José Guadalupe Robledo Guerrero.
A mediados de 1995, Coahuila estaba llena de rumores, conflictos y simulaciones, a tal grado que los prestanombres salinistas Alonso Ancira y Xavier Autrey aseguraban que patrocinarían en Monclova un colegio de Los Legionarios de Cristo, esa secta católica de pederastas y pedófilos.
Antes del día de la libertad de expresión, entrevisté al locutor y propietario de una radiodifusora en Piedras Negras, Claudio Bres Garza, director de Comunicación Social del gobierno montemayorista.
Las respuestas de Claudio Bres fueron simplistas, de un personaje que sólo entiende de publicidad comercial. Sobre los premios estatales de periodismo, Bres Garza negó que el gobierno seleccionara a los premiados, a pesar de ser verdad.
Al margen de su ignorancia sobre periodismo, Bres Garza pontificó “La libertad de expresión debe ejercerse con profesionalismo y criterio”, porque según él: “La crítica infundada e irresponsable si molesta”, pero reconoció que “En el gobierno hay cosas positivas y negativas”.
Montemayor convirtió a Claudio Bres en Alcalde de Piedras Negras, y en su nueva faceta de político continúo disfrutando de privilegios, hasta que -según se dijo- los Juaristi lo frenaron en seco.
Para entonces se criticaba el proyecto de construir en Saltillo el bulevar Luis Donaldo Colosio, pues beneficiaría a los terratenientes urbanos los Verduzco Rosán, los López del Bosque, Enrique Martínez y Martínez, Luis Horacio Salinas, Víctor Mohamar, Carlos de la Peña, y otros terratenientes urbanos. Finalmente, el dichoso bulevar fue hecho realidad en el gobierno de Enrique Martínez y Martínez, uno de los beneficiados con tal obra que fue realizada con dinero público.
En ese tiempo, ya se sabía que el Presidente Zedillo tenía la intención de entregarle la Presidencia al PAN. Esto se denunció desde el primer año de su sexenio. ¿Bola de cristal? No, estaba claro que eso sucedería, como sucedió.
Haciendo ostentación de su salinismo neoliberal, Montemayor inauguró la euforia por vender, concesionar o privatizar los bienes públicos de los coahuilenses.
Supuestamente para hacer eficiente el cobro del servicio, el Consejo de Administración del Simas (Saltillo) compuesto por los “notables” saltillenses que no pagan el agua que consumen sus negocios y residencias, decidieron concesionar la administración del Simas a una empresa privada.
Esta medida fue de acuerdo al plan para privatizar el Simas propuesto por Fidagua (Fideicomiso del Agua), institución dirigida por Mario Eulalio Gutiérrrez Talamás y José María Fraustro Siller. Fidagua fue una dependencia gubernamental bastante cara, más por las comelitonas y borracheras de sus directivos, que por las obras y proyectos realizados. A pocos meses de su creación, Fidagua contabilizaba un gasto de más de 20 millones de pesos, pues a sus directivos les gustaba la buena vida, pagada con el erario.
Los pretextos para la privatización de Simas fueron que no había una buena distribución del agua, que su cobro era ineficiente y que por su mal estado, la red de distribución perdía alrededor del 40 por ciento del vital líquido. Privatizar el agua saltillense era cuestión de tiempo, ya estaba en la mira de las empresas trasnacionales que se querían apoderar del agua de las ciudades con la complicidad de los gobernantes, para hacer negocio sin riesgos. El Simas se privatizó en el sexenio de Enrique Martínez, y levantó suspicacias por la opacidad con que se hizo.
En ese entonces, el PRI estatal organizó un Congreso de “Mujeres por el cambio”. Dicho evento se realizó para crearle una tribuna a la esposa del gobernador, Lucrecia Solano, quien dijo en su discurso “Un buen gobierno es el primer paso para darle credibilidad al partido, erradicando los vicios, la corrupción, la politiquería y teniendo políticos de principios”. Con esto supe que la demagogia y la simulación no son exclusivas de los varones, a las damas también las seduce.
Segunda agresión montemayorista
El 10 de junio de 1995, día de la Libertad de Expresión, fui objeto de otra agresión. Alrededor de las 23 horas un par de sujetos, desde un vehículo en marcha, balacearon un automóvil de mi propiedad que se encontraba frente a la puerta de mi casa.
