José Guadalupe Robledo Guerrero.
A mediados de noviembre de 1995, cuando el Procurador Humberto Medina Ainslie compareció ante el Congreso del Estado, el Foro de Abogados de Saltillo rompió el abyecto silencio de los diputados locales para manifestar su inconformidad con la ineptitud e ilegalidad del Procurador, quien se suponía que era “El abogado de la sociedad”.
Incluso, ocho meses antes, durante la visita del presidente Ernesto Zedillo a Coahuila, el Foro de abogados le había entregado una carta, donde le informaron sobre los negocios del despacho jurídico del Procurador, el Fiat notarial que consiguió su hijo sin llenar los requisitos legales, el ocultamiento de información, y calificaron a la Procuraduría como la Cueva de Alí Baba. Pero Zedillo también hizo oídos sordos.
Para conocer más sobre el tema, entrevisté a Guillermo Pruneda Barrera, Presidente del Foro de Abogados de Saltillo, quien señaló: “De 44 agentes del Ministerio Público, sólo 18 cumplen con la ley”. “Violando la Constitución hicieron notario al hijo del Procurador”. “En Coahuila violan la ley los encargados de aplicarla”.
Rogelio Montemayor inventó “La Cruzada por la Seguridad”, supuestamente para responder a los reclamos ciudadanos. La reportera Minerva de León, realizó para El Periódico de Saltillo un reportaje sobre el tema titulado “La Cruzada por la seguridad o el negocio del año”. Sus conclusiones fueron: 1.- Sin contar la prensa escrita, se gastaron más de 25 millones de pesos en publicidad para la “Cruzada por la seguridad”. 2.- Este gasto representa el 50% del Impuesto Sobre Nóminas, o el 40% de lo destinado por Montemayor al desarrollo regional y productividad.
También el periodista Marcos Martínez Soriano contribuyó a desenmascarar a Humberto Medina Ainslie y a sus socios de la Procuraduría, y en su columna del 18 de diciembre de 1995, señala: “Un año se ha cumplido ya desde que el subprocurador Jesús Torres Charles, el supervisor de la Policía Ministerial en la región sureste, y no menos de doce subalternos se les comprobó el haber estado involucrados en el robo de bienes que la Procuraduría debería estar resguardando en bodegas bajo su vigilancia. Pese a haberse comprobado el robo, el ‘procurador’ jamás inició una investigación formal en su contra… entre los ladrones estaba incluido su propio secretario particular, Víctor Zamora Rodríguez”.
Al inicio del tercer año del sexenio montemayorista, el punto más negro del gobierno era el procurador Humberto Medina Ainslie y su pandilla. Para entonces habían saqueado las bodegas en donde resguardaban las mercancías robadas a los traileros y que habían sido recuperadas por la Procuraduría.
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El rector de la UAC, Alejandro Dávila Flores, iba de mal en peor. En la Facultad de Jurisprudencia, salió a la luz pública una denuncia contra el director José Eduardo Perales González, quien junto con Mauricio González Puente (secretario particular del gobernador) habían creado un redituable negocio en donde a cambio de unos miles de pesos, le conseguían lugar en la Facultad de Jurisprudencia a quienes no habían pasado el examen de admisión.
El Consejo Directivo de Jurisprudencia destituyó al director José Eduardo Perales González y convocó a elecciones.
A principios de 1996, Claudio Bres Garza dejó la Dirección de “Comunicación Social” para ocupar la Coordinación de Asuntos Municipales. Lo cambiaron de puesto para encaminarlo a la Alcaldía de Piedras Negras, “el gobernador tras el trono” Carlos Juaristi Septién se disponía a colocar a sus gentes en los principales municipios.
Para suplir a Claudio Bres, Montemayor echó mano de la delegada de Pesca en Coahuila, Alba Celina Soto, sonorense relacionada según ella con el expresidente Salinas de Gortari; debido a ello en su natal estado había sido diputada local, Presidente del Congreso estatal y dirigente del PRI.
Para cumplir su encomienda, “Hablasolina”, como le apodaron los periodistas, se encargó de delatar la corrupción que Claudio Bres tenía en “comunicación social”, y rompió los tratos económicos que su antecesor había hecho con los dueños de los medios y con los periodistas.
Pero bastaron dos semanas para que Alba Celina creara en torno suyo un ambiente de chismes e intrigas, pero a nadie sorprendió la actitud altanera y perdonavidas de “Hablasolina”, quien pidió la asesoría de Carlos Galván Tello, uno de los “aguiluchos” favoritos de Mendoza Berrueto que también había “asesorado” al exdirector de “comunicación social” Gerardo Hernández González.
Pese a que Alba Celina se esforzó en hacerle una imagen decente a su patrón, nunca pudo frenar los señalamientos que se le hacían a gobernador. Por ejemplo, desde la Secretaría de la Presidencia le ordenaron a Montemayor que la Comisión Estatal de Derechos Humanos señalara que la deportación de las mujeres indígenas y sus hijos, ordenada por Lucrecia Solano, constituía una violación a los derechos humanos de estas mexicanas.
Así lo hicieron, pero culparon del abuso a los empleados que obedecieron la orden. La exhibición de esta arbitrariedad, consiguió que Lucrecia Solano bajara su perfil y su excesivo protagonismo.
Otro caso fue cuando mi amigo Eduardo Valle Espinoza, “El Búho”, líder del movimiento de 1968, exasesor de Jorge Carpizo en la PGR y autor del libro “El segundo disparo, la narcodemocracia mexicana”, señaló que el Presidente Carlos Salinas había impuesto a Sócrates Rizzo, Manuel Cavazos y Rogelio Montemayor en las gubernaturas de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila respectivamente, para que protegieran al Cártel del Golfo…
(Continuará).
A la mitad del sexenio montemayorista…
