José Guadalupe Robledo Guerrero.
En septiembre de 1995, Flores Tapia me invitó al Recinto de Juárez. Hacía tiempo que no lo veía, pues cuando recaía en sus malestares físicos su médico le prohibía las visitas, pero cuando se sentía bien siempre me procuraba.
Flores Tapia tenía entonces 83 años de edad, y según me dijo sufría a veces de un fuerte dolor de piernas que le impedía movilizarse. La edad se dibujaba en su rostro y en su lento caminar, pero sus ideas jacobinas y su memoria estaban intactas.
OFT quería que lo entrevistara para contar sus conclusiones sobre los gobernadores coahuilenses “Actualmente -dijo- estoy reconstruyendo las condiciones que orillaron al ex gobernador Ignacio Cepeda Dávila a suicidarse”.
Recordó que un día -por un desacuerdo con la federación- Cepeda Dávila externó ante Federico Berrueto Ramón y León V. Paredes: “Se le olvida al Presidente que Coahuila es libre y soberano, y que soy el gobernador Constitucional”.
“Poco después, cuando Ignacio Cepeda fue a Los Pinos a saludar al Presidente Miguel Alemán, éste lo dejó con la mano extendida y le dijo “Si el gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Coahuila viene a tratar un asunto político, debe ir a Gobernación, pero si viene a saludar al Presidente, no tengo tiempo para atender asuntos personales”.
En aquella ocasión, Flores Tapia había acompañado al gobernador Cepeda, y durante su regreso a Saltillo, OFT vivió con él la frustración del desaire presidencial. “Luego Nacho se suicidaría”. Pero quién le llevó el chisme al Presidente, según Flores Tapia, había sido Federico Berrueto Ramón.
¿Por qué cree que fue Federico Berrueto y no León V. Paredes el que llevó el chisme?, pregunté. “Porque conocí muy bien a León V. Paredes desde que llegó a Saltillo con huaraches. Nos hicimos muy amigos y lo apoyé siempre que pude. Era muy valiente y talentoso. A ver si uno de estos días me acompañas a saludarlo. No quiero que se muera pensando en que me falló. A Paredes lo engañaron”.
Esto dijo Flores Tapia, porque cuando López Portillo persiguió a OFT, León V. Paredes, cuyo nombre impuso al auditorio del PRI estatal, lo negó y lo criticó con dureza, aprovechando el vendaval de las ingratitudes que arrastró a los políticos de Coahuila.
Lo cierto es que OFT había perdonado la “condición humana” de León V. Paredes, pero nunca entendí por qué, por una simple suposición personal acusaba a Federico Berrueto de deslealtad con el exgobernador Cepeda Dávila, cuando quien había dado muestras de traición al propio Flores Tapia fue León V. Paredes.
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OFT sabía mucho de los entretelones de la política coahuilense, y cuando hablaba de los gobernadores, siempre recordaba a Raúl López Sánchez, al que calificaba como “un hombre con muchos cojones, muy ejecutivo, que le gustaba todo en orden”.
Recordó que en cierta ocasión, en Torreón, el gobernador López Sánchez llamó al Alcalde para encargarle que arreglara una calle que estaba en mal estado. Después volvió y la calle seguía igual, el Alcalde se justificó diciendo que había tenido mucho trabajo.
A su modo, López Sánchez le advirtió que sus órdenes eran para cumplirse. El Alcalde molestó le presentó su renuncia. El gobernador le contestó: “A mí nadie me renuncia, cuando usted se vaya del cargo, es porque yo lo despido”.
OFT admiraba a Raúl López Sánchez, incluso se reflejaba en él y durante su gobierno trató de emularlo. Un día se lo dije, no lo negó y sonrió aceptándolo como un halago.
Alguna vez relató una de sus acciones al estilo de López Sánchez “Enrique Martínez y Martínez recibió la alcaldía saltillense de Juan Pablo Rodríguez Galindo y encontró algunas facturas irregulares, lo que provocó roces entre ellos y continuamente se atacaban a través de la prensa. En cierta ocasión, cuando Roberto Orozco Melo me fue a despedir al aeropuerto, le dije “habla con estos dos y diles que ya estoy harto de sus pleitos, que si para cuando vuelva no han hecho las paces, quiero sus renuncias en mi escritorio”.
¿Y qué pasó?, pregunté ingenuamente. “Cuando volví me fueron a recibir al aeropuerto agarraditos de la mano”, respondió riéndose.
Aprovechando el tema pregunté ¿quién es el gobernador al que más recuerda con afecto? “A Pedro V. Rodríguez Triana, respondió, era un hombre de gran bondad, ignorante si tú quieres, pero de muchos cojones. Era un comunista revolucionario, se había levantado en armas en La Laguna con Benjamín Argumedo, a quien apodaban ‘El Tigre’ por su valor y combatividad. Los curros de Saltillo nunca le perdonaron que como gobernador fuera al cine a galería y a los toros a los tendidos de sol. Rodríguez Triana no era un hombre culto, pero conocía de sobra al pueblo que todavía no hemos logrado rescatar de la miseria”.
