En México, hablar de basura es hablar de desigualdad, de omisión política y de una desconexión cultural con el entorno. Cada día, el país genera más de 108 mil toneladas de residuos sólidos urbanos, pero solo una pequeña fracción se recicla o recibe un tratamiento adecuado. El resto termina en tiraderos a cielo abierto, en rellenos sanitarios deficientes o simplemente acumulado en las calles. Esta situación no es solo un problema ambiental: es un reflejo claro del modelo de desarrollo que hemos construido y de las prioridades reales del Estado mexicano.
Los datos oficiales muestran que más del 60% de los residuos que se recolectan en el país no reciben un manejo responsable. Aunque existen planes y programas como el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su implementación es fragmentada, sin continuidad y, muchas veces, sin impacto real. Municipios sin presupuesto, autoridades locales sin capacitación y una infraestructura obsoleta hacen imposible una gestión eficiente. A eso se suma la disparidad entre regiones: mientras algunos estados cuentan con plantas de tratamiento y políticas locales activas, otros carecen incluso de los servicios más básicos. La recolección misma es un reto, y lo que no se recoge simplemente se acumula.
El caso de los plásticos ilustra con claridad el problema. En 2024, la ONU advirtió que más de 430 millones de toneladas de plástico se producen anualmente en el mundo, y dos tercios de esa cantidad se desechan casi de inmediato. México vive su propia versión de esta crisis. A pesar de las leyes que prohíben plásticos de un solo uso en varias entidades, el cumplimiento es irregular y la presencia de alternativas sostenibles es limitada. La economía de “usar y tirar” sigue dominando, alimentada por prácticas empresariales que priorizan el volumen sobre la sostenibilidad, y por una cultura de consumo desinformada o simplemente rebasada por las condiciones de vida.
Pero no se puede culpar únicamente al ciudadano. La educación ambiental es escasa, las campañas son esporádicas y la infraestructura para la separación de residuos es prácticamente inexistente en muchas comunidades. La responsabilidad de gestionar adecuadamente los residuos debe ser compartida, pero no puede ser exigida en condiciones de desigualdad. Sin contenedores diferenciados, sin centros de acopio accesibles, sin incentivos para reciclar, es injusto esperar que la población actúe de manera distinta. La falta de políticas públicas eficaces se convierte así en un factor estructural que impide cualquier avance real.
Esta crisis silenciosa también habla de una forma de ejercer el poder. La basura, en México, no se distribuye de manera equitativa. Hay quienes pueden evitarla, quienes pueden pagar por no verla y quienes deben convivir con ella todos los días. Vemos rellenos sanitarios junto a comunidades marginadas, trabajadores informales que sobreviven del reciclaje sin derechos laborales ni protección, y zonas enteras que han sido sacrificadas en nombre del crecimiento urbano. La basura revela jerarquías: quién contamina, quién recoge, quién puede ignorar y quién no tiene opción.
El país ha firmado acuerdos internacionales, ha expresado compromisos en materia de economía circular, y ha anunciado metas ambiciosas de reducción de emisiones. Pero entre el discurso y la acción hay una brecha profunda. Si no hay coordinación entre niveles de gobierno, si no se articulan intereses públicos y privados, si no se invierte de forma sostenida, el cambio será meramente simbólico. Y mientras tanto, la basura seguirá acumulándose como un síntoma visible de un modelo que normaliza el desperdicio y la exclusión.
Repensar el manejo de los residuos implica más que reciclar. Implica revisar las formas en que producimos, consumimos y desechamos. Significa rediseñar nuestras políticas, nuestras ciudades y también nuestras narrativas culturales. Porque la basura no es solo lo que tiramos: es también lo que decidimos no ver. Y lo que no vemos, al final, termina definiendo quiénes somos.
