José Guadalupe Robledo Guerrero.
En abril de 1996 publiqué un artículo titulado “Rogelio Ramos Oranday, un lobo con disfraz de oveja”, en cuyo texto insistía en que el secretario de Desarrollo Social montemayorista era el principal cómplice y operador del macronegocio de Fodeisa.
La intención montemayorista era vender los terrenos a precios multimillonarios, pero por la denuncia que sacó de la oscuridad al macronegocio y por la cercanía de las elecciones municipales, Montemayor y el secretario de Sedesol decidieron cambiar de estrategia, dándole cabida a un parque recreativo con el nombre de Metropolitano, el que hasta la fecha subsiste.
Después de este cambio, Darío Martínez, director del Instituto Estatal de la Vivienda (IEV) y al mismo tiempo, director de Fodeisa, rectificó lo que había dicho tiempo atrás, y dijo que el gobierno no había comprado los terrenos a 30 pesos metro cuadrado, sino a 25 pesos, pero nunca desmintió lo que se insistía: que se habían adquirido a 15 pesos el metro.
Luego que pusimos al descubierto el macronegocio de Fodeisa, para lavarse las manos, Ramos Oranday aseguró que los trafiques y negocios con terrenos urbanos que se hacían en el IEV no eran cosa suya, sino del hermano del gobernador, Jesús María “Chuma” Montemayor, que era el encargado de los negocios de la “familia real”.
Pero los terrenos adquiridos por Fodeisa no eran el único negocio diseñado y regenteado por Ramos Oranday desde la Secretaría de Desarrollo Social, había otros más. Por ejemplo, semanas atrás había salido a relucir otro caso similar: El fraccionamiento Mirasierra, en el cual el gobierno estatal se asoció con algunos ricos terratenientes urbanos que se dedican al lucrativo negocio de encarecer los terrenos urbanos para obtener exorbitantes ganancias. El fraccionamiento Mirasierra se financió con recursos que la federación canalizó a Coahuila para el desarrollo social y la vivienda.
Entre los ricos propietarios del fraccionamiento Mirasierra y socios de Montemayor, estaban Guillermo Elizondo López, Enrique Martínez y Martínez, los hermanos Javier y Óscar Cabello Siller, Víctor Mohamar, Eduardo García Guerra y otros “visionarios hombres de negocios” que se han dedicado a especular con la tierra urbana de Saltillo, y que hasta la fecha siguen invirtiendo su dinero en comprar terrenos a precios risibles para venderlos a como les da la gana.
Según dijeron los lacayos del gobernador Montemayor, éste se asoció con los acaparadores de la tierra urbana para mantenerlos callados, pues todos ellos eran cercanos a Enrique Martínez, principal adversario político de Rogelio Montemayor.
Montemayor logró desprestigiar ante la comunidad a estos voraces empresarios saltillenses, invitándolos a los negocios y quitándoles la autoridad moral para criticar sus malos manejos gubernamentales, finalmente los enriquistas y montemayoristas estaban haciendo redituables negocios juntos. Incluso, alentaron a las Cámaras Patronales para que exigieran que los impuestos sobre nómina se invirtieran en continuar el bulevar López Portillo, para que esa vialidad le diera mayor plusvalía a sus terrenos.
Años después, cuando Enrique Martínez fue gobernador construyó el serpenteante bulevar Luis Donaldo Colosio, que elevó la plusvalía de los terrenos colindantes que son de los mismos encarecedores. Es ocioso decir que esta caprichosa vialidad fue realizada con el dinero de los coahuilenses.
En el Fraccionamiento Mirasierra se invirtieron recursos federales, destinados a subsidiar parte del costo de los lotes o de las casas de interés social, y según se dijo, la introducción de los servicios públicos, fueron con cargo al erario coahuilense.
Esta desviación de recursos federales fue denunciada por Francisco Navarro Montenegro en una carta dirigida al Presidente Ernesto Zedillo, que le entregó al mandatario cuando visitó Coahuila el 26 de marzo de 1996.
En la misiva, Navarro pedía al Presidente que se investigara al respecto argumentando que: “La delegación estatal de Sedesol en Coahuila entregó a través del Instituto Estatal de la Vivienda el 95 % de los de los recursos del programa de lotes con servicios a un proyecto privado que se denomina Fraccionamiento Mirasierra; sin embargo, además de que esta decisión afecta a cientos de colonias pobres, los recursos fueron asignados en 1994 y es fecha que no se han aplicado en la urbanización de dicho fraccionamiento, deduciéndose la posibilidad de un evidente desvío de fondos a otros proyectos propiedad de grandes empresarios especuladores, beneficiados con la asignación de los recursos federales”. A pesar de la denuncia, el Presidente Zedillo nada hizo por investigar la desviación de recursos.
Algo que nadie dudaba era que Rogelio Ramos Oranday estaba metido hasta el cuello en estos ilegales negocios, por eso se rumoraba que con sus comisiones había adquirido un condominio en la Isla del Padre, Ramos Oranday y su esposa eran una de las familias felices del montemayorismo, pues ambos cobraban en el gobierno como burócratas de primer nivel
Un mes después de la publicación del artículo, recibí otro oficio del “Contralor” Juan Antonio Cedillo Ríos, en donde decía que en el artículo titulado: “Rogelio Ramos Oranday, un lobo con disfraz de oveja se hacen graves afirmaciones que implican a servidores públicos de alto nivel en la entidad, por lo que solicito que exhiba ante esta dependencia las pruebas fehacientes de los hechos imputados a efecto de verificar sus aseveraciones”.
Ante esta nueva estupidez intimidatoria, respondí a las inquietudes del “Contralor” a través de una carta abierta el 23 de mayo de 1996, dirigida al sedicente Contralor.
Le recordé que a finales de 1994, a propósito de la denuncia contra Omar Fernández de Lara, entonces Director de Obras Públicas del Estado, recibí un oficio semejante. Y en aquella ocasión acudió el agraviado, Luis Gutiérrez Treviño, y nada hizo al respecto.
Insistí que era fácil constatar que los terrenos que le compró Fodeisa a la familia De León fueron pagados con dinero del erario público al doble de su valor real. Insistí que esto lo sabía Darío Martínez Álvarez, Director del IEV y de Fodeisa, y principal involucrado en el asunto.
Respecto al fraccionamiento Mirasierra, lo puse al corriente: Lo que afirmaba mi artículo, ya lo había denunciado por escrito Francisco Navarro Montenegro al Presidente Zedillo, incluso lo hizo frente al gobernador.
En relación a Ramos Oranday le di un consejo: pregúntele por qué asegura que Darío Martínez responde a los intereses de Jesús María Montemayor Seguy, hermano del gobernador.
Le sugerí que se pusiera a trabajar, a investigar, para que pueda ver que el lodo le estaba llegando al cuello, y no se había dado cuenta. También le aconsejé que hiciera una encuesta entre los coahuilenses, para que supiera que están hasta la madre de la corrupción del gobierno de Rogelio Montemayor.
El “Contralor” Juan Antonio Cedillo Ríos leyó mi carta abierta y guardó silencio, porque sabía de estos negocios, y él simplemente era un dócil empleado y cómplice, a pesar de que se ostentaba como un Legionario de Cristo y un verdadero cristiano militante…
(Continuará).
“Chuma” Montemayor y los negocios de la familia…
