Samuel Cepeda Tovar
En noviembre de 2020, temprano, antes de las siete de la mañana me dirigía junto con un compañero de trabajo a realizar ejercicio cuando fuimos detenidos sin motivo alguno por la Policía Especializada de Coahuila (PEC), uno de los tres grupos de acción de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila (PEC, PAR y PCC), corporación que, cabe mencionar, tiene el mando de la seguridad pública en el municipio de Allende ante la falta de una policía municipal en funciones.
Los elementos se han caracterizado por su prepotencia, su falta de proximidad social, su abuso de autoridad y total desconocimiento y respeto a los derechos humanos de los ciudadanos a los cuales deben su función policiaca.
Después de que nos detuvieron sin señalar el motivo, comienzan la revisión de los papeles del vehículo y al preguntarle la causa de la detención, comienza la intimidación del agente de la PEC quien retiene mi tarjeta de circulación y dice que “está checando lo que tiene que checar el tiempo que sea necesario”; tiempo que se vuelven más de 40 minutos en los que sin motivo alguno fuimos privados de nuestra libertad de tránsito y evitamos otro tipo de agresión al transmitir en vivo lo sucedido en esos momentos.
En fin, el suceso no podía quedarse así, por lo que interpuse mi denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila buscando el apoyo contra la corporación para exigir la protección de mis derechos humanos, adjuntando una narración de los hechos con la evidencia del video publicado en mi cuenta de Facebook; sin embargo, tuvieron que pasar SIETE meses para que la CEDH emitiera su resolución final que consistió en desistir de la investigación de mi denuncia basando su conclusión en tres fundamentos: el primero de ellos porque la PEC no tenía reporte de lo sucedido ese día y por lo tanto yo estaba mintiendo. En segundo porque el enlace de mi red social que adjunté en la denuncia no estaba disponible porque al parecer había caducado y, en tercer lugar, porque según ellos intentaron comunicarse conmigo a mi teléfono celular de manera infructuosa y como no les contesté en las dos llamadas que al parecer me hicieron, se dieron por vencidos y optaron por dar por concluida la investigación.
Al respecto, todo lo sucedido nos arrojan algunas conclusiones: la primera es que hay una evidente COLUSIÓN entre el órgano garante de los derechos humanos en Coahuila y los brazos armados de la Secretaría de Seguridad Pública, pues los argumentos para desechar mi denuncia son absurdos, ya que desde luego la PEC no registra los abusos cometidos por sus elementos; solo un ingenuo o un estulto puede pensar que los elementos reportan a detalle las golpizas que propinan a jóvenes, las extorsiones que realizan cada madrugada a conductores incautos y el sinfín de felonías que cometen diariamente; por otro lado el contenido de mi video sigue intacto en mi red social contradiciendo por completo los argumentos de que el enlace a caducado y, finalmente, desistir porque nadie les contesta dos llamadas es no tomarse en serio su papel como defensor de los derechos humanos; la segunda, es que como ciudadanos estamos indefensos ante los abusos de la salvaje policía del Estado y, finalmente, resulta extraño que los medios de comunicación del estado tienen contenido casi nulo sobre abusos perpetrados por la PEC contra ciudadanos, como si hubiera una extraña línea horizontal que impone silencio ante estos acontecimientos que se cuentan por cientos, miles en el diario proceder de la extinta Fuerza Coahuila. Hay una evidente y preocupante colusión.
