José Guadalupe Robledo Guerrero.
Comencemos por Coahuila. Después de la pasada elección del 6 de junio, en donde salió bien librado el gobierno de Miguel Ángel Riquelme que triunfó en Saltillo y Torreón, y ganó 5 de las 7 diputaciones federales, se comenzó a hablar de los posibles aspirantes priistas a la candidatura al gobierno de Coahuila, que habrá de definirse en el 2023.
Y aunque falta año y medio para que se destape al elegido, los calefactos comenzaron a ventanear sus aspiraciones. Por esa razón, se han enlistado los nombres de los alcaldes ganadores de Saltillo y Torreón y otros funcionarios más, junto a los que han sido señalados desde tiempo atrás.
Aunque para algunos, hablar de la sucesión gubernamental es adelantar el proceso y es faltarle al respeto al gobernador en funciones; para otros esto es necesario, debido a que por primera vez el PRI tiene enfrente a un adversario de peso: Morena, cuya votación estatal fue considerable, aun cuando la participación fue del 52 por ciento del padrón electoral.
Considerando los nuevos aspirantes, lo cierto es que hay dos que hasta hoy reúnen mayores menciones. Por un lado, el lagunero Presidente de la Gran Comisión y de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Eduardo Olmos Castro; y por el otro, el alcalde saltillense, Manolo Jiménez Salinas, quien está por terminar su periodo de gobierno municipal.
La mención de ambos aspirantes tiene su justificación. De Eduardo Olmos se dice que se la deben. De Manolo Jiménez se argumenta que es una de las mejores cartas que tiene el PRI, porque hizo un buen papel como presidente municipal, que enfrentó con éxito la pandemia de la mano del gobernador, y cuya juventud, trabajo y lealtad son su mejor presentación.
En Morena también hay aspirantes. Armando Guadiana, luego de las pasadas elecciones, insistió en que buscaría la gubernatura por su partido, aunque la mayoría de los futuristas no lo consideran, según dicen, por su edad.
El alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres Garza, fue anulado de la lista de los aspirantes gubernamentales, luego de que perdiera su reelección. Por eso, se menciona con insistencia al lagunero Javier Guerrero García, director de Vinculación con los estados y delegaciones del IMSS.
Para la sucesión presidencial, a dos años y medio del sexenio de López Obrador, el mismo presidente adelantó el proceso, mencionando a algunos de sus colaboradores más cercanos, pero quedando claro que su favorita es la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y dejando en segundo término al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, considerado su más eficiente colaborador, pero que salió perjudicado con el accidente de la línea 12 del Metro, que costó la vida a 26 usuarios.
Cabe mencionar, que el presidente López Obrador omitió entre los presidenciales a Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien a decir verdad tiene simpatizantes no sólo en Morena, sino en la oposición al lopezobradorismo.
Los aspirantes de uno y otro lado saben, que quienes llevan mano en la elección del candidato son: en el caso de Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme; y en la presidencial, el presidente López Obrador. Por esa razón, saben que lo mejor es mantenerse institucional, callados y sin hacer olas, pues en estos menesteres sigue imperando lo que alguna vez dijo don Fidel Velázquez “El que se mueve no sale en la foto”.
Política aldeana
Para el Primero de agosto, López Obrador ordenó otro de sus circos distractores, la consulta sobre el supuesto enjuiciamiento de los ex presidentes, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Cabe aclarar que en el galimatías (la pregunta) que diseñó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la consulta no se habla de ex presidentes, tampoco dice nada sobre enjuiciamiento, sino de “… emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años anteriores por los actores políticos…”.
Esta consulta lopezobradorista, tendrá un gasto inútil de 528 millones de pesos, pues el presidente López Obrador no tiene que consultar si enjuicia o no a los ex presidentes, ya que su obligación es perseguir los delitos cometidos. El mismo presidente aclaró que él no votará, porque su fuerte es el perdón.
Lo cierto, es que López Obrador no quiere responsabilizarse del resultado de la encuesta, pues si reúnen los 37 millones votos, AMLO dirá que fue el pueblo quien decidió enjuiciar a los ex presidentes; pero si no consigue los suficientes votos, López Obrador dirá que es responsabilidad del pueblo que no se enjuicie a los ex mandatarios. La verdad es que AMLO no enjuicia a los ex presidentes porque tuvo un acuerdo con Peña Nieto, tampoco persigue a los cárteles del crimen organizado porque hizo un pacto con ellos.
Pregunta aldeana
En Canadá estalló el enésimo escándalo de la iglesia católica. En sólo tres fosas se encontraron los restos mortales de más de mil niños indígenas que fueron arrebatados de sus padres, para meterlos en internados operados por sacerdotes y monjas católicos, donde fueron maltratados, torturados, abusados sexualmente y muertos; además de obligarlos a renunciar a sus costumbres, idioma y familia. Se dice que hay miles de casos más, pues falta de investigar en decenas de internados de este tipo, que funcionaron hasta finales del siglo pasado.
¿Por qué el “mundo libre” sigue creyendo en la iglesia católica, cuyos sacerdotes y monjas violan, secuestran y asesinan a sus hijos?