En el sexenio montemayorista espacié mis pláticas con Flores Tapia desde que aceptó asesorar a Rosendo Villarreal, porque no veía bien a Montemayor, que según él provenía de una familia de panista. OFT contó cómo intervino en Sabinas para frenar el activismo panista de Edilberto Montemayor, “El Borrado”, padre de Rogelio Montemayor.
Flores Tapia era contrario al neoliberalismo, lo repudiaba, y por lo tanto Montemayor no era santo de su devoción, ni Salinas de Gortari, a quien acusaba de querer destruir al PRI para sustituirlo con el Pronasol.
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En agosto de 1995, entrevisté a Rosendo Villarreal Dávila, precisamente el día en que vencía el plazo para que reintegrara los 5 millones 667 mil pesos que según el Congreso local no había justificado como alcalde de Saltillo.
Ahora convertido en Senador, Rosendo señaló “No resarcí nada, porque no me llevé nada”. “Rogelio no ha logrado el consenso de los coahuilenses”. “La inseguridad ha empeorado con Montemayor”. “No me saldré de la política”.
Rosendo Villarreal fue un alcalde corrupto, del que documentamos muchas de sus raterías, pero Montemayor no quiso hacerle pagar sus latrocinios. En respuesta, Rosendo pasó de acusado a acusador, iniciando una serie de señalamientos contra el gobernador a los que los montemayoristas calificaron de indignos y falsos.
El 15 de septiembre, Rosendo Villarreal citó a los reporteros, para decirles que haría una denuncia en contra de Montemayor al que acusó de ser un gobernador encubridor de narcos, y aclaró que la auditoría a las cuentas de su gestión municipal sólo era para desviar la atención de los serios problemas que vivía Coahuila.
Al día siguiente, la jauría oficial se le fue encima a Rosendo. Noé Garza Flores (Presidente del PRI) lo acusó de tener una actitud indigna al denunciar a su patrón; Carlos Juaristi Septién (Secretario de Gobierno), calificó de falsas las acusaciones de Rosendo; Germán Froto Madariaga (diputado local priista) dijo que eran declaraciones temerarias; Miguel Arizpe (alcalde saltillense) señaló que Rosendo “no tenía pruebas de su acusación”, y Sergio Reséndiz Boone advirtió que Rosendo “debería responder ante la ley por sus faltas”.
De todos modos, Montemayor estaba preocupado por la denuncia de Rosendo Villarreal, pues de los cinco gobernadores acusados de salinistas en el régimen zedillista, sólo RMS no tenía graves problemas. Patricio Chirinos fue acusado de proteger a caciques y narcos; a Otto Granados se le acusó de promover la unidad de los salinistas y luego perdió las elecciones en su estado; a Manuel Cavazos lo denunciaron de violador de jóvenes y niñas; y a Sócrates Rizzo se le acusó de desviar recursos de la Financiera del Norte (Fidenor) y de corrupción. También él perdió las elecciones municipales de su Estado.
Montemayor sabía que la denuncia de Rosendo podría ser su desgracia, por eso negoció con el panista, quien 15 días después de su acusación se “retractó” de la denuncia en contra de Montemayor, pues según Rosendo “No tenía pruebas de peso para demandarlo”, era claro que Montemayor y Rosendo habían negociado, por eso Rosendo no demandaría a Rogelio, y Montemayor no le exigiría que devolviera lo que se había robado.
Quince meses después, Miguel Arizpe entregaba el poder municipal a otro pariente de los López del Bosque, el panista Manuel López Villarreal.
Mientras tanto, “Chuma” Montemayor, hermano del gobernador, se encargaba de los negocios de la familia, y “Chuma” traficaba con todo. Para estas fechas ya se había llevado la maquinaria del Grupo Aztlán de Juan Chapa Garza o José Luis Garza Treviño, que según se decía tenía un valor de 500 millones de dólares.
Montemayor negoció con Rosendo Villarreal porque lo acusó de protector de narcos, pero con el alcalde de Torreón, Mariano López Mercado, fue rudo y vengativo. El circo organizado en contra de Mariano llegó cuando a principios de septiembre comenzó la revisión de las cuentas de Torreón por el Congreso estatal.
Una semana después se supo que a Mariano López Mercado, el Congreso local le habían encontrado tres millones de pesos sin comprobar. Germán Froto creó el escenario para la ejecución de Mariano, asociándose con el grupúsculo cacerolero de “Mujeres por Torreón”, y luego como pastor del Congreso del Estado, haciéndole una auditoría obedeciendo las instrucciones de la “pareja gubernamental” (Rogelio Montemayor y Lucrecia Solano).