El velador de un negocio que presenció la agresión, logró ver a los agresores, anotar el número de placas y las características del vehículo.
Cuando llegué a mi casa encontré a mi familia (esposa y cinco hijos menores de 15 años) aterrorizada por lo que había sucedido. Al día siguiente, acompañado de algunos compañeros periodistas fui a denunciar el caso con el Procurador Medina Ainslie, pero poco interés le dio al asunto.
El entonces director de la Policía Ministerial, Héctor Gutiérrez Cabello “El Peque”, aseguró que me había auto agredido.
Al darme cuenta que la Procuraduría nada haría por esclarecer mi caso, con ayuda de un policía amigo comencé a investigar los datos que me dio el velador que fue testigo de la agresión, y encontramos el automóvil de los agresores.
El vehículo estaba a nombre del profesor Félix Campos Corona, para entonces fallecido, y el testigo reconoció el automóvil y al que lo conducía el día de la agresión, Alberto Campos Olivo, hijo del finado político priista.
Al agente del Ministerio Público designado para mi caso, Alfonso Olegario Zamora Salas y al propio Procurador Medina Ainslie les entregué los resultados de mi investigación realizada en 48 horas, en la que incluía al otro agresor, que trabajaba en el PRI, el que había realizado los disparos. Pero aún con el caso resuelto, en la Procuraduría nunca lo esclarecieron.
Por el contrario, el agente del Ministerio Público Zamora Salas obstaculizó la justicia, tergiversó las declaraciones y dilató el proceso, por eso solicité que lo retiraran del caso. Estaba claro que la agresión se había ordenado desde el gobierno estatal.
Quince días después, Montemayor me citó en su despacho, luego que publiqué una carta abierta dándole a conocer mis vicisitudes. Ya no tenía relación con el gobernador, el conflicto en el Hospital Universitario de Saltillo nos había enfrentado.
Acudí a la cita, Montemayor preguntó lo que ya sabía, le expliqué lo que había pasado y me quejé de la indiferencia de la Procuraduría. Señalé que era la segunda agresión que me hacían en su gobierno. Montemayor se mostró atento, y preguntó: ¿De quién sospechas? De su Secretario de Gobierno, Carlos Juaristi Septién, le respondí.
Al momento que acusé a su funcionario, para evadir el asunto, Montemayor preguntó ¿Y qué más hay de nuevo? En ese momento me retiré del despacho sin decir una palabra.
Tres semanas después, Carlos Juaristi Septién, por órdenes del gobernador me citó en su oficina, para que le dijera lo mismo, y otra vez repetí la información del caso, sabiendo que se lo decía al director intelectual de la agresión. Por eso cuando me preguntó si sospechaba de alguien, le contesté -Sólo tengo un sospechoso, y es usted. Di por terminado el circo y abandoné el despacho.
Días después despidieron de la Procuraduría a Francisco Javier Rodríguez “El Bebo”, el policía Ministerial amigo que me ayudó en la investigación de mi caso.
Nuestra investigación concluyó que el conductor del auto era Alberto Campos Olivo, que trabajaba en el Tribunal Superior de Justicia con el magistrado Zenaido Soto; y el que disparó el arma era un “trabajador” del PRI, pero nunca se aclaró la cobarde e intimidatoria agresión, mucho menos se investigó.
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Por otra parte, el Congreso del Estado -por órdenes de Montemayor- dictaminó que el exalcalde Rosendo Villarreal Dávila, el exTesorero Municipal José Manuel Garza Ortiz de Montellano y el exRegidor comisionado de Hacienda, Luis Rico Samaniego, todos panistas, debían pagar 5 millones 667 mil pesos que no habían justificado durante su gestión.
De esta manera, Montemayor resolvió el saqueo y el endeudamiento que Rosendo Villarreal y su tesorero había cometido en contra del ayuntamiento saltillense. La Comisión legislativa que acordó esta medida estuvo integrada por tres diputados priistas: Germán Froto Madariaga, Armando García Narro y Francisco Saracho Navarro.
Rosendo Villarreal y los dirigentes panistas de Coahuila, aprovecharon esta decisión para hacerse los ofendidos, arguyendo que las acusaciones de corrupción que les hicieron los priistas, tenían la intención de desprestigiar al PAN…
(Continuara).
El suicidio de Ignacio Cepeda…
