los gobernadores denunciaron que no conocían el texto del Acuerdo, ni tuvieron la oportunidad de enriquecer que se firmaba, menos hubo la posibilidad de un debate con AMLO, quien se supone es el presidente de todos los mexicanos. En otras palabras, no hubo un trato políticamente correcto con los mandatarios que fueron electos por los ciudadanos de sus respectivos estados.
La reunión -a puerta cerrada- se limitó a un discurso presidencial y a las intervenciones de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich Arellano.
En la dichosa reunión con AMLO, no se incluyó al Instituto Federal Electoral que por ley es el árbitro y el que garantiza los procesos electorales en México, pero sí estuvieron presentes, convocados por el presidente, el secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval González y el secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, cuyas instituciones no tienen injerencia en los procesos electorales, y por la naturaleza de su mando vertical, son antidemocráticas.
Pese a todo, los gobernadores firmaron el Acuerdo Nacional por la Democracia, evento presidencial que sin darle más vueltas, fue una afrenta para los gobernadores, los ciudadanos y la inteligencia, que aunque los políticos la ignoren y muchos ciudadanos la soslayen, existe en México.
Este acto, convocado por desde el más alto nivel político de la nación, debe ser considerado como una farsa electorera presidencial, pues todos sabemos que al momento de la firma del Acuerdo, ya estaban decididos -por las cúpulas gobernantes- los candidatos a los puestos de elección que habrán de disputarse el próximo 6 de junio, y que el presidente y cada uno de los firmantes impulsan económica y políticamente a sus favoritos. Así es la política a la mexicana.
Entonces, ¿Qué es lo que garantiza el escrito firmado con el eufemístico nombre de Acuerdo Nacional por la Democracia?
Política aldeana
El Tribunal Electoral de Coahuila emitió una sentencia para que se establezcan medidas que permitan a la comunidad LGBTTTI participar de manera equitativa en los procesos electorales. En otras palabras, el dichoso tribunal “independiente”, está pidiendo ¿u ordenando? que les den cuotas en los cargos públicos de elección a quienes pertenezcan a dicha comunidad. ¿Por qué los burócratas del Tribunal Electoral no piden equidad para los obreros de la Región Sureste de Coahuila que son el grupo mayoritario y no está representado en los cargos públicos?
Pregunta huérfana
En días pasado se informó sobre la elitista boda de la hija de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, a donde asistieron 1,400 invitados, amenizado el evento por “El Potrillo” Alejandro Fernández, uno de los más caros cantantes mexicanos, cuya actuación cuesta 8 millones de pesos. A la boda, que no fue criticada por los excesos, asistieron dos expresidentes de México: Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, y en estos momentos electorales su asistencia supone un mensaje político.
¿Qué mensaje quiso darse? ¿Aquí estamos vivitos y coleando y vamos a confrontar a AMLO?
