Samuel Cepeda Tovar.
Fue en la reforma política electoral de 1977 -mediante la creación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales- que se introduce en México la representación proporcional, o los llamados diputados y senadores “plurinominales”; parecía una reforma que legitimaba al poder legislativo, que abría espacios a la oposición y a las minorías para que, a pesar de la derrota, los votos alcanzados les permitieran colocar representación a los partidos pequeños en ambas Cámaras.
En lo personal pienso que la idea era buena, el problema es que la Representación Proporcional también beneficia a los ganadores y además, con el paso del tiempo, el sistema se ha pervertido de tal manera que hoy en día hablar de representación proporcional es hablar de personajes influyentes, de trampolines políticos que permiten que algunos de esos influyentes y privilegiados continúen en el servicio público sin tener que desgastarse en contienda electoral.
Las listas de plurinominales (RP) para ambas Cámaras se han convertido en extensiones de periodos para políticos que han terminado sus cargos como gobernadores, presidentes de partidos u otro cargo legislativo en la Cámara opuesta. Hay legisladores por representación proporcional que han hecho toda una vida dentro del bicameralismo y sus resultados han sido nulos, es decir, viven gracias a este sistema de proporcionalidad electoral; por ejemplo, Emilio González, del Partido Verde, en la legislatura que está por terminar tiene 40 faltas de 44 sesiones, y es legislador “pluri”.
Por si esto fuera poco, además de que se trata de una lista de élite, el costo al erario es bastante considerable, pues los 200 diputados (tan solo en la Cámara baja) nos cuestan 310 millones 919 mil 600 pesos brutos anuales, y si a esto le agregamos que en la actual legislatura el 96.5% de estos diputados tuvo por lo menos una falta en votaciones; pareciera entonces que su razón de ser no resulta tan pragmática para el sistema político mexicano, mucho menos necesaria; por ello, me parece que además de bienvenida, es urgente la propuesta del presidente, López Obrador de eliminar estas figuras que solo representan un costo al erario y se han convertido en sinónimo de clasismo e influyentismo político.
Además, el contexto de los años setenta en que regía solo el partido hegemónico (PRI) y era urgente que hubiese apertura en el legislativo ya no existe, ahora contamos con una pluralidad bastante sólida que en caso de que esta reforma se consolidara eliminando 200 diputados y 32 senadores; la totalidad de los partidos actuales que no han perdido su registro tendrían representación en el Congreso producto de sus victorias en algunos distritos. De hecho, morena seguiría con la mayoría simple como actualmente la tiene y seguiría con la necesidad de aliados para mayorías calificadas.
En síntesis, por cualquier arista que queramos analizar: nos ahorraríamos cientos de millones de pesos anuales, acabaríamos con los “influyentes” de la política, las curules serían meritocráticas y solo las ocuparía quienes las ganara en campo, la pluralidad y representación en el congreso sería similar a la actual; por lo tanto, la iniciativa es oportuna, necesaria y bienvenida.