Mariano no dio la pelea, no se animó a comprobar si Montemayor tenía los cojones para encarcelarlo, por eso renunció tiempo después.
El transportista lagunero disfrazado de Senador, Francisco Dávila Rodríguez, contaminó más el ambiente político al amenazar: “Yo voy a ser el próximo gobernador de Coahuila”. Francisco Dávila quería cobrar con la gubernatura, los millones de pesos que invirtió en la campaña política de Montemayor y Melchor de los Santos, pues para él no era suficiente la senaduría que le regalaron.
Las Doñas contra las Marías
En septiembre, en el mes de la Patria, se realizó en Beijing, China, la Conferencia Mundial de la Mujer, a la que asistieron tres damas en representación del gobierno de Coahuila: la Secretaría de Salud Lourdes Quintanilla, Ruth Olvera Dena Coordinadora de “Mujeres Por Coahuila” y otra señora más.
En la Conferencia en China, el protagonismo de Hillary Clinton la puso en la mira de la crítica internacional, pues Hillary criticó al gobierno chino de maltrato a sus mujeres, lo que originó un reclamo diplomático chino que hizo callar a la esposa del Presidente Clinton.
En este marco, las damas del DIF Coahuila, encargadas de la Asistencia Social, de la protección a menores, mujeres y ancianos, con la anuencia de Lucrecia Solano y la asesoría de la Subsecretaria de Asuntos Sociales del gobierno montemayorista, Aurora Gómez Rocha, acordaron retirar de las calles a las indígenas oaxaqueñas que pedían limosna y “afeaban” nuestra “hermosa” y “culta” ciudad.
La subsecretaria de Asuntos Sociales les dio la justificación, según ella “La libertad constitucional de tránsito -a que tienen derecho todos los mexicanos- tiene como límite, el no infringir algún reglamento administrativo. Y en el caso de las indígenas oaxaqueñas, la Ley de Seguridad Pública de Coahuila establece que los limosneros deben estar en la banqueta y no en la calle”. La racista e ignorante funcionaria montemayorista no sabía que ningún reglamento o ley está por encima de la Constitución Mexicana.
Sobre el tema escribí un artículo titulado “Las doñas contra las Marías”, en donde daba cuenta de la ilegalidad de las damas del DIF y de la Subsecretaria de Asuntos Sociales, quienes ordenaron una redada con apoyo de las autoridades y de los cuerpos policiacos de Coahuila. Detuvieron a 25 mujeres indígenas y a 45 de sus pequeños hijos, en una acción de inusual eficiencia.
Por su caridad cristiana, antes de enviarlas por la fuerza a su estado natal, las Doñas enviaron a las Marías y a sus hijos a un gimnasio-albergue de la Asociación Gilberto para que comieran.
Las Doñas fueron muy criticadas por su abusiva ilegalidad, ante esto Lucrecia Solano de Montemayor aseguró, el 26 de septiembre, que “No se violaron los derechos de las mujeres oaxaqueñas”, y se deslindó “El DIF no fue responsable del operativo. El DIF sólo colaboró en proporcionar la alimentación y el transporte”.
La esposa del gobernador también repartió culpas diciendo que el operativo para deportar a las indígenas había sido de la Secretaría de Gobierno, de la Subsecretaría de Asuntos Sociales, y de Secretaría de Seguridad Pública, y dijo que el operativo había sido para ayudar a las indígenas, pues según ella, eran obligadas por un explotador a pedir limosna en las calles de Saltillo acompañadas de sus pequeños hijos.
Estas declaraciones las dio Lucrecia Solano luego de ordenar deportar por la fuerza a las indígenas oaxaqueñas y a sus hijos, pero nadie le creyó a la protagónica señora que cogobernaba Coahuila, pues se sabía que la orden del operativo había salido de ella, pues en Coahuila nada se hacía sin el permiso de la influyente “Primera Dama de Coahuila”.
En ese tiempo, dos de mis amigos eran diputados federales: Jaime Martínez Veloz y Salvador Martínez de la Roca “El Pino”, ex miembro del Consejo Nacional de Huelga que dirigió el movimiento estudiantil de 1968.
Al conocer “El Pino” la expulsión de las indígenas oaxaqueñas, me pidió un escrito relatando esta arbitrariedad del gobierno coahuilense. Dijo que sacaría un acuerdo en la Cámara de Diputados, y le crearía un problema “al pinche neoliberal de Montemayor”. Otros legisladores querían entrarle al aquelarre, pero no les hice el juego.
En estas condiciones, Montemayor llegó a su Segundo Informe de Gobierno, donde no se tocaron los temas que le importaban a los coahuilenses: inseguridad y corrupción, tampoco se habló de los macronegocios planeados por su gobierno, como el de los terrenos donde ahora está el Parque Metropolitano…
(Continuará).
Fodeisa, el macronegocio de Montemayor…
