Abigail Angélica Correa Cisneros.
Pese a la pandemia que atraviesa el mundo nuestro país se abre camino en el ámbito económico. De acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México muestra señales de recuperación desde hace 14 meses.
Tras la reapertura de algunas actividades durante la pandemia, desde junio del año pasado, los indicadores señalan que la tendencia de los ciclos económicos aumentó 0.3 puntos respecto a mayo y 6 unidades frente a junio del 2020.
Los indicadores que maneja la OCDE prueban que la economía podría crecer de manera sostenida por encima de su potencial a largo plazo. De acuerdo con los datos presentados para México, el indicador se ubicó en 100.8 puntos en junio de este año, luego de haber llegado a su menor nivel en abril de 2020, cuando alcanzó 86.2 unidades. Aun con ello, la medición para el país se ubica debajo de otras economías de América Latina como Brasil, Chile y Colombia, reportó la organización.
Esta alza se aprecia en varios países, según la organización, entre las principales economías que la componen, los indicadores adelantados compuestos se mantienen por encima de la tendencia de largo plazo y continúan expandiéndose a un ritmo constante en Estados Unidos, Japón y Canadá, así como en la zona euro en su conjunto, incluidos Alemania e Italia.
También la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elevó su estimación de crecimiento promedio para la región en 2021 a 5.2 por ciento, cifra que denota un rebote desde la profunda contracción de 6.8 por ciento anotada en 2020 como consecuencia de los efectos adversos producidos por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, advierten que los estragos por la pandemia seguirán afectando un posible crecimiento sostenido ya que los impactos sociales de la crisis y los problemas estructurales de la región se han agudizado.
Es decir, que en gran parte del territorio continuarán los problemas de pobreza, desigualdad, poca inversión y desigualdad. De acuerdo con el organismo de las Naciones Unidas, la solución está en mantener las políticas de transferencias de emergencia para fortalecer una reactivación que sea sostenible en el tiempo, más justa, igualitaria y amigable con el medio ambiente.
“Necesitamos políticas para una recuperación transformadora con énfasis en la inversión. Políticas industriales y tecnológicas para impulsar el crecimiento de sectores más intensivos en tecnología y generadores de empleos de calidad. Reestructurar los sistemas de salud y educación. Sostener las transferencias, universalizar un ingreso básico de emergencia, implementar bonos contra el hambre, asegurar el acceso a una canasta básica digital, fortalecer el apoyo a las mipymes. Impulsar políticas transversales y sectoriales para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo”, fue lo que dijo la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.
Lo que se vive desde hace dos años en el mundo afectó más a mujeres y personas mayores. La crisis derivada de la pandemia ha aumentado la desigualdad y la pobreza. De por sí, América Latina estaba estancada, sin enfrentar la crisis de largo plazo de la inversión, el empleo y la diversificación productiva sostenible.
En el último año, la tasa de pobreza extrema habría alcanzado el 12.5 por ciento y la de pobreza el 33.7 por ciento. Las transferencias de emergencia a los sectores más vulnerables permitieron atenuar el alza de la pobreza en la región en 2020 (pasó de 189 millones en 2019 a 209 millones pudiendo haber sido de 230 millones, y de 70 millones en 2019 a 78 millones pudiendo haber sido 98 millones en el caso de la pobreza extrema).
Estas transferencias beneficiaron a 326 millones de personas, el 49.4 por ciento de la población. Sin embargo, la desigualdad en la distribución del ingreso aumentó (2.9 por ciento del índice de Gini). En tanto, la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzó a 40.4 por ciento de la población en 2020, 6.5 puntos porcentuales más que en 2019. Esto significa que hubo 44 millones de personas más en inseguridad alimentaria moderada o grave en la región, y 21 millones pasaron a sufrir inseguridad alimentaria grave.
El informe indica que en el período enero-abril de 2021, 20 países anunciaron o extendieron transferencias de emergencia por 10 mil millones de dólares (0.26 por ciento del PIB de 2020). De mantenerse este nivel de gasto en los restantes ocho meses de 2021, el gasto en transferencias anual sería de solo 0.78 por ciento del PIB de 2020, es decir, la mitad del gasto de 2020: 1.55 por ciento del PIB. De esta forma la cobertura sería mucho menor y alcanzaría a 60 millones de hogares (231 millones de personas y 29 por ciento de la población, comparado con los 326 millones y 49.4 por ciento de la población alcanzada en 2020).
Desde el Centro
La Secretaría de Gobernación precisó que, desde diciembre de 2018 a la fecha, han sido asesinados 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos en el país, de los cuales siete profesionistas de la información y dos luchadores sociales estaban integrados al mecanismo de protección.
