Investigación revela presunta red de huachicol fiscal ligada al CJNG entre México y Estados Unidos

0
40

Una investigación periodística de Reuters reveló nuevos indicios sobre una presunta red de contrabando de combustible que operaría entre Estados Unidos y México mediante esquemas de evasión fiscal, y que estaría relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de empresas fachada y operaciones aduanales irregulares.

De acuerdo con la publicación, autoridades mexicanas y estadounidenses investigan a la empresa texana Ikon Midstream, con sede en Houston, por su presunta participación en operaciones de traslado de diésel y nafta hacia territorio mexicano utilizando documentación alterada para evadir impuestos de importación.

La investigación señala que varios cargamentos marítimos enviados desde Estados Unidos y Canadá arribaron principalmente a los puertos de Ensenada y Guaymas, donde el combustible habría sido declarado falsamente como lubricante para reducir el pago de impuestos aduanales.

Documentos de seguridad consultados por Reuters identifican a Ikon Midstream como una de las compañías bajo investigación dentro de una estructura presuntamente vinculada con actividades de huachicol fiscal relacionadas con el CJNG.

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación basada en vigilancia, documentos y testimonios, aunque hasta el momento no ha emitido información oficial pública sobre el caso.

La investigación también menciona a empresas mexicanas como Intanza y Azteca Cone, señaladas como posibles receptoras de cargamentos de combustible enviados desde Estados Unidos. Reuters indicó que no logró localizar oficinas verificables ni presencia comercial clara de ambas compañías.

Uno de los embarques analizados corresponde al buque cisterna Torm Agnes, que trasladó aproximadamente 120 mil barriles de diésel hacia México. Parte de la carga fue descargada en Ensenada y posteriormente en Guaymas, donde el combustible habría sido retirado mediante camiones cisterna.

Según Reuters, las autoridades sospechan que se utilizaron códigos arancelarios incorrectos para clasificar el combustible como aceite lubricante tanto en documentación estadounidense como mexicana, maniobra que habría permitido evadir millones de dólares en impuestos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indicó que los códigos utilizados no corresponden a productos como diésel o nafta y advirtió que errores reiterados en las declaraciones aduaneras pueden derivar en sanciones e investigaciones penales.

En abril pasado, agentes del Departamento de Seguridad Nacional realizaron un cateo en oficinas de Ikon Midstream en Houston como parte de una investigación relacionada con posibles actividades ilícitas.

La empresa negó cualquier relación con organizaciones criminales y sostuvo que las inconsistencias detectadas en los registros aduanales fueron errores administrativos involuntarios.

Sin embargo, Reuters reportó que empresas mexicanas vinculadas comercialmente con la firma fueron suspendidas por el Servicio de Administración Tributaria del padrón de importadores debido a irregularidades fiscales o falta de localización oficial.

Especialistas consultados por la agencia señalaron que el huachicol fiscal se ha convertido en una importante fuente de ingresos para organizaciones criminales, mediante esquemas que combinan contrabando, evasión fiscal y utilización de empresas aparentemente legales.

La investigación también expone cómo las redes de tráfico utilizan documentación alterada, operadores logísticos y estructuras empresariales complejas para mover combustible entre ambos países sin generar alertas inmediatas.

Reuters recordó que el gobierno de Estados Unidos clasificó al CJNG como organización terrorista extranjera en 2025, lo que amplió las herramientas legales para perseguir posibles redes de financiamiento vinculadas con el grupo criminal.

Mientras continúan las investigaciones, autoridades mexicanas han reportado diversas detenciones relacionadas con contrabando de combustible, aunque hasta ahora no se han confirmado públicamente responsabilidades penales directas contra las empresas mencionadas.